Activistas del mundo árabe lanzaron una campaña para persuadir a sus gobiernos de aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), tribunal para casos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad con sede en La Haya.
Varios países árabes, como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Siria, Sudán y Yemen, firmaron en 1998 el Estatuto de Roma, que dio origen a la CPI, pero todavía no lo han ratificado.
Hasta ahora, el tratado ha sido ratificado solo por 99 de los 139 países que los suscribieron. La excepción más notoria es la de Estados Unidos.
Las naciones que aceptan la CPI reconocen la jurisdicción del tribunal a intervenir si sus propias instituciones no logran procesar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El tratado había sido firmado por Estados Unidos, bajo la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), pero su sucesor, George W. Bush, en una acción sin precedentes, retiró su firma arguyendo que el tribunal podría ser usado contra sus soldados con fines políticos.
Al mismo tiempo, Washington lanzó una ofensiva diplomática para que los países adherentes del Estatuto de Roma firmaran "acuerdos bilaterales de inmunidad", que apartarían de la jurisdicción de la CPI a ciudadanos estadounidenses o a extranjeros que trabajen para Estados Unidos.
El gobierno de Bush también logró que el Consejo de Seguridad de la ONU exceptuara de la CPI a los soldados y funcionarios de países no firmantes del Estatuto de Roma al servicio de misiones internacionales de mantenimiento de la paz creados por el foro mundial.
El tribunal con sede en La Haya ya inició procesos sobre crímenes cometidos en Uganda, República Democrática del Congo y Sudán.
La no gubernamental Coalición para la Corte Penal Internacional (CICC, por sus siglas en inglés), red de más de 2.000 organizaciones que apoyan la creación del tribunal, encabeza la campaña lanzada el 13 de este mes en Sana'a, capital de Yemen, para presionar a países árabes.
La CICC organizó en Sana'a una reunión de dos días con la participación del católico Foro de Hermanas Árabes para los Derechos Humanos y la Federación Internacional para los Derechos Humanos.
A la conferencia acudieron representantes de 12 países árabes, incluyendo abogados, líderes políticos y activistas.
Los participantes acordaron presionar a la Liga Árabe, a la Unión del Cuerno de África y al Consejo de Cooperación del Golfo para que los paíse que integran estas instituciones multilaterales ratifiquen el Estatuto de Roma.
También coincidieron en que estos esfuerzos deben ser persistentes y no esporádicos, y acordaron organizar talleres, cursos de capacitación para la prensa y campañas de toma de conciencia.
También decidieron realizar contactos directos con los gobiernos para promocionar la ratificación del tribunal, anunció el activista Anjali Kamat, de la CICC.
Kamat y William Pace, de la Federación Internacional para los Derechos Humanos, se reunieron con autoridades yemeníes, aunque todavía no han recibido una respuesta.
Algunos países árabes se resisten a ratificar el Estatuto de Roma arguyendo que "no está en armonía con su pueblo", dijo el abogado Mohammed Naji Alaw, de la Institución de Activistas de Derechos Humanos de Yemen.
Las desapariciones, la tortura y las detenciones arbitrarias son frecuentes en el mundo árabe, y la situación se agravó con la "campaña contra el terrorismo" liderada por Estados Unidos, afirmó.
Muchos delegados en el encuentro criticaron las leyes discriminatorias en varios países árabes, sobre todo en relación con los derechos de las mujeres, la libertad de expresión y el derecho a formar partidos políticos.
"Los sistemas judiciales en la región son corruptos, y la burocracia entorpece todo", señaló la presidenta del Foro de Hermanas Árabes, Amal al-Basha.
"Tenemos que hacer todo lo posible para que los países de Medio Oriente, del Norte de África y del Golfo sean lugares donde se pueda vivir en paz. Los países de estas regiones son los que más necesitan ratificar la CPI", añadió.
Varios delegados expresaron preocupación por la falta de interés de la población árabe en el respeto por los derechos humanos.
"Las personas están dispuestas a apoyar cualquier sociedad caritativa, pero no se dan cuenta de la importancia de las donaciones para las organizaciones que defienden los derechos humanos", dijo a IPS el activista Entisar Mohammed Ali.
Sin embargo, otros sostienen que el principal problema es la diferencia de posturas ante el CPI entre los propios activistas árabes.
La creación del tribunal en 1998 fue "un paso fundamental hacia la justicia, poniendo por escrito conceptos vitales como el respeto a los derechos humanos y la violación a la dignidad humana, y hallando mecanismos legales internacionales efectivos para garantizar el respeto a toda la humanidad", dijo Al-Basha.
"La Corte Penal Internacional es uno de los más importantes mecanismos. Esperemos que se logren estos objetivos", añadió.
Shawki al-Qadhi, del Comité de Derechos Humanos del parlamento yemení, criticó a los países árabes que firmaron el Estatuto de Roma pero que aún no lo han ratificado.
"En Yemen, el comité constitucional encargado de discutir la ratificación atribuye la demora a la difícil situación por la que atraviesa el país, pero la verdad es que ha perdido el tiempo y busca excusas", dijo Al-Qadhi a IPS.
