Los gobiernos que confían en «garantías diplomáticas» de que otros países no torturarán a prisioneros transferidos «sueñan despiertos o usan esas garantías para encubrir su complicidad», acusó la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
"Existen pruebas sustanciales de que, en el curso de la 'guerra contra el terrorismo', un creciente número de gobiernos enviaron o propusieron enviar sospechosos de terrorismo a países donde saben que corren riesgo de tortura o maltrato", afirmó el grupo, con sede en Nueva York, en un nuevo informe.
El informe, "Still at risk" (Aún en riesgo), advierte que en países con "una historia grave y persistente" de abuso de prisioneros, "las garantías diplomáticas no impiden ni pueden impedir la tortura". "Esta práctica debe detenerse", urgió Human Rights Watch.
Entre los países receptores de esos prisioneros se cuentan Egipto, Siria, Uzbekistán y Yemen, donde la tortura es un problema sistemático. También se propusieron transferencias a Argelia, Marruecos, Rusia, Túnez y Turquía, "donde miembros de grupos particulares (islamistas, chechenos, kurdos) suelen ser víctimas de las peores formas de abuso".
El informe de Human Rights Watch sigue a una propuesta del primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, de deportar a supuestos promotores del terrorismo, tras los atentados del 7 de julio en el sistema de transporte de Londres.
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"El uso de garantías diplomáticas contra la tortura es un fenómeno mundial, y los países remitentes, de América del Norte y Europa, llevan la delantera", dice el informe.
Beau Grosscup, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Estado de California y experto en terrorismo, afirmó que "las garantías diplomáticas fueron creadas por programas de 'contrainsurgencia' militares, policiales y de inteligencia, instituidos por las dos superpotencias de la guerra fría", Estados Unidos y Rusia.
Esos programas "siguen vigentes en muchos de esos países que entrenan a personal policial y militar en la tortura", dijo a IPS.
"El razonamiento detrás de los esfuerzos de 'transferencia' es: 'Ya que financiamos su entrenamiento en la tortura, hagamos que la inversión valga la pena'", observó Grosscup.
En una declaración separada, Human Rights Watch criticó el memorando de entendimiento firmado el día 10 entre Gran Bretaña y Jordania para el envío de sospechosos de aquel país a éste.
Londres "no puede deportar sospechosos a Jordania sin violar la prohibición internacional contra el envío de personas a países donde enfrenten grave riesgo de tortura", advirtió la organización.
El memorando, observó, "no reduce en nada ese riesgo ni modifica la obligación de no exponer a personas a la tortura".
Joe Stork, director adjunto de la división de Medio Oriente de Human Rights Watch, aseguró que "todavía hay tortura en Jordania, especialmente para los sospechosos de delitos contra la seguridad".
"Todos los motivos que impedían a Gran Bretaña deportar detenidos a Jordania antes del 10 de agosto siguen en pie", añadió.
Tanto Gran Bretaña como Jordania son partes de la Convención contra la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes.
Cada vez hay más indicios de que las personas devueltas a estados que torturan son, en efecto, torturadas, a pesar de las garantías diplomáticas.
Los casos más citados son los de Maher Arar, un ingeniero sirio-canadiense, y Mamdouh Habib, un egipcio con ciudadanía australiana.
Arar fue detenido en 2002 como sospechoso de terrorismo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, adonde llegó en tránsito hacia Canadá, y luego transferido a Siria. Tras su liberación, Arar denunció que fue sometido a brutales interrogatorios.
Además, acusó a las autoridades estadounidenses de haberlo enviado a Siria a sabiendas de que en ese país se practicaba la tortura.
En tanto Habib, otro sospechoso de terrorismo, acusó a Estados Unidos de haberlo torturado en su base militar de Guantánamo, Cuba, y afirmó que luego fue golpeado en prisión en Egipto, adonde fue transferido.
Con respecto a Gran Bretaña, el gobierno planea firmar con otros países de Medio Oriente, incluidos Egipto y Argelia, acuerdos similares al alcanzado con Jodania, afirmó Human Rights Watch.
"Jordania, Egipto y Argelia tienen una historia documentada de tortura", observó Stork.
"Aunque Europa afirma contar con el sistema más avanzado de protección de los derechos humanos, en la región existe una alarmante y creciente tendencia a procurar garantías diplomáticas contra la tortura y los malos tratos para realizar extradiciones, deportaciones y expulsiones", advirtió Human Rights Watch.
La misma tendencia, en crecimiento desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, existe en Estados Unidos.
La Subcomisión de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, "alarmada por las violaciones al principio de no transferencia, aprobó el 4 de agosto una resolución para tratar de detener esa tendencia", recordó Elisa Massimino, directora en Washington de la organización Human Rights First.
"La resolución fue aprobada por 19 votos contra uno. ¿De quién fue el único voto negativo? De Lee Casey, de Estados Unidos", dijo.
