El referéndum que en noviembre deberá consagrar la nueva Constitución de Kenia continúa inmerso en una discusión que parece eterna. Uno de sus aspectos más polémicos es la posibilidad de reducir las potestades del presidente.
"El país debe debatir y acordar qué porcentaje de votantes deben aprobar la nueva Constitución para que sea legítima", dijo a IPS el presidente del Consejo Ejecutivo de la Convención Nacional (CECN), Cyprian Nyamwamu, una coalición de organizaciones que apoyan la reforma constitucional.
"¿Qué pasará si sólo 20 por ciento de los habilitados de dos o tres provincias van a votar, mientras los demás boicotean el referéndum? ¿Ese 20 por ciento definirá la voluntad de los keniatas?", se preguntó.
Mientras no se establecen con claridad los mínimos requeridos para hacer válida la consulta, los preparativos se dan en medio de disputas por las facultades que el nuevo texto constitucional otorgará a la Presidencia e inclusive por el procedimiento mismo para arribar al proyecto que la ciudadanía debe refrendar.
Un borrador inicial del proyecto redujo los poderes del jefe de Estado, transfiriendo buena parte de su autoridad al primer ministro, un cargo antes inexistente en este oriental país africano de 32 millones de habitantes.
Sin embargo, la versión final del proyecto —aprobada el 21 de julio en el parlamento por 102 votos contra 16— mantiene la figura de un presidente poderoso.
Luego de esa aprobación, violentas protestas sacudieron Nairobi, la ciudad costera de Mombasa y Kisumu, en el oeste de Kenia.
El segundo proyecto había surgido de una reunión entre legisladores celebrada a principios de julio en la oriental ciudad costera de Kilifi. De ahí que se haya denominado "borrador de Kilifi".
El proyecto inicial, previsto para reemplazar la actual Constitución de 1963 —año en que Kenia se independizó de Gran Bretaña— se basó en las ideas de la Comisión para la Revisión de la Constitución.
Este organismo comenzó a trabajar en 2000 para reunir puntos de vista de los keniatas sobre la forma que debía tener una nueva Constitución, y para formular esas perspectivas en un proyecto de reforma constitucional.
Uno de los hallazgos clave de la Comisión fue que los ciudadanos querían reducir los poderes del Poder Ejecutivo, aparentemente como resultado del sufrimiento generado por dos ex gobernantes que dominaron la vida política de este país: Daniel arap Moi (1978-2002) y Jomo Kenyatta (1964-1978).
La Conferencia Constitucional Nacional (asamblea constituyente), con 629 delegados del gobierno y la sociedad civil, comenzó a debatir el borrador presentado por la Comisión en 2003 en un centro cultural llamado Bomas de Kenia ("bomas" significa granjas), en las afueras de Nairobi.
Los constituyentes aprobaron el "proyecto Bomas" a principios de 2004. Al principio, el parlamento estaba obligado a aceptar o rechazar este texto en su totalidad.
Pero el año pasado, los legisladores aprobaron la Ley de Consenso, que dio al Poder Legislativo el derecho a enmendar secciones del proyecto constitucional. La nueva facultad fue usada para diluir los esfuerzos de reducir los poderes presidenciales, habilitando a los legisladores a enmendar el borrador Bomas, y mantener un jefe de Estado poderoso.
El proyecto de Kilifi fue el que finalmente aprobó el parlamento y el que será sometido a referéndum.
La semana pasada, el presidente Mwai Kibaki declaró que lideraría personalmente la campaña por el "Sí". Ministros y legisladores del Partido Alianza Nacional de Kenia, leal al mandatario y parte de la gobernante Coalición Arcoiris Nacional (CAN), ya comenzaron a hacer campaña a favor de la nueva Constitución
Sin embargo, integrantes del gobierno aliados al Partido Democrático Liberal (PDL) dijeron que trabajarían por el "No". El PDL está liderado por el ministro de Carreteras y Obras Públicas, Raila Odinga, a quien Kibaki había prometido el puesto de primer ministro antes de las elecciones de diciembre de 2002, que llevaron a la CAN al poder.
Poco después del anuncio de Kibaki, el PDL aunó fuerzas con la opositora Unión Nacional Africana de Kenia, demandando una orden judicial para frenar el proyecto de Kilifi.
Grupos de la sociedad civil y activistas también han presentado varios recursos ante la justicia, denunciando la ilegalidad del proyecto votado por el parlamento. El miércoles, el procurador general Amos Wako dictaminó que las demandas fueran consideradas conjuntamente.
Las organizaciones civiles reclaman que la justicia se pronuncie antes del referéndum de noviembre. El CECN también ha iniciado una campaña para presionar a los tribunales a que se pronuncien.
"Queremos que la magistratura nos diga por qué los recursos no han sido atendidos hasta ahora. Así sabremos si la justicia es independiente o es utilizada por el Estado como herramienta política para asegurar que el presidente obtenga los resultados que desea", dijo Nyamwanu.
Se espera que la semana próxima la Comisión para la Revisión de la Constitución comience a realizar una campaña de instrucción cívica sobre el referéndum, luego deque Wako publique el texto definitivo de la reforma. (
