Un proyecto para sustituir el sistema socialista vigente en Cuba por un régimen democrático de economía de mercado fue lanzado este jueves por el opositor Comité Pro Cambio (CPC), organización cercana a la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, que encabeza la economista Martha Beatriz Roque.
Esto responde a las aspiraciones del pueblo y a un cambio político radical, no se trata de enmiendas o parches al sistema, dijo a periodistas de la prensa extranjera Ángel Polanco, presidente del CPC, quien especificó que la vía para lograr ese objetivo será la lucha pacífica.
Usaremos todas las formas de la lucha cívica no violenta, incluida la desobediencia civil, añadió Polanco, quien también mencionó las presiones externas.
Aceptamos todo tipo de embargo económico (contra La Habana), sea multilateral o individual, remató en conferencia de prensa.
La iniciativa, que se añade a proyectos de cambio impulsados hasta ahora sin éxito por otras agrupaciones opositoras, es auspiciada por 48 organizaciones, cinco de las cuales tienen sede en Estados Unidos y Puerto Rico.
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Polanco explicó que el cambio se lograría mediante un programa de lucha no violenta y el establecimiento de un sistema democrático, moderno, representativo, pluripartidista y de economía de mercado, que se base sobre el Estado de derecho y la independencia de poderes.
El primer paso es la constitución de una gran alianza opositora, partidaria del restablecimiento de la Constitución de 1940, considerada una de las más avanzadas y equilibradas del mundo, opinó.
Según los documentos entregados a la prensa, el proceso incluye la recolección de firmas entre unos ocho millones de electores, a fin de lograr la mayoría para solicitar la renuncia del gobierno comunista, aprobar el cambio de sistema político y designar un Congreso de la República anticipado.
Luego se prevé la toma del poder por un gobierno interino durante un período de 100 días, durante los cuales se convocaría a un referendo sobre la restitución de la Constitución de 1940 y se elegiría un gobierno provisional con un año de mandato, explicó Polanco.
Ese gobierno provisional restablecería las instituciones democráticas de la carta magna, incluidos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la propiedad privada y un sistema electoral pluripartidista.
En junio de 2002, unos ocho millones de electores cubanos aprobaron una reforma constitucional que declaró irrevocable el socialismo cubano, en respuesta a la iniciativa opositora conocida por Proyecto Varela, impulsada por Oswaldo Payá, del Movimiento Cristiano de Liberación.
Un mes antes, Payá había presentado la iniciativa ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, acompañada de firmas de 11.020 ciudadanos. El Proyecto Varela preveía la convocatoria a un referendo sobre la libertad de expresión y de asociación, una nueva ley electoral, comicios generales y amnistía para los presos políticos.
El régimen cubano considera mercenarios al servicio de Washington a disidentes organizados en decenas de agrupaciones no reconocidas legalmente, aunque muchas de ellas toleradas.
El 19 y el 20 de mayo, las autoridades no interrumpieron una reunión general y pública de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, a cuya inauguración asistieron el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason, y diplomáticos europeos.
El proyecto del CPC es de consenso de todas las agrupaciones que participaron en ese encuentro, dijo Polanco a IPS.
El activo apoyo de Cason a la disidencia interna irrita especialmente a las autoridades cubanas, que entre marzo y abril de 2003 arrestaron y condenaron a duras penas de prisión a 75 opositores acusados de conspirar con Washington.
En ese proceso, Roque fue sentenciada a 20 años de cárcel, aunque un año y medio después fue puesta en libertad por razones de salud, y reanudó su actividad opositora.
(FIN/2005)