Cinco legisladores de Estados Unidos informaron a las autoridades del Congreso que una firma de lobby les pagó un viaje al castillo Ashford, en Irlanda, en aparente violación de las normas parlamentarias.
Cuando el viaje se hizo público, los legisladores notaron el error y se limitaron a cambiar la documentación para demostrar que no fue una firma de lobby, sino una organización sin fines de lucro, la que solventó la actividad.
Éste fue uno de los hallazgos de un nuevo estudio realizado en conjunto por el Centro para la Integridad Pública (CPI), American Public Media (APM) y la agencia noticiosa Medill News Services (MNS).
El informe advierte que al menos 123 firmas de lobby de Washington ocupan el área ética gris de la que hoy está por caer derribado el connotado traficante de influencias Jack Abramoff, investigado por cobrar comisiones ilegales a casinos de Texas.
El término lobby, que según la Real Academia Española designa a un grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses, alude en el mundillo de Washington a empresas creadas para ejercer tales presiones en nombre de terceros.
Al igual que Abramoff, los lobbystas suelen ocupar lugares en la junta de organizaciones sin fines de lucro denominadas 501(c)(3), por la sección del código tributario que autoriza y reglamenta sus operaciones.
De ese modo, pueden ayudar a fijar la política de esas organizaciones y tienen conocimiento de información interna, incluido el patrocinio de viajes de congresistas pagados por ellas, indica el estudio del CPI.
Nuestras investigaciones, cuyos hallazgos sorprenden a mucha gente, chocan con la falta de transparencia sobre los viajes de legisladores, dijo a IPS Bob Williams, el periodista del CPI que redactó el informe.
El actual sistema de publicidad (de datos) es tan débil que casi invita al abuso. Según las normas vigentes, es casi imposible identificar al que realmente financia esos viajes, aseguró.
Las leyes de Estados Unidos prohíben a los lobbys pagar viajes a congresistas, pero las organizaciones sin fines de lucro sí pueden hacerlo. Muchos lobbyistas, por lo tanto, organizan esos viajes a través de las organizaciones cuya dirección integran.
Entre esas instituciones figuran connotados centros de estudios y asociaciones como el Aspen Institute, el American Enterprise Institute, la Institución Brookings, la Fundación de Congresistas Negros y el Grupo de Congresistas Hispanos, entre muchos otros.
Las contribuciones de estos grupos son deducibles de impuestos y, como no tienen fines de lucro, deben restringirse por definición a actividades educativas, de educación y de servicios.
Las autoridades tributarias prohíben a las organizaciones 501(c)(3) convertir la influencia sobre los legisladores en una de sus actividades sustanciales, pero el código en la materia no define el término sustancial.
El informe investiga los viajes de todos los legisladores entre enero de 2000 y mediados de 2004.
Al menos 850 viajes, por un total de cuatro millones de dólares, fueron solventados por organizaciones sin fines de lucro con uno o más lobbystas en sus directivas. Muchos de esos viajes incluían a miembros de la familia.
Entre los destinos internacionales figuraron París, Londres, Roma, Río de Janeiro, Cuba, Islas Caymán, Irlanda, Escocia, Singapur, Corea del Sur, Dinamarca, Nueva Zelanda, España, Sudáfrica y Grecia.
Y los destinos dentro de Estados Unidos fueron Las Vegas, Miami, Nueva York, Los Angeles, San Francisco y Boca Ratón, entre otros. En la lista también figuraban los territorios estadounidenses de St. Croix, en el mar Caribe, y St. Thomas, en las Islas Vírgenes, y el estado libre asociado de Puerto Rico.
Muchos de los convites incluían comida fina, vuelos en primera clase y otras prebendas, como juegos de golf.
Cuatro de las instituciones pagaron unos 600 de los más de 850 viajes, por un costo de 3,7 millones de dólares: el Aspen Institute, el Fondo Educativo Ripon, el Instituto Internacional de Gerencia y Desarrollo y el Consejo de Intercambio Corea del Sur-Estados Unidos.
El Fondo Educativo Ripon pagó más de 1,3 millones de dólares en el patrocinio de una conferencia en Londres en 2003, según su declaración al fisco para obtener la devolución de impuestos. A la reunión asistieron 18 legisladores y 100 representantes empresariales, informaron miembros de la junta del Fondo.
Cuando se realizó la conferencia, integraban la junta del Fondo Educativo Ripon al menos cuatro lobbystas registrados, entre ellos la ex legisladora republicana Susan Molinari.
Las instituciones sin fines de lucro pueden pagar viajes de congresistas y sus colaboradores, pero las normas del Poder Legislativo prohíben que lobbystas o representantes de intereses extranjeros lo hagan.
Facturas de tarjetas de crédito y otros documentos conocidos en las últimas semanas parecen demostrar que Abramoff pagó en persona viajes y recreaciones al líder de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, de Texas.
La oficina de DeLay afirmó que él pensaba que el viaje a Gran Bretaña y Escocia, y que incluyó un partido de golf en el exclusivo club escocés St. Andrews, había sido solventado por el Centro Nacional de Investigaciones en Políticas Públicas, no por Abramoff.
Pero Abramoff integraba entonces la junta directiva del Centro, junto con el también lobbysta Edwin A. Buckham, ambos empleados de la firma Preston Gates Ellis & Rouvelas Meeds LLP.
Pero algunas de las evidencias más sustantivas del caso, como las facturas de la tarjeta de crédito de Abramoff, no aparecieron en los registros públicos, sino que fueron filtradas a medios de prensa.
En algunos casos, la distinción entre una firma de lobby y una organización sin fines de lucro afiliada a la primera pasa inadvertida aun para los miembros del Congreso.
Muchas de las empresas especializadas en lobby trabajan para organizaciones que pujan por una mejor tajada del presupuesto federal, que asciende a 2.500 billones de dólares anuales.
Estas firmas han contratado a 2.000 ex funcionarios —incluidos ex legisladores y ex jefes de organismos del gobierno— para presionar a las autoridades en una amplia gama de asuntos, desde el aborto, los impuestos y la construcción de carreteras hasta la política exterior y el comercio.
Las leyes electorales de Estados Unidos prohíben a corporaciones, sindicatos y organizaciones sin fines de lucro, entre otras instituciones, financiar abiertamente a candidatos políticos en forma individual.
En contraste, esas mismas entidades pueden contratar lobbies, la mayoría de cuyas oficinas se encuentran en la famosa avenida K Street, de Washington.
El Centro para la Integridad Pública calculó que los lobbies facturaron 2.400 millones de dólares en 2003, el último año con datos disponibles. Según el informe, la cifra saltará, con seguridad, a más de 3.000 millones en 2004.
En el ciclo electoral de 2002, el más reciente para el que se obtuvo información completa, la Comisión Federal de Elecciones indicó que los partidos políticos recaudaron 1.600 millones de dólares.
En ese mismo periodo, los traficantes de influencia ganaron 4.000 millones de dólares para ejercer presión sobre las autoridades.