Una multitudinaria marcha de obreros y vecinos de la ciudad de El Alto y un bloqueo nacional de carreteras es la respuesta a los intentos de mediación de la Iglesia Católica de Bolivia en un conflicto que ingresa en su tercera semana.
La Conferencia Episcopal de Bolivia se reunió durante el fin de semana por separado con el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, y el de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, y el de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez, para escuchar sus propuestas. Las reuniones se efectuaron en la oriental ciudad de Santa Cruz.
Las primeras señales de la mediación apuntan a reducir el mandato del presidente Carlos Mesa y efectuar un llamado anticipado a elecciones generales. Pero varios sectores sociales de la región occidental rechazan la propuesta porque excluiría la realización de la asamblea constituyente que reclaman.
Una sucesión de demandas sociales y el surgimiento de dos sectores antagónicos, materializados en dos regiones, occidente y oriente, pusieron en jaque al mandatario, quien hasta ahora ha logrado mantener su promesa de que la represión policial a las manifestaciones no cause muertes, pese a que se han utilizado gases lacrimógenos, chorros de agua y palos.
La Conferencia Episcopal —cuya intervención fue pedida por Mesa— emitió el domingo por la noche un comunicado llamando a los sectores en conflicto, en particular a los de occidente, a suspender las medidas de presión mientras se realice el diálogo.
La reacción de rechazo fue inmediata. El dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Román Loayza, anunció que se intensificarían los bloqueos de carreteras.
Esta organización mantiene en la ciudad de La Paz a unos 5.000 campesinos en permanente movilización y vigilia en torno al Congreso a la espera de la convocatoria a la asamblea constituyente.
Loayza acusó a la Iglesia de jugar un papel parcializado a favor de los ricos, por promover la desmovilización de los indígenas llegados a La Paz hace 15 días.
En la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, la intervención de la Iglesia tampoco tiene respaldo.
Desde el centro de movilización, en el segundo piso de un edificio ubicado sobre la avenida principal de esa empobrecida ciudad, el presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) Abel Mamani, sigue los acontecimientos y prepara la marcha de sus afiliados a La Paz.
Estamos molestos con la Iglesia, dijo Mamani a IPS. La exclusión de los movimientos sindicales, indígenas y campesinos de las reuniones del sábado y domingo muestran a la jerarquía eclesiástica enfocando la problemática del país desde la óptica oriental.
La población quiere nacionalización de los hidrocarburos sin indemnización a las petroleras y asamblea constituyente, sostuvo.
Mesa asumió la presidencia el 17 de octubre de 2003, tras la renuncia y huida de Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien era su vicepresidente, y al cabo de una revuelta popular denominada la guerra del gas, en la que murieron 67 personas, contra los planes de exportación de gas natural a México y a Estados Unidos.
Pero el movimiento tenía una plataforma mucho más amplia. Los líderes de la rebelión popular gestada en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, pusieron a Mesa como condición de gobernabilidad la convocatoria a una asamblea constituyente con la intención de refundar la república, en la que 70 por ciento de la población vive en la pobreza.
La demanda es promovida por organizaciones indígenas que esperan el reconocimiento de sus tradiciones y formas de administración local como vía para reivindicar sus derechos, frente a la exclusión de las decisiones estatales.
Además, ese movimiento reclamó un plebiscito sobre la política energética, realizado el año pasado, y una nueva ley de hidrocarburos, que elevara sustancialmente los impuestos cobrados a las compañías extranjeras que explotan el gas natural boliviano, la segunda mayor reserva de América del Sur.
Con el paso de los meses, esa demanda viró en un reclamo liso y llano de nacionalización de los hidrocarburos.
Con el impulso de empresarios y terratenientes, organizaciones cívicas del departamento oriental de Santa Cruz recolectaron 250.000 firmas solicitando al Congreso legislativo una consulta popular sobre autonomías departamentales y esperan que se fije una fecha.
El interés de este movimiento, que cuenta también con respaldos en departamentos sudorientales donde se encuentran los yacimientos de gas, es ejercer un mayor control sobre el manejo y los beneficios de los recursos naturales.
Ante la demora del Congreso en tratar ambos reclamos, Mesa fijo la semana pasada el 16 de octubre como fecha para la elección de constituyentes y de referendo autonómico, pero los sectores en conflicto restaron crédito a la iniciativa presidencial, alegando que tal función corresponde al ámbito legislativo.
El Congreso intentará este martes, por tercera vez en dos semanas, instalar sus sesiones y buscar un acuerdo entre las dos regiones y sus demandas, pero además deberá considerar si acepta o rechaza a la convocatoria a la consulta, establecida por decreto.
Suspender las medidas de presión sin soluciones sería una traición, dijo anoche el jefe del opositor y principal partido boliviano Movimiento Al Socialismo (MAS), el líder indígena de los cultivadores de hoja coca y diputado Evo Morales.
En una improvisada conferencia de prensa frente al edificio del Congreso, Morales abogó por el tratamiento legislativo de una agenda única, que responda a los intereses de las regiones.
Acerca de las elecciones anticipadas, Morales se inclinó por consultar a sus afiliados antes de emitir una opinión.
Morales es contrario a un referendo autonómico que incluya preguntas sobre el uso de los recursos forestales, de hidrocarburos e hídrico, porque privaría de ellos al estado nacional.
La ley de referendo vigente prohíbe consultar sobre asuntos fiscales, seguridad interna y recursos naturales, recordó Morales.
La oriental Santa Cruz posee grandes extensiones de bosques con riqueza maderera, además de hidrocarburos y tierras agrícolas, y sus dirigentes cívicos desean una autonomía que les permita regular su uso.
Pedimos que no se divida al país y se eviten las preguntas sobre asuntos fiscales, dijo Morales.
Los sindicatos de cultivadores de hoja de coca, de la región central del Chapare, anunciaron bloqueos de caminos desde este lunes.
Este sector, que se mantuvo hasta ahora al margen de las protestas, acepta la realización de elecciones con fecha anticipada, aunque no exige la renuncia del presidente Mesa, según el dirigente Julio Camacho.
Los bloqueos campesinos han cerrado el tráfico en las carreteras principales y los departamentos permanecen incomunicados la mayor parte del tiempo. Sólo las líneas aéreas operan con regularidad.
La ciudad de La Paz es escenario de marchas protagonizadas por vecinos de El Alto, campesinos, educadores y trabajadores, y se anuncia la celebración de un cabildo que expresará su punto de vista sobre la mediación de la Iglesia y las tareas que deberá cumplir mañana el Congreso.
