La sequía que afecta a vastas regiones de África y Europa muestra la enorme brecha de desarrollo entre ambas regiones, pues en la primera la atención se centra en el hambre y la muerte que provoca mientras en la segunda se mide su incidencia en los negocios, el turismo y los subsidios.
En Europa, la escasez de agua lleva a los gobiernos a adoptar medidas restrictivas de consumo y compensatorias para los usuarios, que no llegan a pasar sed, en tanto que en países africanos moviliza a organizaciones no gubernamentales para tratar de paliar los males en la población, aunque su esfuerzo humanitario sea insuficiente.
Es que el consumo medio de agua potable en Europa es de 55.000 litros por persona al año, tasa que se duplica en Estados Unidos, y son notoriamente menores en África, donde hay países, como Sudán, que no superan los 7.000 litros anuales, según el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente.
Así, en Somalía el precio del agua aumentó 350 por ciento este año, provocando la pérdida de 95 por ciento del ganado, y en Etiopía, seis millones de personas requieren ayuda urgente para calmar la sed en tanto que quienes pasan hambre suman 30 millones, en gran parte debido a la ausencia de ese líquido.
Sobre la gravedad del problema, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) precisa que la sequía de 1984 en Etiopía afectó a 8,7 millones de personas, un millón de las cuales murieron y muchos millones más padecieron malnutrición y hambre.
Añade el PNUD que otra sequía, en 1991 y 1992, causó la pérdida en África austral de 54 por ciento de la cosecha de cereales y expuso al riesgo de inanición a más de 17 millones de personas.
La agencia de la Organización de las Naciones Unidas también recordó que 100.000 africanos murieron como consecuencia de la sequía que afectó en los años 70 y 80 a la región del Sahel, la zona de transición en el occidente del continente entre el desierto del Sahara y el área más fértil al sur del continente africano.
Mientras, un ejemplo de lo que ocurre en Europa se está viviendo en España, donde se debate si se debe o no transvasar agua de unas zonas del país a otras, al tiempo que se conoce la decisión de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), de disponer abastecimiento de cereales y subsidios para paliar las pérdidas ocasionadas por la sequía.
El gobierno español informó este viernes que el Comité de Gestión de Cereales de la UE aprobó la adjudicación a este país de 41.406 toneladas de maíz de Hungría y 2.905 toneladas de cebada de Alemania, para compensar la caída de la producción nacional originada por la más fuerte sequía de los últimos 60 años.
La asignación forma parte de una operación especial de intervención por la que la UE pondrá en el mercado español medio millón de toneladas de cereales en lo que resta del año.
La Comisión Europea, además, está estudiando la entrega de más fondos destinados a subsidiar a los agricultores españoles y portugueses afectados por la sequía.
La falta de agua, según un estudio del bloque, podrá provocar en España una caída de 75 por ciento en la producción del trigo duro y de 49 por ciento en el blando y en la cebada la caída puede llegar a 42 por ciento, respecto de zafras anteriores.
En toda la UE, las previsiones indican que en esta cosecha, respecto del año pasado, caerá 24 por ciento la producción de trigo duro, 5,2 por ciento la de trigo blando, 10 por ciento la de cebada y seis por ciento la de maíz, aunque en este último caso podría haber recortes drásticos si no llueve en las próximas semanas.
Mucho más aguda es la situación en África, donde, por ejemplo, 32 por ciento de los 12 millones de habitantes de Níger sufren hambre, casi la totalidad de los cuales corren peligro de muerte por ello, según la organización no gubernamental católica Cáritas. En ese país africano la sequía y una plaga de langostas provocaron este año un déficit de 223.000 toneladas de cereales.
En España, un tema que llama poderosamente la atención es que el agua de los transvases se utiliza para regar parte de los 276 campos de golf existentes en el país, que ocupan una superficie de 15.000 hectáreas y que en los próximos dos años superarán la cantidad de 400.
El sector turístico defiende a rajatabla el mantenimiento de esos mantos verdes, pues unos 800.000 turistas llegan a España cada año atraídos por ese deporte.
Por eso Juan Antonio, miembro de la organización no gubernamental Ecologistas en Acción, sostiene que alguien tendrá que decidir si lo que queremos es turismo o desierto, porque considera inconcebible que el interés comercial esté por encima de la preservación del ambiente y del desarrollo sostenible.
Sin embargo, hay quienes defienden el uso del agua para el golf. Uno de ellos es Alberto Recarte, vicepresidente de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de España, una institución privada vinculada a grandes empresas.
Recarte puntualiza que, en promedio, el consumo de agua de los campos de golf es algo menor que el del regadío, de alrededor de 4.000 metros cúbicos al año por hectárea.
Además recuerda que, según datos oficiales, los ingresos por turismo ligados al golf suman unos 3.000 millones de euros anuales (3.600 millones de dólares), lo que significaría una rentabilidad directa e indirecta por hectárea de golf de 200.000 euros (243.000 dólares) anuales.
Por el contrario, concluye, el mejor de los regadíos agrícolas puede rentar 3.000 euros (3.600 dólares) al año por hectárea, a los que habría que sumar ûcomo aportación indirectaû el valor añadido de la industria hortofrutícola, si existe.