Doce personas excluidas de las Fuerzas Armadas estadounidenses por su orientación sexual demandaron al gobierno, con la intención declarada de socavar la política que se aplica desde 1992 para dar de baja a gays y lesbianas.
Los demandantes, seis varones y seis mujeres, fueron desvinculados de las Fuerzas Armadas una vez que sus superiores se enteraron de su orientación homosexual, y piden que se les reincorpore.
Esas decisiones se adoptaron en el marco de la política No preguntar, no decir, no perseguir, no acosar, establecida al comienzo del gobierno del presidente Bill Clinton (1993-2001) y a cuyo amparo se ha separado de las Fuerzas Armadas a casi 10.000 personas.
Clinton había prometido en su campaña electoral eliminar las restricciones al ingreso de gays y lesbianas en las Fuerzas Armadas, pero su iniciativa en la materia desembocó en normas que prohibieron a las autoridades militares indagar sobre la orientación sexual de sus subordinados, pero también dispusieron que se diera de baja a quienes se identificaran públicamente como homosexuales o bisexuales.
Los abogados del gobierno en este caso, llamado Cook contra Rumsfeld (por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld), pidieron al juez de distrito George A. O'Toole Junior, de la nororiental ciudad de Boston, que rechazara la demanda, con el argumento de que los tribunales no deben especular acerca de las intenciones de una decisión del Congreso.
No se puede litigar sobre cuestiones que fueron razonablemente revisadas por el Poder Legislativo, alegó el abogado gubernamental Mark Quinlivan, quien sostuvo además que excluir a quienes declaran su homosexualidad ayuda a mantener la cohesión entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, al reducir tensiones sexuales y promover la privacidad personal.
Pero Stuart Delery, representante legal de los demandantes, replicó que la política No preguntar, no decir, se apoya en prejuicios y viola los derechos a la libertad de expresión, a la privacidad y a la igualdad ante la ley, sin que se haya demostrado que produzca cohesión en las unidades militares.
O'Toole no ha indicado cuándo se propone decidir si acepta el pedido del Poder Ejecutivo
De ocho demandas previas contra la política establecida durante el gobierno de Clinton, fracasaron seis y aún no hay fallos en las otras dos, que incluyen la llamada Republicanos de Log Cabin contra (el presidente George W.) Bush, presentada en la sudoccidental ciudad de Los Ángeles en otoño (boreal).
Los demandantes en Cook contra Rumsfeld son los primeros que han invocado como antecedente una decisión de la Corte Suprema en 2003 acerca del caso Lawrence contra Texas, que dejó sin efecto una sentencia basada en leyes de ese estado sureño contra la sodomía.
Ese fallo de la Corte Suprema cambió el escenario, arguyó C. Dixon Osburn, director ejecutivo de la Red de Defensa Legal para Miembros de las Fuerzas Armadas (SLDN, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental contra la discriminación relacionada con la política No preguntar, no decir, que presentó la demanda en Boston.
Se calcula que entre los integrantes activos de las Fuerzas Armadas hay 65.000 personas homosexuales, en un total de 1,4 millones, y que gays y lesbianas en retiro suman un millón, afirmó.
Según Osburn, excluir a las personas homosexuales es incluso inconveniente en relación con las necesidades puramente militares de las Fuerzas Armadas, que no están alcanzando sus metas de reclutamiento.
La SLDN está dispuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema, que nunca ha considerado un caso contra la política No preguntar, no decir.
Megan Dresch, de 22 años, fue la única de las personas demandantes que estuvo presente en la primera audiencia del caso en Boston. Ella se incorporó al ejército en 2001 y fue dada de baja un año después, después de decir a un oficial superior que era lesbiana.
Según la agencia de noticias Associated Press, Dresch dijo que cuando servía en la Compañía 230 de Policía Militar del ejército, desplegada en Alemania, pidió a su sargento que le permitiera hablar con un capellán porque se sentía estresada, y que cuando el sargento le preguntó cuál era su problema, otro integrante de la compañía intervino para decir que el problema consistía en que Dresch era homosexual.
Cuando el sargento preguntó a Dresch si eso era cierto, ella lo admitió.
Nunca fui buena mintiendo, así que dije la verdad. Vi venir que iban a darme de baja por eso y me sentí frustrada, porque me encantaba ser militar, aseguró la mujer a Associated Press.
El ejército era mi vida en ese momento, sostuvo Dresch, que estudia mecánica de automóviles en la sudoccidental ciudad de Phoenix, y alegó que preferiría estar ahora en Iraq con la Compañía de la que fue excluida.
Volvería al ejército sin dudar. Este es mi país, y quiero servirlo. Quiero volver y luchar por las libertades en las que creo, aseveró.
Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la política No preguntar, no decir, es una violación inconstitucional del derecho a la libre expresión de los integrantes de las Fuerzas Armadas y una negación de la cláusula constitucional que establece igualdad de protección legal para todos los ciudadanos.
No hay base racional para esa política, dijo a IPS la abogada Rose Saxe, integrante de la ACLU que trabaja en el proyecto de esa organización para defender los derechos de lesbianas y gays.
Paralelamente, aumenta el interés en el libro Servicio secreto: Historias no contadas de lesbianas militares, que compila testimonios de integrantes de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Su autora es Zsa Zsa Gershick, lesbiana que fue reservista de 1978 a 1983.
No preguntar, no decir es inviable y se basa en prejuicios, afirmó la investigadora en un programa de C-Span, la red estadounidense de servicio público por televisión financiada por las compañías de televisión por cable.
En un hospital de campaña en Iraq, a los soldados estadounidenses heridos no les importa en absoluto la orientación sexual de las personas que salvan sus vidas, señaló.
No hay evidencia de que la presencia de personas homosexuales en las Fuerzas Armadas tenga algún efecto negativo en la cohesión o el estado de ánimo de las unidades, y el único resultado de la política iniciada por Clinton es obligar a las personas a vivir en la mentira, opinó Gershick.
Entre las 10.000 personas homosexuales dadas de baja hay traductores, lingüistas y otras altamente especializadas, que recibieron entrenamiento muy costoso y a las que las Fuerzas Armadas necesitan desesperadamente en la actualidad, adujo.
¿De dónde van a salir sus reemplazantes?, preguntó la investigadora.
