La compañía francesa Total y la noruega Statoil encabezan la lista de una nueva ofensiva tributaria y de política petrolera de Venezuela, que se propone recuperar de las arcas de sus socios privados varios miles de millones de dólares.
Si no cumplen con las normas, las corporaciones extranjeras deberían cerrar sus puertas y marcharse, una opción improbable en estos tiempos de pingües ganancias por los altos precios del crudo y sus derivados, con un mercado global cada vez más sediento de energía.
Vamos a determinar cuáles empresas trasnacionales dejaron de pagar tributos. No se salvará ninguna. Si no pagan, juro que les voy a clavar un candado, afirmó ante el parlamento José Vielma, jefe del Seniat, la oficina nacional tributaria.
Por órdenes del presidente Hugo Chávez, el Seniat revisa las cuentas de 28 compañías trasnacionales que en conjunto extraen diariamente 500.000 barriles (de 159 litros) de crudo con la modalidad de contratos de servicio, es decir, que operan por encargo del grupo estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa.
Los contratos fueron asignados en la última década del siglo XX para explotar campos marginales o maduros, donde es más costosa la extracción del crudo.
El ministro de Energía, Rafael Ramírez, informó al parlamento que en el primer trimestre de este año, con precios que rondaban los 34,67 dólares por barril, los contratistas presentaron costos promedio de 52 por ciento, equivalentes a unos 18,17 dólares por barril, mientras que Pdvsa extrae su crudo a un costo medio de cuatro dólares por unidad.
Entre las operadoras figuran gigantes como la angloholandesa Shell, la estadounidense Chevron y la británica British Petroleum, estrellas ascendentes como la española Repsol, la brasileña Petrobras y la china CNPC, y pequeñas como la argentina CGC o la venezolana Suelopetrol.
En paralelo, Ramírez anunció que se harían nuevos cobros a los socios de Pdvsa en cuatro convenios de asociación para extraer 660.000 barriles diarios de crudo extrapesado, del gigantesco depósito conocido como Faja del Orinoco (en el sureste), y convertirlos en 600.000 unidades de crudo liviano.
El primero de esos convenios revisado es Sincor, una sociedad de Pdvsa (con 38 por ciento de acciones), Total (con 47 por ciento) y Statoil (17 por ciento). Allí el Estado se propone recuperar 1.000 millones de dólares, dijo Ramírez.
La regalía (derecho de uso del recurso básico, el crudo del subsuelo) que pagaban esas asociaciones era de uno por ciento hasta septiembre, cuando el gobierno la elevó a 16,6 por ciento. Pero las autoridades han detectado que Sincor produce el doble del crudo previsto en su contrato y por el exceso cobrará una regalía de 30 por ciento.
Según el proyecto original, Sincor extraería 114.000 barriles diarios de crudo pesado y produciría 100.000 unidades de crudo sintético, pero actualmente produce 210.000 barriles por día, además de que se le asignó una zona de 250 kilómetros cuadrados con 1.500 millones de barriles en reservas, y explota un área de 324 kilómetros cuadrados con 2.500 millones de barriles en reservas, dijo Ramírez.
El ministro sostuvo que Sincor, al igual que Petrozuata, una asociación de Pdvsa con la estadounidense ConocoPhillips, ha incumplido el compromiso de inyectar vapor en los pozos, lo que merma la capacidad de producción y las reservas probadas.
Así, de cada yacimiento se obtiene apenas siete por ciento del crudo in situ, cuando las tecnologías disponibles permiten extraer 22 por ciento, argumentó Ramírez.
Si se proyectara esa tasa de recuperación de siete por ciento a toda la Faja, Venezuela tendría allí 84.000 millones de barriles extraíbles, en vez de los 267.000 millones de barriles con los que se ufana de poseer el mayor depósito de crudos pesados del planeta.
Según estiman los geólogos, en la Faja del Orinoco habría 1,2 billones de barriles de crudos extrapesados, pero por sus condiciones (peso, densidad, viscosidad, profundidad y mezcla con otros materiales) apenas pueden extraerse de esos yacimientos 22 de cada 100 unidades.
Un manejo inadecuado o doloso de los pozos, que lleve a extraer sólo la porción más fácil de crudo, sin inyectarles vapor, agua o gas, puede hacer irrecuperable el resto del petróleo, reduciendo notablemente las reservas del país.
En París, un portavoz del grupo Total se dijo extremadamente sorprendido por el reclamo de Ramírez, pues el proyecto ha sido debidamente aprobado en todas sus etapas según los procesos legislativos y reglamentarios vigentes en Venezuela.
En Oslo, Kai Nielsen, portavoz de Statoil, dijo que estamos dispuestos a reunirnos con el ministro y escucharlo, pues tenemos documentos que muestran que hemos obedecido las reglas fijadas tanto para los volúmenes producidos como para la superficie de exploración.
No queremos que las trasnacionales se vayan, sino que cumplan con la ley, dijo el diputado oficialista Rodrigo Cabezas, quien dirige la comisión parlamentaria que investiga los convenios de servicio y las asociaciones en la Faja.
Las sociedades que extraen más petróleo de lo inicialmente pactado deberán regresar a los volúmenes originales, a menos que el Estado considere conveniente la nueva cantidad producida. Pero en ese caso intervendrá el parlamento, dijo Cabezas.
Vielma afirmó que en cuestión de días presentaría los reclamos tributarios a las operadoras en los contratos de servicio, y Ramírez reiteró que a finales de este año cesará esa modalidad de convenio y se ofrecerá a las compañías mudarse a un esquema de sociedades con Pdvsa.
¿Las compañías lo entienden? Seguimos trabajando. ¿No lo entienden? Entonces no nos interesa seguir trabajando con compañías que no entienden este asunto, dijo Ramírez.
Fuentes de la cámara que agrupa a las operadoras extranjeras dijeron a IPS que la mayoría de las firmas aceptará el nuevo esquema de asociación, dependiendo de los términos que imponga el Estado y de las facilidades que otorgue para resarcirse de las nuevas cargas tributarias.
Como telón de fondo, Venezuela vive una guerra de cifras entre el oficialismo y la oposición respecto de su real producción petrolera, de los ingresos en divisas por esa actividad y del manejo de esos recursos por el presidente Chávez.
Grandes cantidades de dinero son destinadas por Chávez a financiar, en ocasiones directamente a través de Pdvsa y no de los ministerios correspondientes, programas de educación de adultos, de salud, de construcción de viviendas y de venta de alimentos.
