Activistas de todo el mundo celebran la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos en la occidental zona sudanesa de Darfur, pero insisten en que las potencias de Occidente deben intervenir cuanto antes para poner fin a la violencia.
La actuación de la CPI, que podría llevar a juicio a altos funcionarios de gobierno de Sudán, está legitimada por la resolución sin precedentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 31 de marzo, que solicitó al tribunal con sede en La Haya que constatara si efectivamente se produjeron violaciones a los derechos humanos en ese país africano.
Es probable que la CPI tome como base las conclusiones de la Comisión Internacional de Investigación sobre Darfur, creada en octubre por el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
"La decisión de los fiscales de la CPI de investigar las masacres y violaciones masivas en Darfur hará que las ruedas de la justicia comiencen a moverse en favor de las víctimas de esas atrocidades", afirmó el director del Programa de Justicia Internacional de la organización Human Rights Watch, Richard Dicker.
"Como estado miembro de la ONU, Sudán está obligado a cooperar con la investigación de la CPI", añadió.
La comisión creada por Annan confirmó que se cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur desde 2003, y entregó documentos detallados sobre 51 sospechosos de ser responsables de la violencia, entre ellos varios funcionarios de Jartum.
Los problemas de Darfur comenzaron en los años 70 como una disputa entre nómadas árabes y agricultores de tribus negras.
La tensión se transformó en una guerra civil en 2003, cuando guerrilleros negros respondieron con violencia al hostigamiento de las milicias Janjaweed (hombres a caballo) al parecer apoyadas por el gobierno.
Entre 180.000 y 400.000 personas han muerto en los últimos dos años y medio ûla gran mayoría indígenas negros—, y otras 2,5 millones han sido desplazadas como consecuencia de una campaña contrainsurgente que incluyó bombardeos de parte del gobierno e incursiones de las milicias.
El anuncio hecho el lunes por el fiscal general de la CPI, Luis Moreno Ocampo, se produjo en el marco de crecientes llamados para detener la violencia.
El presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, anunció que los grupos insurgentes y el gobierno sudanés reanudarán las conversaciones de paz este viernes en Abuja, en vísperas de una visita a Darfur de Annan y de un equipo de alto nivel de la Unión Africana (UA), grupo continental que auspicia el proceso y que desplegó una misión observadora de unos 2.500 soldados y policías en la zona de conflicto.
Mientras, el gobierno de Estados Unidos, George W. Bush, presionado por congresistas tanto de su Partido Republicano como del opositor Partido Demócrata, intenta ampliar la presencia internacional en Darfur y lograr una coordinación logística con la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La semana pasada, el propio Bush calificó de "genocidio" la violencia en Darfur y reveló que mantenía contactos con el secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, y con el primer ministro de Canadá, Paul Martin, quien prometió enviar 100 soldados para operaciones logísticas en territorio sudanés.
Activistas señalaron que Washington y otros gobiernos occidentales deberían ofrecer más apoyo para detener cuanto antes la violencia.
Además, piden al Consejo de Seguridad de la ONU que conceda a la misión de la UA la autoridad para usar la fuerza en defensa de la población civil y le provea apoyo logístico. Esta misión, que llegará a estar integrada por apenas 12.000 soldados para fines de este año, es demasiado pequeña como para cumplir con su mandato en forma efectiva.
En Darfur se necesitará un mínimo de entre 12.000 y 15.000 efectivos para fines de julio, según el independiente Grupo Internacional de Crisis (ICG), que estudia conflictos bélicos en todo el mundo.
"Parece que la UA, con la mayor voluntad del mundo, será incapaz de desplegar una fuerza efectiva sin un apoyo internacional sustancial", dijo el presidente del ICG y ex canciller australiano Gareth Evans.
Sin embargo, Washington intenta minimizar la urgencia de la situación, a pesar de que Bush reconoció que se trataba de un genocidio. En conferencia de prensa antes de viajar a Sudán la semana pasada, el subsecretario de Estado, Robert Zoellick, expresó confianza en que Jartum podía manejar el conflicto.
"Creo que el gobierno (sudanés) está trabajando para encontrar una solución política", afirmó, y expresó confianza en que la investigación de la CPI presione a Jartum para que cumpla con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que lo instan a detener la violencia y desarmar a las Janjaweed.
El respaldo de Zoellick a la decisión de la CPI es significativo, teniendo en cuenta que el gobierno de Estados Unidos se ha opuesto a ese tribunal desde su creación, por considerar que amenaza su soberanía y libertad de acción.
Washington aceptó que el Consejo de Seguridad de la ONU encomendara el caso de Darfur a la CPI ante la inviabilidad de formar un tribunal especial de la UA.
Temerosos de que Washington no coopere con la investigación del tribunal, activistas pidieron a la administración de Bush que entregue toda la evidencia que posea sobre las atrocidades cometidas en Darfur.
Bush "debe garantizar que Estados Unidos hará todo lo posible para que los responsables sean llevados ante la justicia", afirmó el presidente de la organización no gubernamental estadounidense Ciudadanos por Soluciones Globales, Charles Brown.
