La ONU, grupos de derechos humanos y miembros del Congreso legislativo de Estados Unidos condenan secuestros, traslados extrajudiciales, detenciones indefinidas y torturas practicadas por agentes estadounidenses contra presuntos terroristas.
Las voces contra la guerra antiterrorista de Estados Unidos, lanzada luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, se multiplicaron en los últimos días.
Prohibir la tortura no es algo negociable, dijo el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Kofi Annan, en ocasión del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el 26 de este mes.
Esto incluye una absoluta prohibición a trasladar cualquier persona a otra jurisdicción donde hay razones para pensar que estará en riesgo de tortura, añadió Annan, en clara alusión a las prácticas de Washington.
El gobierno de Bush adoptó llamada política de rendition (traslados extrajudiciales) de detenidos a otros países para interrogarlos y torturarlos lejos de las restricciones legales de Estados Unidos.
Grupos defensores de los derechos humanos han documentado varios casos en que agentes estadounidenses trasladaron a personas a lugares donde los sometían a torturas sistemáticas.
Uno de los casos llamó la atención de la prensa el fin de semana, y puso a prueba las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Italia.
La justicia italiana pidió días atrás la detención de 13 funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense acusados de haber secuestrado a un clérigo egipcio en las calles de Milán y de haberlo trasladado en secreto a Egipto.
Hassan Mustafa Nasr, de 42 años, fue interceptado por agentes de la CIA en febrero de 2003 cuando se dirigía a una mezquita. Sus secuestradores le lanzaron una sustancia química a los ojos y lo metieron en una camioneta. Primero fue llevado a una base militar estadounidense en Alemania, y luego a Egipto.
El año pasado, Nasr fue liberado temporalmente y pudo comunicarse por teléfono con familiares y amigos. Les dijo que sus secuestradores lo habían torturado con descargas eléctricas en los genitales y que quedó sordo de un oído debido a los malos tratos. Luego volvió a desaparecer.
La acusación en Italia contra los agentes de la CIA fue la primera acción legal contra personal estadounidense por la guerra antiterrorista.
Autoridades de los dos países se niegan a hacer comentarios sobre el caso, mientras cada vez más organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos legales europeos expresan su repudio a este tipo de procedimientos de la CIA.
También critican la renuencia de Washington a permitir que observadores internacionales visiten prisiones como la de la base militar de Guantánamo, Cuba, donde permanecen recluidos unos 500 combatientes enemigos capturados durante las invasiones estadounidenses a Afganistán, en 2001, y a Iraq, en 2003.
El gobierno de Bush se niega a reconocerles el carácter de prisioneros de guerra, pero tampoco formula cargos penales contra ellos ni les permite defensa legal.
El viernes pasado, Amnistía Internacional pidió a Washington que abriera sus centros de detención en todo el mundo para que expertos de la ONU sobre tortura realizaran una investigación.
Estados Unidos no sólo está en falta por no efectuar una investigación propia, sino también por no permitir que expertos extranjeros en derechos humanos hagan una independiente, dijo la organización internacional en un comunicado.
Amnistía se unió al reclamo la semana pasada de cuatro expertos en derechos humanos de la ONU a quienes se negó acceso a la prisión de Guantánamo.
Ningún país está por encima de la ley, dijeron los expertos el 23 de este mes.
Annan señaló que la tortura es una práctica inaceptable que no puede ser tolerada en ninguna de sus formas y en ningún contexto, y subrayó el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, que en forma explícita prohíbe el traslado de personas a otras jurisdicciones para ser sometidas a apremios físicos.
Estados Unidos ratificó el tratado en 1994, pero el gobierno de Bush ahora arguye que su país afronta un peligro sin precedentes que lo obliga a adoptar medidas drásticas para enfrentar a un enemigo que viola todas las reglas de la guerra.
Amnistía consideró esencial realizar una investigación independiente y alertó que cuanto menos contacto tengan los detenidos con el mundo exterior mayor es el riesgo de que sean sometidos a tratos degradantes e inhumanos.
Asimismo, instó al Congreso estadounidense a designar una comisión independiente para investigar las políticas de detención e interrogatorio en la guerra antiterrorista y pida un consejo de expertos de la ONU para asegurar la imparcialidad del estudio ante los ojos del mundo.
La tortura no detiene el terrorismo. La tortura es terrorismo, señaló Amnistía.
El fin de semana, legisladores estadounidenses visitaron la prisión de Guantánamo. Algunos dijeron que se trataba de una vergüenza internacional para Estados Unidos, pero otros defendieron su existencia.
Nuestra posición es que, legalmente, (la prisión) puede permanecer en forma perpetua, afirmó días atrás el asistente del fiscal general, Michael Wiggins, en una audiencia ante la Comisión Judicial del Senado.
