Construcciones ilegales encima de dunas, ríos contaminados por industriales inescrupulosos, fuegos atizados en bosques ancestrales y canteras en parques naturales son algunos de los crímenes contra el ambiente que se cometen en Portugal, esbozando el paisaje de una naturaleza herida de muerte.
La legislación castiga, pero abrir un proceso judicial presenta inmensas dificultades burocráticas, a lo que se une la carencia de medios de los policías fiscales ambientales de la Guardia Nacional Republicana (GNR), que raras veces ven su trabajo coronado por una condena ejemplarizante
La impunidad es casi total. Sentar en el banco de los reos a quien actúa al margen de la ley es muy poco frecuente. Lo habitual es sancionarle con una multa irrisoria en términos comparativos de lo que costaría a una empresa contaminante acatar las leyes ambientales. Es el caso para pensar que el crimen compensa.
Desde su creación en 2002, el Servicio Nacional de Protección de la Naturaleza y del Ambiente (Sepna) de la GNR abrió 488 procesos penales y pasó 26.954 multas. Entre los delitos más frecuentes se cuentan los incendios de bosques provocados, las canteras ilegales, la contaminación de los ríos y la caza, venta y posesión de animales protegidos.
Sólo en 2004, fueron decomisados más de 1.500 animales entre aves, reptiles, primates y hasta un elefante y un caimán
La diferencia entre pasar una multa y llevar a un infractor ambiental a tribunal, se debe a que es muy difícil abrir un proceso crimen, explica el capitán Jorge Amado, coordinador del Sepna.
Al revisar las cifras del ministerio de Justicia, esta opinión del oficial de la GNR es fácilmente corroborada, al indicar que muy pocos atentados ambiéntales son castigados por los tribunales.
Entre 2001 y 2003 se registraron 14.967 incendios forestales intencionales, pero sólo se lograron 29 condenas en tribunales. En 106 daños a la naturaleza, los jueces estimaron sancionar sólo seis, mientras que de los 194 reos por delito de contaminación 188 fueron absueltos de toda culpa.
Esta situación se ve agravada por la actitud de los gobiernos, acusa José Alho, presidente de la organización no gubernamental Liga para la Protección de la Naturaleza, al recordar que la política pública de ambiente sufrió retrocesos lamentables en los últimos años, citando los casos de falta de decisión en recursos hídricos, tratamiento de residuos y conservación de la naturaleza.
Alho recuerda que el año pasado, durante el gobierno conservador, el estatal Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICN) quedó sin recursos técnicos y financieros, llegando al punto de ver sus teléfonos cortados por falta de pago, dejó de enviar cartas por no tener dinero para sellos y los automóviles fueron inmovilizados por carencia de gasolina.
El gobierno del primer ministro socialista José Sócrates al parecer no se conmovió por esta precaria situación y para 2005, incluso redujo el presupuesto del ICN en 30 por ciento, convirtiendo el control del delito ambiental en cada vez más difícil.
En el septentrional río Ave, en cuyo valle se concentran las mayores empresas textiles portuguesas, el Sepna lanzó una gran operación en 2003, que concluyó con 160 procesos. El total de las multas aplicadas alcanzó a un millón de euros (1,3 millones de dólares), una cifra modesta comparada con la facturación de esas industrias, que en su mayoría continúan contaminando.
La contaminación llegó a tal nivel, que el Ave ya recibió el mote popular de río mártir porque, como dice la población local, basta mirar el agua para saber el color del vestuario que estará de moda, ironizó Antonio Andrade e Sousa, coordinador del Sepna en el norte del país en declaraciones a la prensa lusa..
En el mapa de los grandes crímenes ambiéntales cometidos en el norte de Portugal, se destacan también las 500 canteras dentro del área protegida de la Serra d´Aire e Candeeiros, que han transformado este otrora hermoso parque natural donde se pretendía conservar un ecosistema importante, en una naturaleza muerta de montes de piedras que alcanzan una altura de un edificio de tres pisos.
Otro daño grave al ambiente lo representan los incendios forestales, que también afectan a la economía del país, al causar un efecto negativo inmediato en dos sectores claves: el turismo y la poderosa industria del corcho, producto que se obtiene a partir de la corteza del alcornoque, uno de los árboles que más ha sufrido la devastación de los fuegos.
Se estima que en Portugal crece 80 por ciento de los alcornoques de todo el planeta y su industria transformadora controla 67 por ciento del comercio mundial de corcho.
Si bien los incendios forestales repercuten negativamente en la economía nacional, las industrias transformadores de maderas son las grandes favorecidas. Jamás se ha probado que estén detrás de estos atentados a la naturaleza y todo son presunciones basadas en cálculos simples.
Una tonelada de pino se cotiza a 44 euros (más de 57 dólares), pero el precio que las madereras pagan a los propietarios de piñales, grandes perdedores en este negocio forestal, baja a 12 euros (casi 16 dólares) cuando proviene de áreas quemadas. Sin embargo, como sostienen los ambientalistas, la peor pérdida, que no tiene precio, es para el ecosistema.
Por otra parte, el turismo constituye la principal industria captadora de divisas para Portugal, el país que en 2003 con el incendio de 425.716 hectáreas, obtuvo el primado de los mayores incendios forestales del continente europeo en los últimos 50 años, ahuyentando a miles de extranjeros atemorizados por los fuegos incontrolables.
El golpe de gracia lo dio en marzo de éste año la revista estadounidense Nacional Geographic, que colocó la región meridional de Algarbe entre los peores destinos turísticos del mundo, al ubicarla en el puesto 106 entre 115, superado en mala calidad ambiental sólo por las costas españolas del Sol y Brava.
Entre los fundamentos de Nacional Geographic para colocar Algarbe, la zona turística por excelencia del extremo sur de Portugal, en la lista de los 10 lugares donde hay que evitar pasar vacaciones, se cuentan el desarrollo incontrolado de la costa y la destrucción del ambiente natural con proyectos que pretenden capitalizar el mercado del turismo de masas.
En las últimas tres décadas, Algarbe ha sido sistemáticamente víctima del voraz apetito de las grandes inmobiliarias, que convirtieron uno de los paisajes más hermosos de Europa en playas rodeadas de altos edificios de hormigón, un lucrativo negocio donde los principales clientes son británicos, alemanes, holandeses y escandinavos.
Tras 30 años de duras críticas a lo que se describió como la cementación de Algarbe, la atención de los ambientalistas se centra ahora en las construcciones ilegales precarias que transformaron las dunas públicas de pequeñas islas arenosas en propiedad privada, ignorando el respeto por el ambiente debido a la erosión de la costa.
Luís Bras, miembro de la asociación ambientalista regional Almargem, advierte que, además de los problemas que ese escenario acarrea para el ecosistema de las dunas primarias, surge la cuestión de su dinámica. El peso de las construcciones interrumpió todo su proceso natural, impidiendo al sistema reajustarse.
En este momento, hay situaciones de grave erosión, lo que sumado a la subida de las aguas del mar, se corre el riesgo hasta de que las islas desaparezcan, apuntó el ambientalista.
Sin embargo, aquello que no se ve, tal como las crecientes emisiones de gases con efecto invernadero, puede ser el mayor de los delitos ambientales, sostuvo Carlos Pimenta, ex secretario de Estado de Ambiente del gobierno del primer ministro conservador Anibal Cavaco e Silva (1985-1995), en la actualidad director de varios proyectos de energías renovables
En recientes declaraciones a la prensa, el ex gobernante advirtió que las alteraciones climáticas son un problema gravísimo, más de cualquier otro, porque puede significar la inviabilidad de todo el país y es un fenómeno imprevisible.
Pimenta advirtió que, con la subida de las aguas del mar y con el aumento de los fenómenos extremos, de aquí a algunos años puede dejar de existir algo que proteger. (
