El claro rechazo de la ciudadanía francesa al proyecto de constitución de la Unión Europea (UE) precipitó dos graves crisis políticas, una de carácter nacional y otra regional, sin solución sencilla a la vista.
Con su decisión en el referéndum del domingo, los franceses repudiaron al presidente Jacques Chirac y a su gobierno derechista, dijo a IPS Hélène Miard Delacroix, profesora de Ciencias Políticas de la universitaria École Normal Superieur de Lyon.
Pero también rechazaron a los grandes partidos políticos y a los medios de comunicación masiva, que habían urgido unánimemente a aprobar la constitución, sostuvo Delacroix.
El rechazo francés al Tratado Constitucional abrió un periodo de alarma e incertidumbre sobre el futuro de las instituciones de la UE, según Delacroix.
El proceso de ratificación o rechazo en otros países continuará hasta el año próximo, pero las autoridades europeas no pueden ignorar la decisión francesa, afirmó.
El europarlamentario socialista francés Henri Weber coincidió con esa postura. Estoy seguro de que todos los miembros de la UE trabajarán juntos para encontrar una salida a este atolladero, dijo el legislador a IPS.
Sin embargo, los encuestadores prevén un crecimiento de la oposición al tratado constitucional en todo el continente.
Este miércoles se celebrará el referéndum al respecto en Holanda, y las encuestas señalan un fuerte voto negativo, así como las realizadas en Dinamarca, donde la ciudadanía decidirá a fines de año.
Hasta el revés francés, nueve de los 25 países de la UE, los cuales concentran 49 por ciento de la población del bloque, habían aprobado la carta, ya sea en consultas populares o por decisión de los gobiernos o parlamentos.
Más de 55 por ciento de los votantes franceses rechazaron la constitución en el referéndum del domingo. Más de 70 por ciento de los ciudadanos habilitados acudieron a las urnas, una participación récord en comicios europeos.
Los 25 países acordaron el año pasado el texto de Tratado Constitucional que elaboró la Convención Europea, órgano dirigido por el ex presidente francés Valery Giscard D'Estaing.
Entre otras cosas, el proyecto establece un sistema de doble mayoría para tomar decisiones en el Consejo Europeo (la cumbre del bloque), según el cual se requerirá el voto de 55 por ciento de los países miembros, pero de modo que reúnan 65 por ciento de la población total.
Encuestas sugieren que la mayoría de los franceses se opusieron a la propuesta porque la consideran un instrumento de la desregulación y la liberalización económica.
Buena parte de los que mantuvieron esa posición perciben que la UE no logró elevar el empleo ni alentar el crecimiento de la producción.
Desde la creación de una unión monetaria en enero de 2002, con la instauración del euro, todo se ha encarecido, dijo a IPS el periodista Olivier Schneid.
No es necesario ser un experto para advertir que hoy se compran menos cosas con 20 euros que con el equivalente en francos hace cuatro años, sostuvo.
Otro elemento que alentó el voto contrario fue el alto desempleo —que abarca a 10 por ciento de la fuerza de trabajo francesa— y la pérdida de fuentes de producción manufacturera, atribuida por muchos a la ampliación de la UE hacia el este y el sur de Europa.
Para numerosos expertos, una explicación del resultado del domingo es el rechazo al objetivo establecido en el artículo 1.3 de la constitución y repetido 40 veces en sus 448 artículos: la UE debe ser un mercado interno donde la competencia es libre y sin distorsiones, según el texto.
Un poderoso símbolo negativo de esta competencia libre y sin distorsiones fue la propuesta en materia de servicios elevada en enero por el comisario de Mercado Interno de la UE, Frits Bolkestein, a la Comisión Europea, rama ejecutiva del bloque.
La denominada directiva de Bolkestein permitiría a una empresa aplicar en todas sus filiales de la UE los estándares de protección y condiciones laborales vigentes en el país en que esté instalada con normas menos exigentes al respecto.
El gobierno francés se vio obligado a rechazar la directiva de Bolkestein por la presión popular.
El no a la constitución europea incluyó prácticamente todas las áreas del territorio francés, y fue más estridente en aquellas con fuerte tradición industrial y obrera.
En la localidad nororiental de Nord-Pas de Calais, donde el desempleo asciende a 15 por ciento, el rechazo se elevó a casi 70 por ciento y en algunas ciudades cercanas llegó a 85 por ciento.
El tratado constitucional debía entrar en vigor en noviembre del año próximo. En caso de rechazo por parte de uno o más países, el Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea deben proponer un procedimiento alternativo.
Un funcionario del gobierno francés explicó que los jefes de Estado y de gobierno podrían imponer ciertos aspectos de la constitución que no requieren aprobación popular para así mejorar la eficiencia institucional de la UE.
El Consejo Europeo podría nombrar un presidente de la UE para el mandato previsto por la constitución, de dos años y medio, añadió. Esa figura sustituirá la presidencia rotativa semestral hoy en vigor. De igual modo, el Consejo Europeo podría designar un ministro de Relaciones Exteriores.
Pero será imposible poner en práctica otras modificaciones de las estructuras comunitarias establecidas en el proyecto, como la revisión del peso de votación de los diversos países del bloque.
El presidente Chirac admitió luego del referéndum que el rechazo del tratado constituía un voto de protesta contra su gobierno derechista, y ahora se apresta a reformular su gabinete.
El cóctel de descontento alienta a dirigentes de todos los sectores a reclamar cambios políticos radicales.
François Bayrou, líder del liberal Unión Democrática Francesa, urgió a Chirac a convocar elecciones parlamentarias. El compromiso de reformulación del gabinete no es suficiente, advirtió.
El resultado del referéndum tendrá consecuencias también dentro del opositor Partido Socialista, algunos de cuyos dirigentes, como el ex primer ministro Laurent Fabius, se desalinearon de la postura oficial en favor de la constitución europea. (
