El escándalo de corrupción en el oficialismo de Brasil no afecta de momento la popularidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según una encuesta divulgada este martes por la Confederación Nacional de Transportes, que sondea la opinión pública casi mensualmente.
La evaluación positiva del presidente fue sostenida por 40,3 por ciento de los 2.000 entrevistados entre los días 5 y 7 de julio, un mes después de conocidas las primeras denuncias acerca de presuntos sobornos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierdista) a diputados de dos colectividades conservadoras para asegurar respaldo parlamentario al gobierno.
La aprobación es apenas mayor de la de fines de mayo, de 39,8 por ciento, cuando la prensa sólo había divulgado supuestos actos de corrupción en la empresa estatal de Correos que involucraban al Partido Laborista Brasileño (PTB son sus siglas en portugués), conocido por su adhesión a todos los gobiernos desde los años 80.
La evaluación negativa de Lula aumentó poco, de 18,8 a 20 por ciento, en el mes y medio transcurrido.
El escándalo se amplió en junio, con las acusaciones del diputado Roberto Jefferson, presidente del PTB, contra dirigentes del PT y de los partidos Liberal (PL) y Progresista (PP) de haber creado una red de corrupción en el Congreso legislativo y en varias empresas estatales.
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Las denuncias de Jefferson (implicado en la corrupción del correo) determinaron la caída del jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Dirceu de Oliveira e Silva, considerado el ministro más poderoso fuera del área económica. La semana pasada, también dejaron sus cargos el presidente del PT, José Genoino, y tres secretarios de esa colectividad.
Además de las denuncias, que se multiplicaron en las últimas semanas, un dirigente local del PT, del nororiental estado de Ceará, fue detenido el viernes cuando intentaba embarcar en el aeropuerto de Sao Paulo con 100.000 dólares y 200.000 reales (equivalentes a 83.000 dólares) en efectivo, cuyo origen no supo explicar.
El arrestado trabajaba con un diputado estadual de Ceará, José Nobre Guimaraes, hermano de Genoino.
La encuesta, hecha por el Instituto Sensus para la organización empresarial del transporte, indica que una amplia mayoría, de 67,1 por ciento de los consultados, considera verdaderas las denuncias de Jefferson.
Pero solo 33,6 por ciento de los entrevistados cree que Lula tenía conocimiento del pago de la gran mesada, como llamó la prensa al soborno de diputados aliados. Una mayoría de 45,7 por ciento descarta responsabilidades del presidente, por desconocer los hechos.
Sobre la actitud presidencial ante lo ocurrido, la inclinación de los encuestados es similar, 47,8 por ciento la considera adecuada y 31,9 por ciento no adecuada.
Pese al desgaste que han provocado las denuncias, la popularidad de Lula se confirma en la pregunta sobre intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre de 2006. Las respuestas mantienen amplia inclinación a reelegir al presidente.
El más fuerte adversario de Lula sería el mismo al que enfrentó en 2002, el actual alcalde de Sao Paulo, José Serra, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña. El presidente lo derrotaría por 37,1 a 19,1 por ciento de los votos, según la encuesta.
En un intento por superar la crisis, Lula prosiguió este martes la reforma ministerial iniciada la semana pasada, buscando reorganizar una mayoría en el Congreso. Así, suprimió tres ministerios, incluyendo el de Derechos Humanos, y anunció nuevas sustituciones para la semana próxima.
Deberán dejar sus cargos los ministros que pretendan ser candidatos en las elecciones de 2006, cuando estarán en disputa la Presidencia, las gobernaciones de 27 estados, los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los 81 del Senado.
Lula intenta asegurarse el apoyo del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una agrupación que reúne varias corrientes de centro, sin unidad ideológica ni política. La mayoría de sus parlamentarios ha elegido apoyar al gobierno, y obtuvo como contrapartida tres importantes ministerios: los de Minas y Energía, Salud y Comunicaciones.
Además de reconstituir un equipo capaz de gobernar hasta fines de 2006, el desafío de Lula y sus colaboradores es recomponer la imagen del PT, acusado de haber comandado una extensa red de corrupción, utilizando la dirección de empresas públicas para financiar al partido y sobornando a parlamentarios.
El ministro de Educación, Tarso Genro, fue nombrado nuevo presidente del PT en la reunión del directorio nacional del fin de semana. Otros dos ministros dejaron el gobierno para ocupar secretarías clave del partido, reflejando el esfuerzo de recuperación petista.
Si hubo corrupción y otros errores en la conducción del PT, sus responsables tendrán que ser castigados, afirmó Lula, admitiendo la profundización de las investigaciones parlamentarias, policiales y judiciales sobre las denuncias que pesan contra dirigentes de su partido.
El nuevo presidente del PT, uno de sus teóricos, considera que el partido cometió el error de atribuirse el monopolio de la ética, creyéndose el más puro de los grupos políticos. Además, opina Genro, el PT es víctima de un vacío de paradigmas, tras el colapso histórico del socialismo estatista y la imposibilidad de una nueva experiencia socialdemócrata.
En su opinión, será necesario cambiar radicalmente los métodos de dirección y renovar el partido con transparencia, para que el PT recupere su credibilidad como portavoz de las causas populares, indispensable para la vigencia de la democracia en Brasil.
