Mientras la retórica oficial proclama la importancia de la sociedad civil en la comunidad internacional, grupos no gubernamentales y observadores independientes ven con escepticismo el proceso de reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La sociedad civil se va a movilizar en los días previos a la Asamblea General de la ONU de septiembre en torno a la democratización de las Naciones Unidas y a la discusión sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dijo a IPS el arquitecto chileno Miguel Santibáñez.
Nos interesa que esos sean los temas de la reforma de la ONU y que no sean los de la seguridad en la lucha contra el terrorismo los que acaparen la Asamblea, explicó Santibáñez, presidente de la Corporación Juventudes para el Desarrollo y la Producción, una organización no gubernamental (ONG).
La ONU comenzó en los años 90, tras la disolución de la Unión Soviética, un debate sobre la reforma de la organización, y el secretario general del foro mundial, Kofi Annan, designó un comité de expertos que elaboró propuestas al respecto para la Asamblea General que reunirá desde septiembre a los 191 estados miembros en la sede de Nueva York.
La reforma corre sin embargo el riesgo de quedar estancada por las discrepancias a propósito de la sugerida ampliación del Consejo de Seguridad, integrado en la actualidad por cinco miembros permanentes, que son China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, y 10 países rotativos.
La propuesta es ampliar el Consejo a 25 integrantes y mantener el derecho a veto de las cinco potencias, creando otras seis representaciones permanentes sin derecho a veto, que serían asignadas a Alemania, Brasil, India y Japón y a dos estados africanos a elección.
Los intereses que se contraponen en torno a esta propuesta le auguran poca viabilidad y tenderían a mantener a la ONU como un organismo inoperante en temas de seguridad, en lugar de fortalecerla en cuestiones clave, como la protección de los derechos humanos y los desafíos del desarrollo.
Por ello, las ONG estiman más prioritario que la Asamblea General se avoque a un análisis de lo que hasta hoy es un franco incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, asumidos en 2000 con metas, entre otras, de reducir la pobreza extrema y el hambre en el mundo en 2015 a la mitad de los indicadores registrados en 1990.
Santibáñez, quien ha estado participando en el seguimiento de la reforma de la ONU en representación de las ONG chilena, señaló que en el ordenamiento internacional hay actores globales que tienen una cierta independencia y son profundamente antidemocráticos, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Hay un esfuerzo que hacer en cuanto a democratizar estas instituciones financieras y un aspecto interesante podría ser articular esto al sistema de las Naciones Unidas, para que de esta manera la organización avance hacia una lógica de decisiones más democráticas y vinculantes para los países, señaló el dirigente.
Hoy día el mayor problema de la ONU es su irrelevancia política, por el hecho de que su agenda se vuelve blanda, ya que los países pueden cumplirla o no y no pasa nada. Hay otros núcleos duros de decisiones políticas que tienen que ver con la seguridad global y temas comerciales que no pasan por las Naciones Unidas, explicó Santibáñez.
Del mismo modo, como lo demostró el genocidio en la occidental zona sudanesa de Darfur y lo indican otras crisis humanitarias en los últimos años, la organización debe dotarse de una capacidad efectiva de protección de los derechos humanos, añadió el activista.
La Comisión de Derechos Humanos (de la ONU), de Ginebra, refleja una situación muy politizada y de muchas presiones que ejercen los países más fuertes sobre los más débiles y que son expresión de las correlaciones de fuerza globales. Eso le resta legitimidad (y por eso) requiere de otras fórmulas de resolución, postuló Santibáñez.
Agustín Toro Dávila, mayor retirado del Ejército y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, señaló a IPS que los derechos humanos deben estar contemplados explícitamente en la Carta de la ONU y que todos los países se comprometan a respetarlos.
Los derechos humanos se vulneran por muchas circunstancias. ¿Pero van a cumplir los países poderosos una sanción que se les imponga por no respetarlos? ¿Qué ha pasado con los derechos humanos de los prisioneros que tiene Estados Unidos en (su enclave cubano de) Guantánamo, por ejemplo?, preguntó el ex militar, experto en crisis y conflictos internacionales.
Pedro Oyarce, director de Políticas Internacionales de la cancillería chilena, señaló a IPS que su gobierno apoya la idea de elevar el tratamiento de esta materia (los asuntos humanitarios) y respalda la constitución (en la ONU) de un Consejo de Derechos Humanos, preferentemente como órgano principal, permanente y dotado de un mandato eficaz.
Fomentamos la profundización de los regímenes democráticos de gobierno, que son los que mejor garantizan la promoción y protección de los derechos humanos, agregó Oyarce. Un aspecto central de la reforma de la ONU, indicó, es movilizar a los estados para que colectivamente sean capaces de enfrentar las amenazas a la paz y seguridad internacionales.
Juan Francisco Coloane, analista internacional, comentó a IPS que la ONU es un organismo que tiene una estructura jerárquica interna autoritaria, muy poco democrática, lo cual le quita base a la credibilidad que puede tener con respecto a la protección de los derechos humanos.
Coloane coincidió con Toro Dávila en incorporar los derechos humanos con categoría de mandato en la Carta de la ONU y que, al mismo tiempo, el órgano del foro para protegerlos tenga mucho más peso político, que no sea sólo fiscalizador, sino un organismo supranacional con un fuerte contenido legal.
Para este analista, el aspecto medular en el debate sobre la reforma, que abarca también los derechos humanos, es la implantación de una nueva carta del derecho internacional, lo cual no está siendo implementado. La globalización se aplica sólo en términos comerciales, pero a nivel del derecho internacional se practica muy poco, sentenció.
La sociedad civil debería tener una participación mayor en el proceso de reforma de la ONU, pero eso debe darse a través de políticas de estado constantes, más allá de los liderazgos transitorios en los gobiernos, lo cual no se ha hecho, concluyó Coloane.
La sociedad civil es un actor nacional e internacional que asume cada vez más relevancia. No es posible ordenar un mundo global sin su concurso. Se requiere profundizar el trabajo de (la Organización de) las Naciones Unidas con la ciudadanía organizada a nivel de los diversos órganos del sistema, afirmó Oyarce.
Debemos ser capaces de interesar a los ciudadanos y ciudadanas en asuntos internacionales. Esta tarea comienza a nivel interno y la participación de ellos es determinante en cualquier estrategia de prevención de crisis y conflictos, subrayó el alto funcionario del gobierno chileno.