Los reclamos de buen gobierno y combate a la corrupción pueden eclipsar los pedidos de más ayuda para África cuando el Grupo de los Ocho (G-8) se reúna esta semana en Escocia para su cumbre anual, advirtieron académicos y activistas africanos.
Por lo tanto, exhortaron a los países industrializados que integran el G-8 (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Japón y Rusia) a no mirar al continente más pobre del mundo sólo a través del cristal de la corrupción y el mal gobierno.
En África existe voluntad política para combatir la corrupción. Hay algunos países, como Sudáfrica, que están atacando la corrupción al más alto nivel, destacó Prince Mashele, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad, con sede en Pretoria.
Mashele citó en entrevista con IPS la destitución en junio del vicepresidente sudafricano Jacob Zuma, acusado de recibir sobornos de su ex asesor financiero, Schabir Shaik, para promover los intereses comerciales de éste.
Charles Mutasa, director ejecutivo interino del Foro Africano y de la Red sobre Deuda y Desarrollo, de Zimbabwe, resaltó como esfuerzo contra la corrupción el Mecanismo Africano de Revisión por Pares establecido en el marco de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD, por sus siglas en inglés).
NEPAD procura atraer al continente más de 60.000 millones de dólares a cambio de gobernanza.
Hasta ahora, sólo Ruanda y Ghana han pasado por el Mecanismo de Revisión por Pares, por el cual cualquier país integrante de NEPAD puede someterse en forma voluntaria al examen de los otros miembros sobre diversos asuntos, desde administración hasta respeto por los derechos humanos.
En el informe sobre Ruanda, se afirma que ese país no ha hecho lo suficiente para defender los derechos humanos y combatir la corrupción. Ese informe no tuvo censura, y esto es un hecho alentador en África, destacó Mashele.
Pese a estos avances, Mutasa reconoció que es muy difícil combatir la corrupción en el continente, por diferentes razones. Combatir la corrupción requiere recursos financieros, humanos e intelectuales, además de voluntad política, señaló.
El ex jefe de la lucha contra la corrupción en Kenia, John Githongo, es uno de los que ha pagado el precio de exhibir tal voluntad política.
Githongo renunció a su cargo en febrero, por considerar que sus esfuerzos por combatir la corrupción eran bloqueados por elementos de un gobierno que, paradójicamente, fue elegido sobre la base de una plataforma anticorrupción en 2002.
Mientras, el actual gobierno de Nigeria intenta recuperar todo el dinero robado por el difunto dictador Sani Abacha entre 1993 y 1997.
La organización humanitaria ActionAid International sostiene que 1.300 millones de dólares del dinero robado por la familia Abacha están en más de 20 bancos de Londres.
Los activistas se quejan de que gobiernos occidentales, tan enérgicos en sus denuncias de corrupción en África, son menos vigorosos en sus esfuerzos para asegurar manos limpias de empresas e individuos de sus propios países y ofrecen paraísos fiscales a gobernantes corruptos.
La corrupción no se limita a África. Es un problema mundial, señaló a IPS Sanusha Naidu, investigadora del Consejo de Investigaciones sobre Ciencias Humanas, de Pretoria.
En un documento titulado Corporate Accountability (Responsabilidad empresarial), ActionAid International señaló que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 32 empresas establecidas en países del G-8 estuvieron involucradas en la extracción de recursos naturales de la República Democrática de Congo.
Esa actividad contraviene las pautas emitidas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, integrada por 30 países industrializados.
La explotación ilícita de los recursos congoleños alentó una guerra civil de cinco años que ya se cobró casi cuatro millones de vidas a través de combates, enfermedades y hambre.
Por un lado, el G-8 pide gobernanza a los países africanos para que el dinero de la ayuda y el alivio de la deuda externa beneficien a los más pobres, pero por otro lado, se autoeximen de su deber de exigir buena conducta a las propias empresas que consideran un vehículo esencial para promover el desarrollo en África, señaló ActionAid.
En definitiva, dijo Mashele, el G-8 debe cuidarse de juzgar a África con demasiada dureza.
Estamos saliendo de una terrible cultura de dictaduras. Durante las dictaduras militares en el continente, no se podía decir una palabra contra la corrupción. Ahora, la sociedad civil ha creado un espacio para hablar de ese tema, y estamos avanzando mucho, considerando el punto de partida, expresó.
