El Premio Chico Mendes es una herramienta poderosa para reclamar la libertad del galardonado de este año, el campesino ecologista mexicano Felipe Arreaga, preso y acusado de asesinato.
El premio tiene un peso intrínseco, pues lo entrega la más antigua organización ambiental de América luego de hacer una profunda evaluación del galardonado, dijo a IPS el abogado Mario Patrón, defensor de Arreaga y asesor legal de Tlachinollan – Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que trabaja con campesinos en el sudoccidental estado de Guerrero.
Patrón espera que el premio —que lleva el nombre del recolector de caucho, sindicalista y ambientalista brasileño asesinado en 1988—, sea considerado por jueces y fiscales como un argumento más a favor de Arreaga.
El premio anual fue entregado el martes a Arreaga en la cárcel por representantes del Sierra Club, una prestigiosa organización ecologista de Estados Unidos, fundada en 1892.
Arreaga es miembro de la no gubernamental Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP) de Guerrero, que desde 1988 se opone al corte de los bosques en las sierras de ese estado.
Detenido desde noviembre de 2004, está acusado de asesinar al hijo de uno de los promotores de la tala de bosques. Pero quienes lo defienden aseguran que las imputaciones son falsas.
Arreaga, quien apenas sabe leer, ha recibido en los últimos meses un fuerte respaldo de organizaciones ecologistas y humanitarias nacionales y extranjeras. Amnistía Internacional, con sede en Londres, lo declaró preso de conciencia.
El Sierra Club entregó el premio a Arreaga, a su esposa Celsa Valdovinos Ríos y a Albertano Peñaloza por su notable heroísmo ambiental, dijo un comunicado de la entidad.
El premio reconoce el coraje y liderazgo de los activistas que defienden los bosques mexicanos de la Sierra de Petatlán de la deforestación ilegal llevada a cabo por compañías madereras multinacionales, terratenientes poderosos y traficantes de drogas, dijo el Sierra Club.
En 2001, el mismo galardón fue otorgado a otros dos ambientalistas encarcelados, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, de la OCESP.
Ambos fueron liberados ese año por pedido del presidente Vicente Fox y luego de enormes presiones internacionales y denuncias sobre la falsedad de los cargos en su contra, porte ilegal de armas y narcotráfico.
Las acusaciones son utilizadas por las mafias taladoras de árboles, con la complicidad de autoridades civiles y militares, para detener la oposición de ecologistas a la destrucción de los bosques, dijo Patrón.
Según estudios de la estatal Comisión Nacional de Biodiversidad, entre 1992 y 2000 desapareció 40 por ciento de los bosques de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Los estudios compararon imágenes satelitales de 18 localidades de la zona.
Montiel y Cabrera denunciaron haber sido torturados por los militares que los arrestaron y obligados a firmar declaraciones incriminatorias. Ambos recibieron también el Premio Ambiental Goldman, establecido por organizaciones estadounidenses.
En Guerrero hay persecución de campesinos, violación de sus derechos e impunidad, indican grupos humanitarios. Desde el año pasado están pendientes órdenes de detención contra otros 13 miembros de la OCESP que no han podido materializarse en gran medida porque los perseguidos viven escondidos.
Los fiscales estaduales afirman que esos prófugos habrían participado del asesinato por el que está preso Arreaga.
En mayo, un niño de nueve años y su hermano de 20, hijos de un activista de la OCESP, fueron muertos en un ataque a balazos en medio de las montañas de Guerrero.
La zona, habitada por mestizos e indígenas nahuas, nasavis y me'phaas, es una de las más pobres de México. De sus 17 municipios, 11 son considerados de gran marginación, y uno de ellos, Metlatónoc, es el más pobre de este país de 104 millones de habitantes.
Según Tlachinollan, la militarización, el narcotráfico y los grupos armados son tres realidades inocultables en la vapuleada región de la Montaña, donde las mafias han destruido los bosques a su antojo.
En las sierras, el ejército se ha enseñoreado como la autoridad que asume el control policial y militar, se mete a las comunidades indígenas y a sus huertos, toma el agua de la comunidad, interroga, detiene e intimida con el argumento de que está combatiendo el narcotráfico, añade.
Son comunes los abusos de poder, la extorsión, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las incomunicaciones, la tortura, los tratos crueles y degradantes y las desapariciones forzadas, afirma la organización de derechos humanos.
Algunos esperaban cambios con la asunción en abril del nuevo gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, desplazando al Partido Revolucionario Institucional en el poder desde inicios del siglo XX en ese distrito.
Lastimosamente no vemos cambios, la política de violación a los derechos humanos y la impunidad continúan inmutables en Guerrero, dijo Patrón.
El abogado, entrevistado vía telefónica desde sus oficinas en las sierras, espera que la atención internacional por los casos de Montiel, Cabrera y Arreaga impulse a las autoridades a modificar la situación.
Si los jueces que procesan a su cliente actúan con independencia, el campesino debería ser declarado inocente el próximo mes, dijo Patrón.
