Quemar bosques, prolongar los incendios o no tomar medidas para evitarlos es una fuente de ingresos en España que beneficia a quienes tienen contratos para apagarlos, denuncian organizaciones ambientalistas.
Esa economía consiste en "generar incendios para asegurarse los contratos de extinción del año siguiente o prolongar los actuales, lo cual es una práctica vieja y largamente documentada", explica el ecologista. Los incendios suelen extenderse cuando están siendo apagados, sin que los técnicos demuestren que es imposible limitar su extensión, apuntan expertos.
Al respecto, Francisco Cabezos, el encargado en la materia en la Comisión Confederal de Comisiones Obreras, una de las dos centrales sindicales mayoritarias de España, recuerda que en Castilla y León, por ejemplo, las empresas contratadas para apagar fuegos cobran por metro cuadrado apagado.
Es decir que, cuanto más extensa sea la zona de bosques incendiada y apagada, más altos son sus honorarios, aclaró.
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La Guardia Civil, policía militarizada, informó de que desde enero han detenido a 277 personas acusadas de causar incendios forestales.
Uno de ellos, apresado a mediados de este mes en la meridional comunidad autónoma de Andalucía, es un guardabosque encargado de prevenir los fuegos. La Guardia Civil informó que se lo acusa de provocar un incendio, pero no sobre los motivos que lo habrían llevado a hacerlo.
A principios de julio fueron detenidos cuatro miembros de un retén antiincendios en Galicia, al noroeste de España, acusados también de haber iniciado focos ígneos de modo intencional en esa región.
Eso es información que preocupa aunque no se hayan verificado casos como el que sucedió en 1994, cuando hubo personas que identificaron a una avioneta, la "Icona 73", arrojando botellas incendiarias sobre bosques ubicados en Castilla-La Mancha, región ubicada en el centro de la península Ibérica.
En lo que va del año, la superficie forestal quemada aumentó 30 por ciento respecto del mismo período de 2004, con pérdidas que superan los 100 millones de euros (130 millones de dólares) según cálculos del Colegio de Ingenieros de Montes, aunque sumando las consecuencias directas e indirectas esa cifra se cuadruplicará, como ocurrió el año pasado.
Un informe elaborado por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales y publicado a mediados de este mes por el Centro Conjunto de Investigación de la Comisión Europea (el órgano ejecutivo de la Unión Europea), indica que 9,3 por ciento del territorio español fue arrasado por las llamas desde 1980.
El mismo documento señala que en este mismo lapso se quemaron 12 millones de hectáreas en los cinco países mediterráneos de la UE (España, Portugal, Francia, Italia y Grecia), de los cuales 4,7 millones ardieron en España y 2,7 millones en Portugal.
Estos dos países suman más de la mitad del total y este año están sufriendo incendios más grandes todavía, que en el caso de Portugal llevó a su gobierno a solicitar ayuda internacional para apagarlos.
En lo que va del actual verano boreal, los incendios han destruido en España unas 100.000 hectáreas de bosques, en Portugal 140.000, y en Francia unas 15.000, según datos de comienzos de mes. Pero los siniestros siguen.
Sumando las hectáreas quemadas en Francia, Italia y Grecia no alcanzan a igualar las de la península Ibérica, hecho que elimina el factor climático como motivo de los incendios, ya que los cinco países tienen climas similares.
Una de las causas que provocan incendios es la creciente emigración del campo a la ciudad, lo que hace que queden zonas desprotegidas. La caída de las explotaciones ovejeras, por ejemplo, hace que en los montes las hierbas que antes comían estos animales y cabras se sequen y sean así fácil pasto de las llamas y a su vez encendedoras de los árboles bajo los que crecen.
Pero ante ello hay dos hechos que preocupan más a los ecologistas y en cierto grado a las autoridades: los incendios intencionados y la debilidad de las medidas preventivas adoptadas por los organismos públicos.
Solamente en Galicia se produjeron más de 180 incendios forestales intencionales en el fin de semana del 20 y 21 de este mes, según la portavoz del gobierno regional, Teresa Varela,
La funcionaria indicó además que, una vez apagados, varios de esos incendios volvieron a registrarse otros cerca de los mismos. El mismo sábado 20 fue encarcelado un bombero en la gallega población de Xinzo de Limia, según Varela.
Sobre la débil prevención oficial, uno de los fundadores del Comité de Defensa del Monte Gallego, Xosé Santos, puntualiza que casi todo el dinero aportado por la Unión Europea para defender los bosques es utilizado para apagar incendios, en vez de prevenir, entre otras cosas, contratando el corte de malezas.
Humberto da Cruz, director del Instituto de Estudios y Cooperación para la Cuenca del Mediterráneo y ex director general del Instituto de Conservación de la Naturaleza, de España, reflexionó sobre esa imprevisión en un artículo publicado en el diario local El País.
Tras señalar varios casos y recoger la promesa gubernamental de adoptar medidas preventivas, el jerarca terminó diciendo que ojalá se cumpla para no tener que esperar otra catástrofe, como la que ocasionó 11 muertos en julio en Guadalajara, para que se reiteren las promesas hechas por todos los gobiernos precedentes.
Porque, subrayó Da Cruz, más que atender caso a caso, hay que concentrar los esfuerzos en diseñar y poner en práctica una sólida estrategia preventiva, puntualizó.
