La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes, por 221 votos contra 184, un proyecto de ley de improbable sanción que suspendería los aportes de este país a la ONU si el foro mundial no implementa 39 reformas de gran alcance.
La iniciativa, a la que se oponen legisladores del opositor Partido Demócrata y un puñado de los del gobernante Partido Republicano, no se convertiría en ley porque la administración de George W. Bush la rechaza y, además, porque carece de apoyo en el Senado.
De todos modos, la votación de este viernes en el Congreso refleja tanto el enojo de los republicanos hacia la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como la incapacidad de Bush de dominar a los legisladores de su partido, cada vez más volcados hacia la derecha.
Al comenzar el debate en el plenario sobre el proyecto presentado por el presidente saliente del Comité de Relaciones Internacionales de la cámara baja, Henry Hyde, la Casa Blanca advirtió el jueves en un comunicado que una ley así socavaría los esfuerzos por alcanzar reformas en la ONU.
El subsecretario de Estado (vicecanciller) para Asuntos Políticos, Nicholas Burns, calificó el proyecto de inaceptable.
Depreciaría la credibilidad de Estados Unidos como uno de los principales miembros de la ONU. Disminuiría nuestra eficacia y no nos permitiría desempeñar el liderazgo que necesitamos para avanzar en la reforma, sostuvo Burns.
Pero las advertencias gubernamentales llegaron bastante tarde al tablero legislativo. Casi ningún legislador republicano profirió otra cosa que amenazas de retener la mitad de los 450 millones de aportes anuales de Estados Unidos a la ONU de no mediar reformas en la organización.
Hemos tenido suficientes dispensas, suficientes resoluciones, suficientes declaraciones. Es tiempo de hacer algo eficaz por la reforma, declaró Hyde.'
Entre los principales cambios reclamados en el proyecto figuran algunos ya aceptados por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, incluida la creación de mecanismos de control más fuertes tanto para el secretariado del foro como para las operaciones de paz, así como la clausura de algunos programas obsoletos o redundantes.
Pero otras reformas propuestas son más controvertidas y chocarían con la oposición de la mayoría, o virtualmente todos, los restantes países de la ONU.
El proyecto de ley exige, por ejemplo, que la ONU financie la mayoría de sus programas a través de contribuciones voluntarias de los países, más que por aportes obligatorios. Eso permitiría a los países más ricos, como Estados Unidos, elegir con qué programas contribuye.
También propone que los países que más aportan a la ONU tengan mayor peso en las decisiones presupuestarias. Ambas iniciativas requerirían reformar la Carta de las Naciones Unidas.
Además de las 39 reformas presentadas por Hyde, otros legisladores incluyeron más condiciones que tendrían menos posibilidades aún de ser aceptadas por el resto de la ONU.
Una de esas enmiendas indica que ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU deberá pagar aportes que quintupliquen los de cualquier otro miembro permanente. Estados Unidos responde por 22 por ciento del presupuesto del foro mundial, y China, con uno por ciento.
Otra enmienda obliga a la ONU a expulsar a cualquier país que haya cometido genocidio. Según la Carta de las Naciones Unidas, ningún país pierde su membresía bajo ninguna circunstancia.
Retener nuestros aportes a la ONU es un enfoque de la política exterior absolutamente equivocado, dijo Don Kraus, vicepresidente ejecutivo de la organización no gubernamental Ciudadanos por Soluciones Globales.
La propuesta de Hyde resta posibilidades de reforma y exacerba el aislamiento de Estados Unidos en la comunidad internacional. El Congreso debe poner fin a este enfoque de palo y zanahoria, advirtió Kraus.
Incluso una celebridad derechista como Newt Gingrich, ex presidente de la Cámara de Representante, se manifestó en contra de la iniciativa.
Como expresión del enojo de muchos estadounidenses hacia la ONU, es un enfoque comprensible, pero como regla general, se retinen fondos como última opción, no como la primera, dijo esta semana en una conferencia de prensa.
También manifestaron su rechazo ocho ex embajadores de Estados Unidos en la ONU, entre ellos la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, John Danforth, que actuó en este mismo periodo, y Jeane Kirkpatrick, que actuó durante el gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1988). (
