Los periodistas de Estados Unidos suelen afirmar que el recurso del secreto de Estado ha sido rara vez utilizado, pero esta herramienta legal, aplicada por el gobierno al menos 60 veces desde los años 50, es cada vez más frecuente en los tribunales.
El privilegio del secreto de Estado consiste en una serie de instrumentos que permiten desacreditar ante la justicia los reclamos de información que, según Washington, pueda amenazar la política exterior, la inteligencia militar o la seguridad nacional.
Se trata de una reliquia de la guerra fría que enfrentó a este país con la hoy disuelta Unión Soviética, pero ha sido invocada varias veces desde los ataques terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001.
Los jueces rechazaron los argumentos del gobierno sólo en cinco ocasiones.
El privilegio fue aplicado contra Sibel Edmonds, traductora de origen turco despedida del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) en represalia por informar sobre fallas de seguridad y posibles actos de espionaje dentro del organismo.
Tribunales de primera instancia desacreditaron el caso formulado por Edmonds cuando el ex fiscal general John Ashcroft invocó el secreto de Estado para excusarse de explicar en el estrado judicial la actitud del FBI.
La Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), que acudió a los tribunales en defensa de Edmons, considera que se requiere una clarificación de la doctrina sobre secretos de Estado.
El gobierno usa cada vez más ese privilegio para encubrir sus propios errores y para mantener casos (judiciales) legítimos fuera de los tribunales, advirtió la ACLU.
El primer caso en que se invocó el privilegio del secreto de Estado se registró en 1953. Viudas de aviadores reclamaban al gobierno detalles sobre la muerte de sus esposos en un accidente de aviación.
Las autoridades replicaron que revelar un informe al respecto pondría en peligro equipamiento militar secreto y, por lo tanto, la seguridad nacional.
Medio siglo después, en 2004, se supo que el informe militar del accidente no contenía, en realidad, secretos de Estado y que la causa fue el mal mantenimiento de la flotilla de aviones B-29.
El privilegio del secreto de Estado fue invocado en 2002, en la demanda del ex jefe de Inteligencia del Departamento (ministerio) de Energía Notra Trulock por difamación contra el experto en informática Wen Ho Lee.
Lee había sido absuelto en 2000 de la acusación de espiar para China desde su puesto del Laboratorio Nacional Los Alamos, en el estado de Nuevo México, luego de 278 días de confinamiento solitario. Trulock fue su principal acusador.
El presidente George W. Bush sostuvo que la seguridad nacional quedaría comprometida si se le permitía a Trulock continuar con su demanda contra Lee.
A pesar de que no se permitió la prosecución del proceso, Trulock inició otro contra el entonces director del FBI, Louis Freeh, por interferir con la justicia invocando de manera falsa el privilegio del secreto de Estado.
Lee había negociado con el gobierno la admisión del delito de manejo impropio de información clasificada, a cambio de ser sobreseído de todos los cargos de espionaje. El juez James A. Parker se disculpó en nombre del Estado por el abuso de poder sufrido por el técnico.
El gobierno invocó el secreto de Estado en una demanda del ciudadano canadiense Maher Arar contra Ashcroft. Arar asegura haber sufrido torturas para extraerle confesiones falsas en Siria, su país de origen, y que Ashcroft fue quien decidió su entrega a Damasco.
Procesar la demanda haría necesaria la revelación de información clasificada, indicó el vicefiscal general, James B. Comey, en su respuesta a la demanda.
Arar fue detenido en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en 2002, cuando regresaba a Canadá de una estancia en África septentrional. Las autoridades migratorias lo mantuvieron incomunicado y luego lo entregaron a Siria, donde estuvo un año preso antes de ser liberado sin cargos.
El caso de Arar es objeto de una apelación ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, y es también investigada por una comisión independiente canadiense con la que el gobierno de Bush se ha negado a cooperar.
La representante legal de Arar, Barbara Olshansky, del Centro para los Derechos Constitucionales, sostuvo que los abogados del gobierno dicen que este caso no puede ser juzgado y que la información clasificada sobre la que se basan sus argumentos no puede ser compartida con los abogados demandantes.
Es la cumbre de la arrogancia: ellos creen que pueden hacer lo que quieran en nombre de la guerra mundial contra el terrorismo, lamentó Olshansky.
Y este mes, un tribunal de apelaciones no dio lugar a una querella por discriminación racial contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA), también sobre la base de la invocación del secreto de Estado por parte del gobierno.
A Jeffrey Serling, oficial operativo de la CIA en la División de Medio Oriente y Asia Meridional de 1993-2001, se le dijo que era demasiado grande y negro para desempeñar ciertas funciones.
Serling afirmó que la agencia tomó represalias contra él por apelar al proceso interno de igual oportunidad en el empleo.
No hay forma de que Sterling demuestre discriminación contra él sin exponer al menos algunos detalles clasificados sobre las tareas encubiertas que dan contexto a su demanda, sostuvo el tribunal al rechazar el trámite.
Mientras, familiares de 600 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 reclaman la presencia de la traductora del FBI Sibel Edmons como testigo en un juicio por 100 billones de dólares contra funcionarios y ciudadanos de Arabia Saudita.
Pero Washington impidió su comparecencia mediante el recurso del secreto de Estado.
Edmons, contratada por el FBI poco después de los atentados por sus conocimientos de árabe, parsi y turco, fue despedida en 2002. La traductora demandó luego al organismo porque, según ella, se trató de una represalia.
Un informe público preparado por el inspector general del Departamento de Justicia estima que el principal factor en el despido fueron las denuncias internas elevadas por Edmonds, para quien el FBI contaba con gran cantidad de datos para prever los atentados e impedir así la muerte de 3.000 personas.
Otrora rara vez aplicado, el privilegio del secreto de Estado es cada vez más usado por el gobierno como un comodín para bloquear las demandas no deseadas, dijo a IPS Steven Aftergood, director del Proyecto sobre Secretismo Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses.
La noción de que los tribunales no pueden manejar casos de seguridad que involucren información clasificada es simplemente falsa, agregó. Ese tipo de datos figuran con frecuencia en casos penales que involucran espionaje, y hasta demandas en el marco de la Ley de Libertad de Información. (
