El director de la Corporación Nacional Forestal de Chile, Carlos Weber, quedó en la mira de ambientalistas, que lo acusan de presionar a favor de firmas taladoras de alerce, obstruir la fiscalización y entorpecer la acción judicial contra traficantes de esta valiosa madera.
La Corte de Apelaciones de Valdivia (835 kilómetros al sur de la capital) confirmó a fines de julio los procesamientos bajo cargos de asociación ilícita a ocho personas que forman parte de una llamada "mafia del alerce", ordenados por el juez especial Hernán Crisosto. Entre ellos está Nelson Schwerter, el alcalde de la localidad de Fresia, en la provincia de Llanquihue.
Crisosto, quien mantiene bajo proceso a 26 implicados en la extracción ilegal y tráfico de maderas, tomó la causa en mayo de 2004, cuando se conoció el contrabando de alerce que implica a las empresas Forestal Sarao y Baron Chile Limitada, esta última de propiedad del empresario estadounidense Frank Pemberthy.
A comienzos de este mes, la organización ambientalista internacional Greenpeace abrió otra válvula al denunciar la tala ilegal en el Parque Nacional Alerce Andino, un área protegida de la provincia de Llanquihue, donde las cortas de árboles fueron realizadas por Forestal Río Puelo, una misteriosa empresa cuyo predio colinda con el parque.
La revelación, fruto de una investigación con registros fotográficos y mapas geográficos referenciales que abarcó más de seis meses, despertó la preocupación en el Consejo de Defensa del Estado, que se reunió el 18 de este mes con dirigentes de Greenpeace.
En cambio, los directivos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) "han optado por el silencio, bajar el perfil y colocar paños mojados a la denuncia", dijo a IPS Rodrigo Herrera, ingeniero forestal y coordinador nacional de la Campaña Bosques de Greenpeace.
Herrera sostuvo que Forestal Río Puelo "se escuda en planes de manejo de madera muerta", autorizados por esa repartición gubernamental.
El alerce (Fitzroya cupressoides) es una de las especies forestales más caras del mundo. Puede alcanzar hasta 4.000 años de edad y se encuentra solo en bosques nativos de la región de Los Lagos en Chile, entre 800 y 1.200 kilómetros al sur de Santiago, y en la Patagonia argentina, a ambos lados de la cordillera de Los Andes.
La Convención de Protección de Especies en Peligro de Extinción (Cites, por sus siglas en inglés) acordó en 1976 prohibir la explotación de este árbol, considerado un verdadero "oro verde", ya que su madera se llega a cotizar hasta en 500 dólares por pulgada (2,54 centímetros) en Estados Unidos, Japón y Europa.
Los traficantes compran el alerce a solo tres dólares la pulgada a campesinos pobres que lo extraen ilegalmente o que trabajan para empresas forestales que explotan supuestos árboles "muertos", aprovechando disposiciones permisivas vigentes en Chile Y que son cuestionadas por ecologistas y por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.
La dureza e impermeabilidad de la madera de alerce, debida a su lento crecimiento, permite aprovecharla aún de bosques incendiados y estimula métodos para "matar" los árboles, extrayéndoles la sabia o "ahogándolos" con anillos de alambre en sus troncos, explicó a IPS el ingeniero forestal Mauricio González.
Organizaciones ambientalistas insistieron el viernes 26 en la renuncia de Weber y exigieron que "debe responder por la escandalosa tala de alerce", luego de las denuncias hechas en una carta pública dos días antes por Carlos Poblete, a quien el director de Conaf removió de su cargo de jefe de Fiscalización de esa entidad gubernamental en la provincia de Llanquihue.
El diputado socialista Fidel Espinoza, presidente de una comisión parlamentaria investigadora creada tras las denuncias de mayo de 2004, sostuvo que "la destrucción a la que ha sido sometido el alerce es el mayor desastre ambiental del país".
"En la cordillera de la Costa (en la región de Los Lagos) fueron eliminadas 2.600 especies de más de 2.000 años, a vista y paciencia de Conaf", agregó Espinoza.
Bajo la avalancha de críticas y emplazamientos, Weber y el director regional de Conaf, Pedro Bahamondes, dispusieron el día 22 la remoción de sus cargos de Poblete y de otros dos funcionarios de fiscalización.
En su carta pública, Poblete sostuvo que existe "una sistemática e incomprensible desarticulación de las capacidades fiscalizadoras de Conaf, proceso que fue evidente desde el año 2000 en adelante", cuando se instaló el gobierno de Ricardo Lagos.
Poblete advirtió esta situación a Weber en una nota interna en mayo de 2001, año en que comenzó "una verdadera tragedia griega para la fiscalización forestal en la región de Los Lagos, región que posee más de 1,5 millones de hectáreas de bosque nativo bajo presión de explotación y menos de una veintena de fiscalizadores forestales".
El ingeniero forestal, que tiene una maestría en su especialidad obtenida en España, agregó que a los escasos fiscalizadores se les redujeron los viáticos para inspecciones en terreno y comenzaron a ser asignados en otras funciones, mientras que prácticamente desaparecieron las inspecciones aéreas de bosques.
"Las cortas ilegales de alerce durante los cuatro primeros años del actual gobierno se quintuplicaron en comparación con lo ocurrido durante toda la década 1990-1999", aseveró Poblete en su carta pública.
El ex jefe de fiscalización de Llanquihue agregó que Weber y Bahamondes lo despidieron para usarlo como "chivo expiatorio" y acallar así las críticas contra Conaf, porque "nunca he resultado un subordinado muy cómodo" para las autoridades de esa entidad.
Según Poblete, él se obstinó en llevar adelante fiscalizaciones ante denuncia de tala ilegal de alerce pese a órdenes de no hacerlo, no acató instrucciones de no firmar denuncias de cortas ilegales ante los tribunales y, contra "las instrucciones institucionales", compareció ante la jueza Rosa Muñoz, inicialmente a cargo del caso que hoy lleva Crisosto.
También se opuso "terminantemente" a las "presiones institucionales" para que firmara un recurso de protección contra la jueza Muñoz para evitar que citara a otros fiscalizadores y, por último, declaró ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, con una visión "independiente y crítica del discurso oficial de Conaf".
Weber ha mantenido silencio ante las aseveraciones de Poblete, quien fue respaldado por la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, en tanto Greenpeace calificó de "parche" su despido.
Flavia Liberona, coordinadora de la no gubernamental Red Bosque Nativo, comentó a IPS que los despidos en Conaf no constituyen una solución para las talas ilegales de alerce, ya que "las responsabilidades son políticas, no administrativas".
La Ley del Bosque Nativo, que ya completa 13 años de tramitación parlamentaria, debe eliminar los actuales marcos regulatorios que permiten explotar y comercializar especies declaradas monumentos naturales, como el alerce, la araucaria, el belloto y el raulí, entre otras, apuntó Liberona.
La activista dijo que es fundamental que el gobierno de Lagos "dé señales claras y de una vez por todas se decida a generar una política de protección del alerce", derogando las disposiciones que autorizan a explotar árboles "muertos".
"En el plano político, Carlos Weber y Pedro Bahamondes deben asumir su responsabilidad ante el país por los escandalosos hechos que vinculan la comercialización de alerce con funcionarios de Conaf", concluyó Liberona. (
