La propuesta de creación de una comisión investigadora independiente sobre el abuso de prisioneros a manos de militares estadounidenses en el extranjero promete desatar otro tsunami sobre el Congreso legislativo en Washington.
La iniciativa, presentada en enero por el senador Joseph Biden, el principal representante del opositor Partido Demócrata en el poderoso Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta, casi no logró atención en los medios de comunicación.
Pero el proyecto podría ingresar en el Comité en las próximas dos semanas, dijo Biden, posible candidato a la presidencia para 2008, al participar el domingo en un programa televisivo, This Week with George Stephanopoulos.
Nadie muestra sorpresa por el amplio respaldo de la propuesta entre los legisladores demócratas. Pero fuentes parlamentarias indicaron que también podría obtener apoyo de varios republicanos moderados que integran el comité.
Al presentar el proyecto, denominado Ley para Apuntar contra los Terroristas con Más Efectividad 2005, Biden enfatizó en cláusulas referidas a la lucha contra el terrorismo más que en la creación de la comisión investigadora.
Pero la formulación de un panel independiente que hinque el diente en la actividad de militares hacia los prisioneros, resistida siempre por el presidente estadounidense George W. Bush, desatará un duro intercambio de misiles virtuales entre el Capitolio, sede del Congreso, el Pentágono, sede del Departamento de Defensa, la Casa Blanca, sede de la Presidencia, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Muchos activistas por las libertades civiles y los derechos humanos reclaman la constitución de una comisión por el estilo, entre ellos David Cole, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.
Una comisión independiente es clave, tanto para llegar al fondo del asunto como para demostrar al mundo de que somos serios en acabar con los abusos, dijo Cole a IPS.
Al contrario que las investigaciones realizadas por el Pentágono, la propuesta por Biden procuraría desvelar si hubo personas que establecieron políticas determinantes para las condiciones de abuso sufridas por los detenidos.
También analizaría las frecuentes diferencias de opinión entre los civiles del Pentágono y altos oficiales militares, y abarcaría todas las oficinas del gobierno, incluida la CIA.
La iniciativa de Biden implicaría la creación de una comisión nacional, con una estructura y facultades similares a las establecidas para investigar las condiciones que permitieron los atentados del 11 de septiembre de 2001, que acabó con 3.000 vidas en Nueva York y Washington.
La comisión examinaría el papel de funcionarios políticos en el desarrollo de directivas de inteligencia relacionadas con el tratamiento de detenidos durante las invasiones a Afganistán e Iraq, así como el impacto del abuso contra prisioneros a manos de personal estadounidense.
Debería funcionar una comisión independiente para analizar esto, no sólo lo de (la base naval estadounidense en el enclave cubano de) Guantánamo, sino también lo de (la prisión iraquí de) Abu Ghraib y el resto del sistema carcelario, sostuvo Biden.
La comisión, al igual que la denominada 9/11 por los atentados del 11 de septiembre de 2001, debería realizar recomendaciones al Congreso y difundir un informe público, agregó Biden.
Además, sostuvo el legislador, la prisión en Guantánamo —denominada hace poco por la organización humanitaria Amnistía Internacional como gulag de nuestros tiempos—, debería clausurarse.
Éste se ha convertido en el mayor instrumento de propaganda para el reclutamiento de terroristas en todo el mundo, y es innecesario, advirtió Biden.
Armado con facultades de convocatoria de testigos y su propio personal especializado, la comisión se integraría de 15 miembros, algunos de ellos militares en ejercicio y todos ellos ciudadanos con reconocimiento nacional y conocimientos profundos en materia de gobierno, inteligencia, asuntos policiales y relaciones exteriores.
El presidente del Senado, los líderes de la minoría de ambas cámaras y el de la mayoría de la de Representantes designarían cada uno tres miembros de la comisión. Los jueces generales del ejército, la marina de guerra y la fuerza aérea nombrarían a uno cada uno, según propone Biden.
La comisión contaría con nueve semanas para elevar su informe al presidente Bush y al Congreso legislativo.
El proyecto de ley propone también clarificar la política del gobierno estadounidense en torno del tratamiento a los prisioneros.
Es política de Estados Unidos tratar a todos los extranjeros capturados, detenidos, internados o en cualquier modalidad de custodia humanamente y de acuerdo con las obligaciones legales nacionales e internacionales, indica la iniciativa.
El proyecto menciona explícitamente la Convención contra la Tortura y las de Ginebra, base del derecho internacional humanitario que rige la protección de la población civil en el marco de conflictos armados y la de los prisioneros de guerra. (
