La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) reclamó al príncipe Abdullah, heredero de la corona saudita, la liberación de tres opositores, y al presidente nigeriano Olusegun Obasanjo que ponga fin a la tortura policial.
A pesar de los avances de la reforma democrática en Nigeria, la policía comete rutinariamente actos de tortura que persisten desde el pasado régimen militar, dijo el director ejecutivo de la División África de HRW, Peter Takirambudde.
Estados Unidos y Gran Bretaña han invertido millones en iniciativas de reforma policial en Nigeria, pero las prácticas policiales han cambiado poco desde el fin del régimen, agregó.
Las relaciones diplomáticas han tenido predominio sobre los derechos humanos durante demasiado tiempo. Es hora de que los gobiernos británico y estadounidense condicionen la futura asistencia policial a la constatación de mejoras evaluables en la conducta de la policía, según el activista.
El informe de HRW sobre el asunto se titula Rest in Pieces: Police Torture and Deaths in Custody in Nigeria, un juego de palabras entre las frases en inglés rest in peace (descansa en paz) y rest in pieces (descansa en pedazos).
En toda Nigeria, policías de alto y bajo rango cometen u ordenan rutinariamente la tortura y maltrato de sospechosos, indica el documento de 76 páginas.
El estudio se basa en más de 50 entrevistas con víctimas y testigos de tortura y es el primero completo al respecto. Docenas de los casos de maltrato reseñados terminaron con la muerte.
Si el presidente Obasanjo quiere demostrar al mundo que habla en serio cuando defiende la justicia, debería asegurarse de que los policías torturadores sean responsabilizados por sus crímenes, indica el informe.
La mayoría de las víctimas mencionadas en el estudio fueron detenidas en una campaña gubernamental contra la delincuencia, y fueron torturados en procura de confesiones, frecuentemente en salas de interrogatorio equipadas con ese propósito.
Entre los mecanismos de tortura documentados por HRW figuran atar a las víctimas con los pies y las manos detrás del cuerpo, la suspensión del techo por manos o piernas, graves golpizas con objetos de metal o madera, el uso de gases lacrimógenos directamente en los ojos, disparos en piernas o pies, violación de detenidas y la agresión con tenazas o choques eléctricos en el pene, según el informe.
Los testimonios recogidos por HRW dan cuenta de docenas de muertes como consecuencia de heridas y de ejecución sumaria de detenidos en custodia.
La mayoría de las víctimas de tortura entrevistadas eran sospechosos de delitos comunes que carecieron del derecho a un debido proceso.
Por lo general, no se les informaba sobre las razones del arresto, carecieron de representación legal y fueron sometidos a una extensa detención sin juicio. Una vez que se los conducía a un tribunal, jueces y fiscales aceptaban las confesiones arrancadas mediante tortura.
La tortura policial en Nigeria es socialmente aceptada porque ha sido habitual durante mucho tiempo. Una cultura de impunidad ha protegido a los perpetradores. Cuando las víctimas y otros intentaron llamarlos a responsabilidad, se enfrentaron con hostigamiento, intimidación y obstrucción policial, advierten los autores del estudio.
La situación empeora ante la inexistencia de un mecanismo independiente de investigación de esos abusos.
Mientras, en Arabia Saudita, un tribunal de apelaciones en Riyad dejó sin efecto las penas de prisión de entre seis y nueve años asignadas a tres activistas políticos que pusieron a circular una petición por la instauración de una monarquía constitucional.
Los tres presos figuran entre 12 arrestados en marzo de 2004 por esa petición. En las siguientes semanas, fuerzas de seguridad sauditas presionaron a los detenidos para firmar un compromiso de poner fin a toda petición política futura a cambio de su libertad, aseguró HRW.
El gobierno liberó a nueve detenidos que firmaron el compromiso, pero mantuvieron su acusación contra Alí al-Dumaini, Matruk al-Falih y Abdullah al-Hamid porque se negaron, agregó la organización.
HRW aseguró que Riyad acusó a los hombres sin base legal y les negaron los derechos básicos al debido proceso. El tribunal se rehusó a acceder al pedido deun juicio público, y las audiencias se celebraron a puertas cerradas.
También les negaron acceso a un abogado de su elección, y arrestaron en noviembre de 2004 al principal defensor, Abd al-Rahman al-Lahim, después de que se refirió al caso en una entrevista para la televisión. El abogado permanece detenido, aunque no fue acusado ante la justicia.
La única posibilidad legal para que los presos sean liberados es que el príncipe Abdullah los indulte.
Los jueces sauditas parecen incapaces o sin disposición a proteger a los ciudadanos de la detención arbitraria que sufren cuando intentan ejercer derechos básicos como el de libertad de expresión, dijo Sarah Leah Whitson, directora de HRW para Medio Oriente y África septentrional.
Por el contrario, los jueces han apoyado la implacable represión gubernamental a toda crítica política pacífica, sostuvo Whitson.
La sentencia condenatoria contra Al-Dumaini, Al-Falih y Al-Hamid no especifica qué leyes fueron violadas por los acusados. Se limita a indicar que formularon críticas a personas a las que el régimen islámico asigna autoridad.
Ninguna de esas acusaciones refleja una ofensa prevista en el derecho saudita, que se basa sobre la ley islámica (shariah).
