Las elecciones parlamentaria etíopes previstas para este domingo serán distorsionadas por la extendida represión en la central región de Oromia, habitada por miembros de la etnia oromo, que es un tercio de la población del país, sostuvo en un estudio la organización no gubernamental humanitaria estadounidense Human Rights Watch (HRW).
El informe, lanzado el martes, tiene 44-páginas y se titula Suprimiendo el disenso: violaciones de los derechos humanos y represión política en la región Oromia de Etiopía.
HRW, con sede en Nueva York, sostiene que la represión busca amedrentar a los ciudadanos para incidir en el resultado de los comicios, que serán los terceros multipartidarios en la historia del país. Eso continúa la tendencia del gobierno durante la última década a solidificar su control sobre el poder mediante el castigo a los disidentes e intimidar a los demás para que guarden silencio.
Suprimiendo el disenso… contiene testimonios sobre tortura, detención sin juicio y hostigamiento a críticos del gobierno y otras personas, que los funcionarios típicamente llevan a cabo como si se tratara de parte del combate contra el insurgente Frente de Liberación Oromo,
Ese grupo rebelde desarrolla desde 1992 lo que HRW describe como una ineficaz lucha armada en Oromia. El Frente de Liberación formó parte del gobierno de transición instalado en Etiopía tras la caída del dictador Mengistu Haile Mariam en 1991, y ahora demanda autodeterminación y una mayor porción de los recursos naturales para el territorio de los oromo.
HRW también expresó su preocupación por el establecimiento en zonas rurales de organizaciones llamadas garee (grupo en lengua oromo), cuya intención declarada es la asistencia al desarrollo, y que según el informe se dedican a cavar letrinas, reparar caminos y otras tareas similares, con una participación de la población local que no parece ser estrictamente voluntaria, aunque en Etiopía está prohibido el trabajo forzado.
Aun más grave, según el grupo humanitario, es que esos grupos son empleados para espiar a los ciudadanos, aprovechando que su cantidad relativamente pequeña de integrantes permite a los funcionarios vigilarlos de cerca.
Desde septiembre, el gobierno ha organizado a las comunidades en grupos de 30 familias, con la intención de reunir información sobre ellas, controlar sus movimientos y registrar cualquier reunión que realicen, dijo en Nairobi el martes a periodistas Christopher Albin-Lackey, investigador de HRW.
El garee también es usado para obligar a la población a asistir a actividades llamadas encuentros comunitarios, que son en realidad mitines del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, gobernante desde 1991.
Quienes no asisten a esas reuniones son multados, y según denuncias divulgadas por HRW, en febrero las autoridades interrumpieron durante un día entero el suministro de agua a una aldea llamada Tokke, porque algunos de sus habitantes se habían negado a participar en un encuentro comunitario.
Es frecuente que haya dos de esos mitines por semana. Sin duda, el gobierno usa este tipo de trucos como una herramienta para mantener su control político sobre las áreas rurales, afirmó Lackey.
Los maestros también son presionados, para que vigilen a sus alumnos e informen sobre cualquier indicio de apoyo al Frente de Liberación
La policía dijo que yo no había entrado a la escuela para educarme, sino para hacer política, relató una mujer de 19 años citada en el informe, que fue arrestada en agosto de 2004.
Me obligaron a quitarme todo menos la ropa interior, y empezaron a patearme. Pusieron el caño de una pistola dentro de mi boca y dijeron que iban a matarme, detalló.
El Frente Democrático Revolucionario asegura que las denuncias recogidas por HRW son falsas.
Este gobierno ha hecho mucho, especialmente por el proceso de democratización, dijo a IPS en Nairobi el subjefe de la misión diplomática etíope en Kenia, Ajebe Ligaba.
Hay abundante espacio democrático y la gente puede reunirse y hablar de política como desee, tanto en las áreas urbanas como en las rurales, sin ser perseguida, arguyó.
Unos 35 partidos se presentarán a las elecciones de este domingo, en las que están habilitados para votar 25 millones de personas, en un país con 74-millones de habitantes. La mayoría de esos partidos integran de las tres grandes coaliciones que participan en la vida política etíope: el gobernante Frente Democrático Revolucionario, la coalición por Unidad y Democracia, que es el principal grupo opositor y las Fuerzas Democráticas Etíopes Unidas.
A fines del mes pasado, grupos opositores denunciaron que sus integrantes eran encarcelados o asesinados por el gobierno, al que también acusaron de entorpecer el desarrollo de mitines en su contra y de varios otros delitos. Las acusaciones fueron rechazadas por el ministro de Educación, Bereket Simon.
El primer ministro Meles Zenawi alega, por su parte, que los partidos opositores explotan las divisiones étnicas en sus campañas electorales, y sostuvo que esa estrategia puede causar una catástrofe en el país. Zenawi es miembro del minoritario grupo étnico tigray.
Habrá observadores locales e internacionales en los comicios, entre ellos 150 de la Unión Europea, pero seis observadores estadounidenses fueron expulsados de Etiopía en marzo, al parecer porque carecían de permisos de trabajo en regla.
HRW expresó su convicción de que se ha creado en Etiopía un clima de miedo y desconfianza que ensombrece en última instancia la legitimidad de las elecciones.
Nadie duda de cuál va a ser el resultado de los comicios. Para muchas personas, puede ser sólo un ejercicio vacío, comentó Lackey. (
