Llamados opositores a que los pobladores no salgan de sus casas y rumores sobre la salud del presidente Robert Mugabe marcan un momento conflictivo en la política de Zimbabwe, apenas tres meses después de las elecciones.
La convocatoria a quedarse en casa por dos días, el jueves y viernes pasados, fue realizada por partidos opositores e instituciones cívicas a través de octavillas y mensajes por teléfono celular. La respuesta al llamado fue muy limitado, lo que se atribuyó a la mala organización.
Pero los convocantes no se amilanaron, y anunciaron más protestas para esta misma semana.
Muchos zimbabwenses se dirigieron el jueves y viernes a sus trabajos y centros de estudio como si nada pasara. Mientras, empresas denunciaron haber recibido amenazas de violencia si abrían sus puertas en las jornadas de protesta.
Cuarenta y un parlamentarios se abstuvieron de asistir a la sesión inaugural del Poder Legislativo, también en el marco de la protesta.
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Pero empleados bancarios y del Estado prefirieron no arriesgarse a un castigo por ausentismo. Horas antes, los comerciantes procuraron llenar sus anaqueles con los cada vez más escasos productos básicos, y los conductores hacían cola frente a las gasolineras.
Lovemore Madhuku, portavoz de los organizadores de la protesta —sindicatos, asociaciones de estudiantes y partidos políticos—, calculó que la mitad de la población la acataron en Harare y Bulawayo, las dos principales ciudades, especialmente en el primer día.
La intención de la convocatoria fue transmitir al gobierno la insatisfacción de la población con ciertas medidas impopulares, en especial la campaña contra el sector informal denominada Murambastvina (tiremos la basura).
La campaña tuvo como consecuencias la muerte de dos personas, la pérdida de la vivienda para 200.000 y el arresto de 30.000 vendedores callejeros.
El gobierno se mostró imperturbable. Mugabe comparó a los legisladores que se mantuvieron fuera del parlamento con niños inmaduros y desacreditó las versiones según las cuales se encontraba en estado de coma, y aun muerto.
El mandatario de 81 años no aparecía desde hacía semanas en público y un periódico había informado a comienzos de mes que había visitado a un conocido cardiólogo de Harare.
Mugabe logró aventar los rumores sobre su salud, pero los problemas económicos son indesmentibles.
La crisis económica se ha profundizado desde 1999, a causa de un controvertido programa de reforma agraria por el cual veteranos de la guerra por la independencia y militantes oficialistas ocuparon haciendas de productores blancos.
Estas medidas acarrearon a Zimbabwe el aislamiento internacional y la paralización de la agricultura.
Tampoco fue ajena al declive económico la intervención militar de Zimbabwe en República Democrática del Congo. La inflación se eleva a 127 por ciento, una de las más altas del mundo, y el producto cayó 40 por ciento. Más de 400 empresas cerraron desde 2000.
Tres de cada cuatro trabajadores están desempleados. Nueve millones de personas (75 por ciento de la población) viven debajo de la línea de pobreza, y unos 100 niños y niñas nacen cada día con el virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida.
Hace tres meses, la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Popular (ZANU-PF) amplió su mayoría parlamentaria con su tercer triunfo electoral consecutivo, otra vez rodeado de acusaciones de fraude.
Lo que enfureció a muchos zimbabwenses fue la campaña contra el sector informal, en especial contra el comercio callejero y el uso de viviendas construidas sin autorización en centros urbanos, así como contra el boyante mercado paralelo al que el gobierno atribuye la escasez de combustible y divisas extranjeras.
Organizaciones religiosas y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, criticaron la operación por los perjuicios que ha ocasionado a la población.
Pero la ira de buena parte de los zimbabwenses no aseguró una respuesta acorde. La protesta de la semana pasada, la primera en dos años, no tuvo el resultado esperado.
Es posible que la falla haya sido organizativa. Vimos las octavillas el día anterior a la protesta, y ni siquiera decía qué organización la convocaba, dijo una zimbabwense llamada Farai.
La anterior protesta, llamada el empujón final, se realizó en junio de 2003. Una de sus derivaciones fue la acusación judicial por traición contra el líder opositor Morgan Tsvangirai. Cientos de personas fueron golpeadas entonces por la policía.
