El gobierno español del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra entre los nacionalismos y la pared, tras la reelección este jueves del nacionalista Juan José Ibarretxe como presidente del País Vasco.
Zapatero afronta una situación difícil frente a los fuertes nacionalismos de las comunidades autónomas de Cataluña (noreste), País Vasco (norte) y Galicia (noroccidente), tres de las 17 que constituyen España. En unos casos, los reclamos condicionan la estabilidad del gobierno, y en otros está implicada la ruptura con España.
El gobierno autónomo catalán es presidido por el también socialista Pasqual Maragall, quien para ser designado debió constituir coalición con la Izquierda Republicana de Cataluña (IRC), que no sólo reivindica la independencia de esa comunidad sino que se ubica políticamente en el izquierdismo radical.
Como parte de la negociación que llevó a Zapatero al gobierno de España se inscriben esa situación de Cataluña y el apoyo de la IRC a su designación y a su gestión, expresado en los votos de sus diputados —en Madrid y en Barcelona, capital de Cataluña— cuando se requiere mayoría absoluta para aprobar una ley.
En el País Vasco la situación se presenta más complicada, por la existencia del grupo terrorista ETA y de su brazo político, con nueve de los 75 diputados de su Parlamento.
Tras nueve votaciones en el legislativo vasco en el que Ibarretxe y el postulante socialista Patxi López empataron votos, este jueves el nacionalista fue elegido gracias a dos sufragios del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), que suplantó en las elecciones a Batasuna —brazo político de ETA ilegalizado— y recibió de ésta un apoyo explícito.
La portavoz del PCTV, Nekane Erauskin, sostuvo que los votos de sólo dos de sus nueve legisladores fueron para exigir que Ibarretxe pase de las palabras a los hechos e impulse un plan soberanista, que ese partido entiende debe llevar a la autodeterminación e independencia del País Vasco.
Los nacionalistas, con mayor o menor rigor, según sean del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Ibarretxe o próximos, vinculados o pertenecientes a ETA, consideran que el País Vasco está conformado por las tres provincias que integran esa comunidad autónoma, más la de Navarra y tres departamentos franceses.
Lo que más preocupa al gobierno es el compromiso asumido por Ibarretxe de propiciar un diálogo con todos los partidos, incluyendo a Batasuna, dijo a IPS una fuente gubernamental.
Ibarretxe ha dicho que esa mesa de negociación debe incluir a quienes estando ausentes (del Parlamento) cuentan con la legitimidad social de representar a una parte significativa de la sociedad vasca.
Zapatero rechaza oficialmente negociar con quienes están fuera de la ley y ha planteado ante el Parlamento que aceptaría dialogar con ETA después de que ese grupo abandonara la violencia y renunciara expresamente a volver a utilizarla.
La negociación, según fuentes parlamentarias, se centraría en abrir las puertas para reintegrar a la sociedad a los etarras presos o prófugos de la justicia.
Por si quedaran dudas del compromiso independentista del nuevo gobierno vasco, la portavoz de Eusko Alkartasuna (EA), escisión del PNV y parte de la coalición gobernante, sostuvo tras la designación de Ibarretxe que no renunciaban a un Estado independiente y reunificado, una república vasca.
El tercer punto de fricción está en Galicia. Allí se espera el escrutinio de los votos de los gallegos residentes en el exterior, decisivos para determinar si en los comicios del domingo 19 triunfó el hoy gobernante y derechista Partido Popular (PP), con Manuel Fraga a la cabeza, o si éste será desplazado por una coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y del Bloque Nacionalista Gallego (BNG).
El BNG no se define por una postura tan radical como la catalana IRC, ni tiene peso en el parlamento nacional, pero integraría el gobierno gallego en caso de que los votos del exterior, que se escrutarán el lunes 27, quitaran la mayoría absoluta al PP.
En ese caso, el PSOE se encontraría con un gobierno rupturista en el País Vasco y con administraciones encabezadas por socialistas en Cataluña y Galicia, pero seriamente condicionadas por sus aliados nacionalistas. Como ya está ocurriendo en Cataluña, en todos los casos se fortalecerán las demandas independentistas o de ampliación de las facultades de autogobierno.
Ante ese panorama no extraña que en otras comunidades, como la meridional Andalucía, gobernada por el presidente del PSOE, Manuel Chaves, ya se estén presentando reclamos de mayor autogobierno y de un trato igualitario al que puedan recibir Cataluña o el País Vasco.
A esto se suma la crisis que sobrevino en la Unión Europea (UE) tras el rechazo a la Constitución del bloque en los referendos celebrados en Francia y Holanda, el 29 de mayo y el 1 de junio respectivamente.
A las demandas independentistas solía oponerse como principal argumento su contradicción con el creciente avance europeo hacia la supresión de las fronteras internas.
Ese avance acaba de sufrir un rudo revés, que llevó a una paralización del proceso de ratificación de la Constitución Europea, aunque se haya ampliado el plazo para futuras consultas populares.
Si la UE se quedara en la integración económica y no avanzara hacia la unificación política, se debilitaría el argumento contra los separatismos españoles.
Así, gobiernos como el español se encuentran hoy con el nacionalismo a un lado y un muro al otro, que por ahora no pueden saltar.
