Para Adhe Tapontsang, los 27 años que pasó en una cárcel de China por ayudar a la resistencia de Tibet en la década de 1950 pueden resumirse en una palabra: infierno.
Tengo suerte de estar viva, dijo a IPS. En el centro de detención de Gothang Gyalgo había 300 prisioneras tibetanas. Sólo cuatro sobrevivimos, agregó.
Adhe Tapontsang o Amah Adhe (madre Adhe), como se la conoce afectuosamente en Dharamsala, habló sobre el hambre que ella y las otras prisioneras pasaban en la cárcel.
Muchas decidimos cortar nuestros zapatos de cuero y comerlos; tanta era el hambre que teníamos. Los guardias nos daban unas gachas de aspecto repugnante, pero no alcanzaba, contó.
Siempre creí que llegaría el día en que podría dejar la prisión y reunirme con mis hijos, pero a veces sentía que no había muchas posibilidades, porque todas alrededor de mí morían, recordó.
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Tapongtsang fue liberada en 1985, y en 1987 huyó a India, dejando atrás a su familia. Actualmente vive en Dharamsala, sede del gobierno tibetano en el exilio, al pie de los montes del Himalaya.
Me entristece vivir con mi pueblo en una comunidad de refugiados. Pero sólo en el exilio soy libre de hablar de mis alegrías y tristezas. Hasta que mi tierra sea libre, viviré en el exilio, expresó.
En 1951, unos 40.000 soldados chinos invadieron Kham, en el este del Tibet, y rápidamente avanzaron hacia la capital Lhasa, según un plan militar concebido por el difunto líder comunista Deng Xiaoping.
Más de 1,2 millones de tibetanos murieron en la invasión china, y cerca de 6.000 monasterios fueron destruidos por el Ejército de Liberación del Pueblo. Otros miles quedaron rodeados y fueron encarcelados.
Según la Campaña Internacional para el Tibet, con sede en Washington, la detención, el encarcelamiento y la tortura de tibetanos sigue siendo parte de la estrategia de Beijing para reprimir la insurgencia en Tibet, de mayoría budista.
Distribuir panfletos, gritar consignas revolucionarias o estimular a cantarlas, izar o poseer la bandera tibetana y participar en manifestaciones pueden ser causa de arresto, agregó el grupo.
El último informe annual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos va más allá y sostiene que las autoridades chinas cometen ejecuciones extrajudiciales, torturas, arrestos arbitrarios y detenciones sin juicio público, y encarcelan a tibetanos por largos períodos por expresar pacíficamente sus opiniones políticas o religiosas.
El informe agrega que la represión política y social amenaza el patrimonio cultural, religioso y lingüístico del Tibet.
Ngawang Sangdrol, una joven monja tibetana que pasó más de 10 años en prisión, observó que actualmente Beijing utiliza una nueva estrategia para reprimir al pueblo tibetano.
Según Sangdrol, Beijing está invirtiendo miles de millones en Tibet que sólo benefician a los chinos y que llevan consigo una ola de inmigración de chinos de la etnia han y la consiguiente aculturación tibetana.
China quiere erradicar la raza tibetana, afirmó Sandrol, que fue encarcelada por primera vez a los 13 años por gritar Independencia para el Tibet y Larga vida al Dalai Lama, el líder espiritual del Tibet, durante una protesta en Lhasa.
Los posteriores desafíos a las autoridades le valieron una extensión de su pena de prisión a 23 años, aunque hace tres años se la conmutaron repentinamente en vísperas de una visita del presidente chino Jiang Zemin a su par George W. Bush en Estados Unidos.
Pero Jiang y otros seis funcionarios chinos, incluido el ex primer ministro Li Peng, fueron demandados el mes pasado ante un tribunal español por crímenes contra la humanidad y genocidio en Tibet.
El demandante es el Comité de Apoyo al Tibet, una asociación cultural española apoyada por 31 expertos legales, organizaciones no gubernamentales tibetanas, individuos y grupos de derechos humanos. Los demandantes iniciaron un proceso que podría abrir las puertas de la justicia para miles de víctimas tibetanas de violaciones a los derechos humanos.
Jueces españoles han asumido un papel protagonista en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos, basados en la doctrina de la justicia universal.
El pasado abril, un tribunal español condenó al ex capitán de navío argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por crímenes contra la humanidad durante la última dictadura militar en su país (1976-1983).
Antes de asignar un juez al caso, la Audiencia Nacional española debe concluir que el sistema legal chino no reconoce los crímenes alegados ni es capaz de ofrecer un juicio justo. El juez eventualmente designado podría solicitar a China el arresto de los inculpados e incluso embargar sus propiedades.
Este es un triunfo no sólo para el pueblo tibetano sino para todos aquellos que defienden un Tibet libre, celebró Tapontsang.
