Cuando el Congreso legislativo de Estados Unidos vuelva a sesionar a principios de septiembre, el debate sobre varios asuntos destinados a encender pasiones en la izquierda y en la derecha profundizará la brecha ideológica de este país.
La agenda incluye la revisión de la Ley Patriota, el control migratorio y de fronteras, la investigación con células madre embrionarias, la consideración de un nuevo informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por su sigla en inglés) sobre sus errores previos al 11 de septiembre de 2001 y, por supuesto, la audiencia destinada a confirmar a John Roberts como nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Tanto los grupos de derecha como los de izquierda han cargado su artillería pesada para la comparecencia de Roberts. Este mes se estudiaron detenidamente unas 60.000 páginas de documentos provistos al Comité Judicial del Senado por el gobierno, y se buscaron pistas sobre los puntos de vista jurídicos, sociales y políticos del juez.
Áreas clave de preocupación son los derechos civiles, la discriminación positiva, la privacidad, la separación de la Iglesia y el Estado, el derecho de la mujer a optar por el aborto, derechos federales versus derechos de los estados y los poderes del presidente y el gobierno frente a los del Congreso.
Roberts fue postulado por el presidente George W. Bush en julio. El inicio de las audiencias ante el Comité Judicial del Senado está previsto para el 6 de septiembre. De ser confirmado, Roberts reemplazará a Sandra Day O'Connor, la primera mujer en sentarse en la Corte Suprema, quien anunció que se retiraría.
Organizaciones civiles favorables y contrarias al nombramiento de Roberts han reunido decenas de millones de dólares para dar a conocer sus puntos de vista ante el Senado y ante la gente.
Uno de ellos, la organización NARAL que defiende el derecho de las mujeres a practicarse un aborto, tropezó al inicio del proceso lanzando, y luego retirando, una serie de avisos de televisión que insinuaban que Roberts defendió activistas antiabortistas violentos y a un convicto por atacar clínicas de abortos en el pasado, acusación que adeptos a Roberts condenaron inmediatamente.
El NARAL teme que Roberts vote por revocar un dictamen del 22 de enero de 1973 que estableció el derecho de la mujer a optar por un aborto.
Una segunda gran controversia se instalará por la revisión de la Ley Patriota. Aprobada a las apuradas y casi sin debate cinco semanas después de los ataques contra Nueva York y Washington del 11 de septiembre de 2001, la norma amplió facultades para investigar y perseguir a sospechosos de terrorismo y de respaldar actividades terroristas. Varias de sus previsiones expirarán a fines de este año.
Las dos cámaras del Congreso aprobaron proyectos para renovar la vigencia de esas disposiciones transitorias. Es necesario entonces conciliar las considerables diferencias que existen entre los dos textos.
En general, la versión de la Cámara de Representantes no sólo renueva las disposiciones transitorias, sino que también amplía las facultades legales de las autoridades. La versión del Senado está más enfocada a reformar esas previsiones, muy criticadas por activistas de derechos humanos.
Por ejemplo, requiere declaraciones de hechos sobre la relevancia de efectuar registros personales en investigaciones de inteligencia en el exterior, otorga a los sospechosos derecho a apelar órdenes de registro y allanamiento, provee más vigilancia y control judicial para evitar abusos en los registros, y reduce los plazos para notificar allanamientos secretos.
La inmigración será otro de los grandes temas que enfrentará el Congreso. El Comité Judicial tendrá que lidiar con dos enfoques conflictivos.
El primero, presentado por los senadores republicanos de dos estados fronterizos con México, John Kyl, de Arizona, y John Cornyn, de Texas, requiere el regreso a sus países de origen de quienes trabajen ilegalmente en Estados Unidos, antes de permitirles participar en un nuevo programa temporal de "trabajadores invitados".
El plan también prevé muchos más recursos para el control de fronteras y del interior, y el cumplimiento de las normas laborales, enfatizando en el "regreso obligatorio" de unos 10 millones de trabajadores sin permisos.
La otra propuesta, presentada por los senadores Edward Kennedy, del opositor Partido Demócrata por Massachusetts, y John McCain, republicano de Arizona, consiste en un programa temporal para el ingreso de trabajadores extranjeros, incrementando las medidas para hacer cumplir las leyes.
Bush propuso un programa similar un año y medio atrás, pero despertó una fuerte oposición de legisladores republicanos que lo consideraron una "amnistía" a la inmigración ilegal y solicitaron la aplicación de medidas enérgicas.
Ambas partes reconocen que el sistema actual es disfuncional. La amplia disponibilidad de empleos en Estados Unidos y la numerosa población latinoamericana que necesita trabajar han sobrepasado los espacios legales y llevado a una violación rampante de las leyes, que el gobierno no tiene capacidad para aplicar.
El Congreso también deberá tratar las fallas en que incurrió la CIA antes del 11 de septiembre de 2001, mediante el análisis del informe del inspector general, recién finalizado, casi dos años después de la fecha límite que habían establecido los legisladores.
El informe todavía debe ser enviado a los Comités de Inteligencia de Diputados y del Senado, porque el director de la CIA, Porter J. Goss, aún está estudiando cómo responderá a sus contenidos, según fuentes legislativas y ejecutivas.
El director de la CIA deberá informar al Congreso sobre los pasos dados para asignar las responsabilidades por el pobre desempeño de inteligencia que no permitió prever los ataques en los que murieron más de 3.000 personas, y para recompensar las buenas actuaciones.
La temperatura también podría elevarse por el tratamiento de la asignación de fondos federales a la investigación con células madres de embriones humanos.
El líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, un republicano de Tennessee y cirujano cardíaco, anunció antes del receso que desobedecería a Bush en este punto y autorizaría el uso de dinero federal para financiar la investigación con embriones descartados por clínicas de fertilidad y hospitales.
Esta iniciativa es fuertemente atacada por sectores religiosos de derecha, y respaldada por la mayoría de médicos y científicos. Bush ha dicho que vetaría tal medida porque "destruiría la vida para crear vida".
Es probable que otro proyecto relativo a las libertades civiles, el llamado Streamlined Procedures Act (ley para hacer más eficientes los procedimientos), provoque controversia y atraiga la atención de los medios de comunicación.
La iniciativa limitaría el antiguo derecho al habeas hábeas, al prohibir a los tribunales federales que revean la mayoría de sentencias de muerte, reduciendo los plazos legales para efectuar apelaciones e imponiendo onerosos obstáculos para evitar que los jueces federales reconsideren asuntos clave.
El habeas corpus, que permite a los detenidos cuestionar la legalidad de sus arrestos, se ha vuelto el vehículo crucial para que condenados a muerte o a largas penas de penitenciaría soliciten la revisión de condenas impuestas por tribunales estaduales.
Muchas personas inocentes lograron su libertad gracias a que pudieron presentar una petición de habeas hábeas. (
