Los cementerios familiares frente a las viviendas campesinas fueron un impacto adicional para los militares uruguayos que llegaron por primera vez al sudoeste de Haití, la zona de operaciones a su cargo desde el desembarco, 11 meses atrás, de la fuerza de paz de la ONU.
Cuando un contingente militar llega para estabilizar —tal el cometido de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, Minustah por sus siglas en francés—, las lápidas en el huerto y los gestos adustos de la población local no se toman como buena señal de recepción.
Pero poco después, los efectivos del Batallón Conjunto Uruguay 1, segunda fuerza en importancia de la Minustah, se ganaron la confianza y el respeto de los residentes, apenas con la actitud del buen vecino que carga un arma, pero para la seguridad común, repiten los oficiales al mando.
Los nuevos vecinos llegados del lejano sur también debieron hacer su aprendizaje: las lápidas y cruces no son más que muestra de una tradición derivada del vudú, culto de origen ancestral de los esclavos africanos, traídos en tiempos de colonización europea para suplir la aniquilada población aborigen de la isla La Española.
La avanzada uruguaya arribó a comienzos de agosto a la región sudoccidental, y unos 15 días después llegaron las graciosas máquinas de guerra, como bautizaron a los vehículos blindados los niños de esta zona agrícola dividida por una montaña, la más verde de un país que hoy tiene apenas dos por ciento de los árboles existentes al inicio de la colonización.
Desde este jueves, con el despliegue en el puerto de Miragoane, suman cuatro las bases y 770 los efectivos uruguayos en un área de 1.600 kilómetros cuadrados, la más tranquila y controlada del país, según dijeron jefes militares a IPS, pero también la más extensa de los nueves distritos de operaciones de la misión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), con 6.700 efectivos movilizados procedentes de una treintena de países.
No todos los habitantes de Les Cayes están cómodos con la nueva presencia militar. Los grupos armados, elementos políticos y mafias criminales, separados por una muy delgada línea divisoria, están expectantes y al acecho en la zona, de la que es originario Jean-Bertrand Aristide, el presidente derrocado y exiliado en Sudáfrica.
Haití permanece sumido en la violencia desde hace casi dos años. En febrero de 2004, Aristide fue derrocado en un episodio en el que no quedó claro el papel de Estados Unidos, mientras bandas armadas tomaban control de la capital, tras avanzar durante semanas sobre distintas ciudades del país.
Aristide denunció más tarde que marines estadounidenses lo obligaron a dimitir y a subirse a un avión que lo llevó a República Centroafricana.
El partido del ex mandatario, Familia Lavalas, sigue siendo una fuerza dominante, y eso aquieta los ánimos, por ejemplo, de las bandas dispersas de ex miembros de las fuerzas armadas desmovilizadas en 1994 por Aristide, nacido en la cercana Port Salut, donde gastó años de acción social como sacerdote católico.
Ese que fue centro turístico exclusivo en tiempos de la dinastía de la familia Duvalier (1957-1986), aislado por montañas que no dejan pasar las señales de radio y televisión, está hoy tan empobrecido como el resto del país, y el mejor de sus hoteles, a punto de ser inaugurado, pasó a servir de base a una de las compañías uruguayas.
Los más conocidos seguidores de Aristide, llamados por sus adversarios chiméres (delincuentes), se ocultaron en las alturas casi inaccesibles o se llamaron a silencio. Nadie se define como tal y las autoridades interinas ni siquiera aceptan que se los nombre.
Pero allí están, dijeron oficiales de información de la Minustah que no han podido hacer contacto con ninguno de ellos, en particular porque no aparecen claros representantes.
En cambio, es bastante fluida la comunicación con un reducido grupo de ex soldados haitianos, que periodistas uruguayos (de visita esta semana en Haití) pudieron entrevistar en un lugar cercano al puerto de Les Cayes, donde está asentada la base central de la Minustah.
El teniente Calixe se presenta con expresión desconfiada. Cuando alguna pregunta no es de su agrado pasa a hablar en creole, dejando a un lado el gutural francés imprescindible para relacionarse con los intérpretes del contingente de la ONU.
Somos militares en actividad y la policía es nuestra hermana menor, dice Calixe ante la pregunta sobre su relación con las fuerzas policiales locales.
Calixe alude al decreto de desmovilización del ejército emitido por Aristide, quien no intentó aprobar una ley al respecto. Esa omisión es enarbolada por los ex soldados para sostener que forman parte de una institución legítima según la Constitución vigente, que sin embargo nadie respeta.
Calixe agrega con énfasis que su grupo eligió emplazarse a metros del centro de la ciudad porque su población es muy amable y los trata con respeto.
Todos saben que ex militares, miembros de Lavalas y pandilleros (que integran las temibles gangs o bandas), andan armados hasta los dientes, ya sea con viejas escopetas o con el más sofisticado material de guerra liviano.
Una de las tareas centrales de la Minustah es requisar armas, pero sólo las que no están registradas. Para ello se montan puntos de control fijos y móviles, y se convoca a entregarlas a cambio de la inscripción en el padrón electoral, una suerte de título de ciudadanía.
Las elecciones están previstas para octubre y noviembre.
Pero todos saben -también los soldados extranjeros— que las armas siguen circulando por muchas manos en todo el territorio. No hay dudas de que quienes entregan una, muy de vez en cuando, dejan más en su casa, comentó a IPS un oficial.
Un operativo de requisa en un puesto de control vehicular observado por IPS transcurrió con normalidad, sin ningún incidente con los ocupantes de los vehículos revisados a rigor, ni siquiera cuando el tránsito se transformó en un caos, algo cotidiano en este país.
Para las autoridades, el sur es cierto que no existe, dijo IPS un oficial, en referencia a la tranquilidad de la población y a la cordialidad en que se desenvuelven las tareas de los cascos azules.
Pero el sur tampoco está tan lejos de Puerto Príncipe, donde la violencia explotó este martes por enfrentamientos de grupos armados. Un precario centro de compras fue incendiado y 11 personas murieron por el fuego y las balas.
También el martes fue asesinado el cónsul francés honorario en la ciudad norteña de Cap-Haitien, Paul Henry Mourral, mientras conducía su automóvil cerca de Cité Soleil, el principal barrio precario de Puerto Príncipe.
En la capital y en el norte la violencia se desata de manera intermitente, y efectivos de la Minustah procedentes de terceros países adoptan a veces actitudes de combate muy rudas, al borde del abuso, dijo un oficial uruguayo, sin identificar a esas fuerzas.
La Minustah debía concluir sus operaciones el miércoles, pero un día antes, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió su mandato hasta el 24 de este mes, con el fin de debatir una prolongación mayor de la misión. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, propuso una prórroga de un año.