La cúpula del Ejército de Argentina sorprendió a propios y extraños este miércoles al pedir la derogación del indulto a los jefes de la dictadura militar (1976-1983), en busca de un segundo hito histórico tras la anulación de las leyes que habían dado impunidad a represores.
La anulación de los indultos tiene que ser el paso que sigue, dijo el jefe del Ejército, teniente general Roberto Bendini, un día después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucionales las leyes de punto final, de 1986, y de obediencia debida, de 1987.
Bendini consideró necesario juzgar y condenar a los máximos responsables de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas por la última dictadura militar. No sea cosa que queden presos los que eran subtenientes y en libertad quienes tuvieron la mayor jerarquía y responsabilidad en esos hechos, advirtió, en alusión a los comandantes en jefe de entonces.
Precisamente, los ex dictadores Jorge Videla y Eduardo Massera cumplen arresto domiciliario, pero no por torturas o desaparición forzada de personas sino por apropiación de menores, un delito probado años después de los juicios en los que fueron condenados y luego indultados junto a otros altos oficiales en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
La resolución del máximo tribunal representa un aval para medio centenar de causas contra militares, policías y civiles represores que habían quedado frenadas por las llamadas leyes del perdón. Se estima que en los próximos meses podrían ser citados a declarar como imputados alrededor de 500 de ellos.
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Bendini negó que la resolución cause malestar en el Ejército como alertaban previamente algunos analistas.
Para probar sus dichos explicó que en el marco de las causas que ya se reactivaron la justicia ordenó la detención de 89 miembros de esa fuerza de tierra y, sin embargo, no hubo ningún tipo de alteración ni conmoción, destacó.
Las secuelas de lo ocurrido en los años 70 sólo pueden ser solucionadas a través de la justicia, declaró el actual jefe del Ejército, el mismo que en 2004 se ocupó personalmente de descolgar el retrato de Videla de la sala de próceres del colegio militar, en cumplimiento de una orden directa del presidente Néstor Kirchner.
En igual sentido, el ex jefe de esa arma general retirado Martín Balza consideró que el dictamen de la víspera que destrabó los juicios a militares es ejemplar, pero admitió que personalmente espera aún la pronta anulación o declaración de inconstitucionalidad de los indultos a fin de poder terminar con un pasado al que calificó como oprobioso.
Balza, actual embajador en Colombia, ganó notoriedad ya a mediados de los años 90 al hacer pública una fuerte autocrítica en nombre del Ejército que en ese momento conducía por la participación en la represión ilegal.
El militar sostuvo entonces que nadie puede ser obligado a obedecer órdenes inmorales y ese criterio marcó una nueva orientación dentro del Ejército, protagonista de varios golpes de Estado a lo largo del siglo XX.
Para Balza, las leyes de perdón y los indultos contribuyeron a generar un estado de impunidad que persistirá mientras se mantengan vigentes los últimos. Falta ese paso todavía para eliminar definitivamente la impunidad, dijo.
Ningún dirigente de las organizaciones de los derechos humanos, ni familiares de víctimas ni ex presos políticos se habían atrevido hasta ahora a reclamar ese nuevo paso a la Corte Suprema de Justicia. Prefirieron dedicar la jornada a celebrar como un logro la anulación de las leyes y a anunciar la presentación de nuevas denuncias contra militares.
A pesar de que en primera y segunda instancias judiciales ya hay pronunciamientos de jueces y fiscales sobre la inconstitucionalidad de los indultos, estos planteos aún no llegaron a la Corte Suprema. Pero la reciente resolución generó un debate que anticipa una toma de posición inminente de ese máximo tribunal, orientada en el mismo sentido.
Kirchner, quien había celebrado la sentencia de la Corte, evitó mencionar una eventual marcha atrás con los indultos otorgados por Menem, ambos del mismo Partido Justicialista pero en las antípodas ideológicas.
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que nunca habló el tema con Kirchner y su par de Interior, Aníbal Fernández, opinó que el asunto es para estudiar con gran prudencia.
En este sentido algunos juristas ya admitieron la posibilidad de anular el perdón presidencial.
La misma línea de argumentación que utilizó la Corte para privar de efecto jurídico las leyes del perdón es aplicable a los indultos, sostuvo este miércoles Ricardo Gil Lavedra, que integró el alto tribunal que condenó a mediados de los años 80 a los ex jefes militares de la dictadura.
Del mismo modo opinó Víctor Abramovich, director del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina. No es cierto que este fallo se limita a las leyes del perdón, es una medida que sienta jurisprudencia para avanzar contra los indultos, explicó a IPS el experto, recién elegido miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
En los últimos dos años, al menos en tres casos los jueces federales consideraron que el indulto frena los procesos y resolvieron declarar su inconstitucionalidad. En uno de esos casos la Cámara Federal confirmó el fallo, y ahora se aguarda que las apelaciones de la defensa lleven el asunto a resolución del máximo tribunal.
En su sentencia sobre las leyes del perdón, los magistrados consideraron el martes que por tratarse de delitos contra la humanidad era necesario hacer pesar los tratados internacionales en la materia que han adquirido rango constitucional en Argentina.
Si nos comprometimos a cumplir tratados internacionales, tenemos que respetarlos y hacerlos efectivos, remarcó este miércoles Carmen Argibay, magistrada de la Corte Suprema de Justicia que fuera hasta hace pocos meses jueza del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
Para Argibay, los acuerdos no valen sólo por la firma y la declaración bonita y advirtió que su incumplimiento puede acarrear sanciones graves para el Estado.
Los procesos contra militares represores comenzaron en 1985 con el juicio y posterior condena de los máximos responsables de la dictadura, varios de ellos a reclusión perpetua.
Luego, los juicios a miles de uniformados que actuaron en la represión motivó una fuerte presión militar contra la aún frágil democracia, que se alivianó con el impulso de las leyes del perdón por parte del entonces presidente Raúl Alfonsín (1983-1989).
Esas normas que favorecieron a los militares subordinados, entre otros, fueron sancionadas por el Congreso en 1986 y 1987. Tres años después, Menem otorgó finalmente el indulto a los jefes militares condenados, a algunos oficiales que se habían sublevado contra Alfonsín y a unos pocos líderes guerrilleros sobrevivientes.
Con la polémica absolución, ningún militar quedó preso por violaciones a los derechos humanos hasta fines de los años 90, cuando las organizaciones defensoras de derechos humanos consiguieron abrir nuevas causas por un delito que había quedado fuera del proceso, como es la apropiación de niños secuestrados o nacidos en cautiverio.
Al conocer el fallo del máximo tribunal, Alfonsín volvió a justificar la necesidad que tuvo de avanzar con aquellas leyes de perdón, pero señaló que la cuestión sufre una evidente renguera porque los indultos permanecen incólumes, generando una sensación de injusticia.
Menem, por su parte, declaró que acepta la decisión de la justicia en materia de leyes de perdón y lo mismo haría si se fallara contra los indultos. Yo busqué la pacificación, ahora vamos a ver qué pasaà, sentenció enigmático.
