La banca privada de Venezuela, constituida por 53 instituciones que ganan unos 1.400 millones de dólares al año, deberá trabajar en un entorno más exigente, después de que el Banco Central redujo su margen de intermediación.
El instituto emisor y de reserva puso un techo de 28 por ciento anual para las tasas activas, que los bancos cobran por los préstamos que otorgan, y elevó las pasivas, que remuneran los ahorros, fijando un piso de 6,5 por ciento. Así, los depósitos a plazo ganarán al menos 10 por ciento.
La medida que abarata el costo del dinero se traducirá en mayor uso del crédito y estimulará la compra de viviendas y otros bienes duraderos, según especialistas consultados por IPS.
En Venezuela también rige un estricto control cambiario y son controlados los precios de productos esenciales y la base de la pirámide salarial.
Esos controles existieron en el pasado, y más de un gobierno los aplicó de manera simultánea, pero la administración de Hugo Chávez se ha hecho con otras palancas, como una fuerte presión tributaria y la disposición directa, sin pasar por el Banco Central, de divisas que ingresan al país por ventas de petróleo, en esta coyuntura internacional con precios récord.
Las medidas sobre el sistema financiero pueden verse como el inicio de un control más fuerte sobre la economía, pero sobre todo envían a la banca el mensaje de que debe trabajar en un entorno más controlado y más exigente para su gerencia, observó el analista financiero José Grasso, de la firma Softline Consultores.
Para mediados de año, el parlamento venezolano abordará reformas en la legislación bancaria que implicarán destinar parte de las carteras de créditos, de modo fijo, a la atención de sectores que el gobierno ha definido como prioritarios, destacó.
La cartera crediticia de la banca se ubicó en marzo en algo más de 10.000 millones de dólares (un tercio de sus activos), con tendencia a crecer, una cifra equivalente a 10 por ciento del producto interno bruto venezolano.
Para la agricultura debe destinarse 16 por ciento de la cartera, para el sector inmobiliario 10 por ciento y para el microcrédito 3 por ciento. Los borradores de la nueva ley prevén elevar el microcrédito hasta cinco por ciento y agregar hasta 10 por ciento para el turismo y quizá nuevos volúmenes para la pequeña y mediana empresa.
La banca privada ha trabajado en los últimos años con un índice promedio de intermediación (la diferencia entre lo que cobra por préstamos y lo que paga por depósitos) superior a 40 por ciento, después de remunerar ahorros con menos de cinco por ciento y cobrar entre tres y ocho veces más por los préstamos que concede.
El mensaje claro es que se debía bajar las altas tasas que cobraba, en particular por las tarjetas de crédito, que estaban en 37 por ciento, y lamento que se haya llegado a un nivel más razonable por la vía de la regulación, y no por decisión de la propia banca privada interesada en servir mejor a su público, comentó Grasso.
Otro economista, Pedro Palma, de la consultora Macroeconómica, estimó que la medida del Banco Central estimulará la cartera crediticia de la banca, reducirá sus ingresos por operaciones con tarjetas, pero permitirá expandir el crédito inmobiliario.
En Venezuela hay mucho espacio para estimular la demanda, y por consiguiente para estimular la actividad crediticia. La medida permitirá a familias de recursos económicos escasos, aunque no mínimos, adquirir viviendas, dijo Palma.
Venezuela tiene 25 millones de habitantes en 6,5 millones de núcleos familiares censados hace cuatro años y presenta un déficit de viviendas estimado en 1,5 millones de unidades. El gobierno aspira a que se construyan 200.000 en dos años.
Un problema estructural de la banca venezolana es que sus activos en créditos alcanzan 34 por ciento de sus activos, mientras que en títulos valores las colocaciones llegan a 37 por ciento, principalmente en papeles de deuda del Estado, pero con las nuevas medidas la cartera crediticia va a crecer, dijo Grasso.
El abaratamiento del dinero con los nuevos esquemas es una vía válida en la lucha para la superación de la pobreza, porque abre más puertas al microcrédito, estimó Grasso, pero todavía es un enfoque parcial, que atiende sólo al financiamiento con tasas preferenciales.
Según el especialista, se requieren medidas adicionales que mejoren el empleo y la disponibilidad de vivienda, de transporte y de rendimiento de los ahorros. Desarrollar los fondos de pensiones, por ejemplo, movilizaría masas importantes de recursos, como ha ocurrido en Chile, Colombia, México o Perú, opinó.
