Una campaña sudafricana para crear un subsidio mínimo para los pobres (BIG son sus siglas en inglés) está prendiendo con fuerza en países vecinos, pese a ser considerado un lujo en Sudáfrica.
En Malawi, Mozambique, Zambia e incluso en Ghana echa raíces la campaña impulsada desde hace cuatro años por organizaciones no gubernamentales sudafricanas para otorgar a cada residente legal una asistencia equivalente a 15 dólares, sin límites de edad o ingresos, con el fin de abatir la pobreza y estimular la actividad económica.
Los activistas alegan que establecer un perfil de beneficiarios dejaría fuera a millones de pobres que hoy no tienen acceso a ninguna asistencia social.
A principios de este año, activistas namibios lanzaron una iniciativa similar en su país, después de un estudio realizado por la Universidad de Namibia, entre otras entidades, según el cual estas subvenciones podrían ser financiadas con un aumento de 6,5 por ciento el Impuesto al Valor Agregado.
Pumi Yeni, coordinador nacional de la Coalición Sudafricana para el BIG, sostuvo que hay contactos con activistas de los cuatro países para ayudarlos a establecer campañas nacionales.
La coalición abarca a 32 organizaciones no gubernamentales, iglesias y sindicatos, y aspira a una campaña regional por subvenciones que fortalezca los lazos entre las iniciativas nacionales.
"Si los gobiernos son demasiado pobres para hacer efectivo un subsidio, el movimiento por lo menos los obligará a implementar mejores políticas contra la pobreza a su propia escala", notó Yeni.
Sin embargo, si el movimiento no gana apoyo en otras partes del continente, los subsidios pueden ser difíciles de implementar en Sudáfrica.
El gobierno los considera un camino a la bancarrota del Estado. El ministro de Finanzas, Trevor Manuel, estimó que anualmente se necesitaría 12.000 millones de dólares para financiar la iniciativa, en este país de 44,8 millones de personas.
La Coalición BIG insiste en que el subsidio es viable y estima costaría unos 7.300 millones de dólares anuales.
Según el instituto nacional de estadísticas StatsSA, las autoridades ya destinan 6.800 millones de dólares al año en otros subsidios sociales.
La Fundación Libre Mercado, con sede en Johannesburgo, también cree que Sudáfrica es demasiado pobre para asumir los gastos de las subvenciones. "A la gente se le debe dar la capacidad de ganarse la vida por sí misma", dijo el director de ese centro de investigación, Eustace Davie, agregando que los subsidios podrían perjudicar el crecimiento económico.
Más que un subsidio, la fundación preferiría una flexibilización de las leyes laborales de Sudáfrica. Por ejemplo, alguien que permanezca sin empleo durante seis meses o más debería poder trabajar por menos del salario mínimo, sugirió Davie. Según StatsSA, el desempleo afecta a 41 por ciento de la población económicamente activa.
Debido a las disparidades de ingresos establecidas por el apartheid —el régimen de segregación racial institucionalizada en perjuicio de la mayoría negra, que se extendió hasta 1994—, para muchos es inaceptable una subvención generalizada, que beneficie a ricos y pobres.
Los miembros de la coalición reclaman, sin embargo, que el sistema impositivo sea reformado de modo que quienes tienen ingresos elevados paguen el subsidio a través de un impuesto de solidaridad, que a su vez podría ser usado para reducir los costos totales de las subvenciones.
El argumento de que los funcionarios ya gastaron una cantidad sustancial en otro tipo de planes también es cuestionado.
En 2002, el Departamento de Desarrollo Social difundió los resultados de una investigación, según la cual casi 12 millones de personas pobres estaban excluidas del sistema de seguridad social porque no encajaban en el perfil de ninguno de los planes existentes.
El mismo "Informe consolidado del comité de investigación sobre un sistema de seguridad social amplio para Sudáfrica" halló que casi la mitad de la población del país vivía en la pobreza.
El primero de los ocho Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio (adoptado por la comunidad internacional en 2000), establece la reducción a la mitad de la proporción de población indigente en todo el mundo, con plazo en 2015.
"Necesitamos un programa abarcador que cubra a todos y no sólo a ciertas partes de la sociedad", opinó Yeni, quien cree que un subsidio de ingreso básico es inclusive una obligación constitucional en Sudáfrica..
La Constitución reconoce el derecho a la seguridad social. "Los subsidios no son un privilegio, son un derecho", destacó Yeni. Según una investigación independiente encomendada por la Coalición BIG, un subsidio nacional ayudaría a sacar de la pobreza a 6,3 millones de personas.
Otro argumento contra los subsidios tiene que ver con el miedo a que conduzcan a una cultura de dependencia. La Coalición BIG afirma que la ayuda dará a muchos los medios para salir a buscar empleo, y no los estimulará a depender de las dádivas del Estado.
