Las listas negras gubernamentales, que proscriben a personas y grupos acusados de vínculos con acciones terroristas son arbitrarias, poco transparentes e injustas, señalaron organizaciones defensoras de los derechos civiles.
En un informe conjunto divulgado el miércoles, los activistas lamentaron que la elaboración de estas nóminas, hechas para criminalizar sus actividades e imponerles sanciones sin derecho a apelación, se haya convertido en parte integral de la lucha mundial contra el terrorismo.
El estudio Aterrorizando al imperio de la ley: la política y la práctica de la proscripción fue elaborado por Statewatch, grupo que vigila las libertades civiles en la Unión Europea (UE), la internacional Campaña Contra la Criminalización de las Comunidades y el Instituto de Derechos Humanos y Justicia Social de la Universidad Metropolitana de Londres
Las listas de terroristas son una suerte de receta para adoptar decisiones arbitrarias, secretas e injustas, dijo el director de Statewatch, Tony Bunyan.
La proscripción toma varias formas y difiere según la jurisdicción, desde las completas prohibiciones a las actividades de determinados grupos hasta el congelamiento de las cuentas bancarias de personas acusadas de apoyar el terrorismo.
Statewatch señaló que, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, la práctica de la proscripción fue adoptada sin críticas por la comunidad internacional pese a que compromete los derechos humanos.
Cientos de personas han sido proscritas en todo el mundo, y por lo general no han tenido formas legales de enfrentar esas acusaciones, indica el informe.
La falta de recursos legales a nivel nacional y la escasa jurisdicción de los tribunales de la UE hicieron que ningún grupo proscrito haya tenido aún acceso pleno a la justicia ni oportunidades de enfrentar los asuntos legales, añade.
Estados Unidos y Gran Bretaña han prohibido hasta ahora a 41 y 25 organizaciones terroristas internacionales respectivamente, mientras que Washington posee además otra lista con más de 350 grupos acusados de apoyar el terrorismo, cuyas cuentas bancarias han sido congeladas.
Por su parte, la UE elaboró una lista conformada por 45 personas y 47 grupos acusados de terrorismo, en tanto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) congeló las cuentas de 322 individuos y 115 grupos acusados de estar vinculados con la red terrorista Al Qaeda o con el movimiento radical islámico afgano Talibán, desalojado del poder en 2001 por Estados Unidos.
Statewatch afirma que estas listas negras por lo general son elaboradas sobre la base de información secreta de inteligencia y descartan el proceso judicial normal requerido para ese tipo de acusaciones graves.
Los grupos defensores de los derechos civiles destacaron que al menos el Parlamento británico y el Senado estadounidense fueron consultados sobre estas nóminas.
En cambio, la UE y la ONU elaboraron sus listas sobre la base de datos de inteligencia aportados por sus países miembros sin ninguna autorización de los parlamentos. Las listas y las sanciones son vinculantes para todos los estados.
Los últimos debates sobre las nuevas medidas antiterroristas han demostrado que es inaceptable dejar de lado a los parlamentos y excluir a los tribunales. Pero así es precisamente como fueron hechas estas listas, por el Ejecutivo y sólo con información de inteligencia, señala el informe.
Statewatch criticó que esas listas no distinguen a grupos o individuos que luchan contra la ocupación o la tiranía en sus países, y, como consecuencia, criminaliza a combatientes por la libertad y sus partidarios.
Cientos de grupos e individuos han sido criminalizados en todo el mundo, y las listas se amplían, ya que los estados intentan añadir a todos los grupos involucrados en la resistencia a la ocupación o a la tiranía, indica el informe.
Aquellos que ejercen lo que muchas personas en el mundo consideran un legítimo derecho a la autodefensa y la autodeterminación son tratados de la misma forma que Osama bin Laden, líder de Al Qaeda, añade.
Statewatch alertó que los efectos de la proscripción de todos estos grupos podrían ser devastadores.
Mientras, la organización Amnistía Internacional coincidió en que varias de las iniciativas antiterroristas de la UE, incluyendo las listas negras, ponen en riesgo los derechos civiles.
Está claro que la falta de garantías concretas y legales a los derechos humanos no sólo derivarán en graves abusos, sino que también causarán confusión e incertidumbre legal, dijo a IPS este jueves el director de la oficina europea de Amnistía, Dick Oosting.
La cooperación transfronteriza para perseguir a personas sospechosas de estar vinculadas con acciones terroristas está creciendo, pero las garantías fundamentales para el respeto de los derechos humanos están quedando de lado, añadió.
