Un tribunal de Estados Unidos determinó que la Casa Blanca no está obligada a entregar documentos a organizaciones de la sociedad civil que denunciaron la influencia de grandes empresas en el grupo de trabajo del vicepresidente Richard Cheney sobre la política energética nacional.
La organización ambientalista Sierra Club y Judicial Watch, un grupo de presión legal, pidieron acceso a los documentos en una demanda judicial en la que acusaron a Kenneth Lay, entonces presidente de la firma de energía Enron Corp., y a otros ejecutivos y cabilderos de empresas de influir indebidamente en ese grupo de trabajo.
El panel, presidido por Cheney, produjo un informe que pidió exoneraciones fiscales para empresas de energía, más perforaciones de yacimientos de gas y petróleo en tierras antes protegidas, y cambios normativos para promover la generación de energía nuclear.
Ese informe fue la base de un proyecto de ley sobre energía que actualmente está a consideración del Congreso legislativo.
En una decisión largamente esperada que puso fin a cuatro años de disputas legales, la corte federal de apelaciones de Washington, DC, ordenó el martes a un tribunal inferior que desestimara la demanda planteada por las dos organizaciones.
En apariencia, la sentencia puso fin a una prueba de la capacidad de organizaciones de la sociedad civil para exigir la revelación de documentos de la Casa Blanca y asegurarse así el acceso a futuros grupos de trabajos que asesoren a la presidencia sobre asuntos clave.
La corte de apelaciones aceptó el argumento del gobierno de que se había consultado a actores privados pero éstos no integraron el panel oficialmente, por lo tanto no son aplicables a esas consultas las leyes que exigen la divulgación pública de documentos.
Al tomar decisiones sobre personal y políticas, el presidente debe ser libre de procurar información confidencial de diversas fuentes, tanto dentro como fuera del gobierno, arguyó el juez Raymond Randolph en la sentencia del tribunal, integrado por ocho magistrados.
Esta decisión se esperaba desde junio de 2004, cuando la Corte Suprema se negó a exigir la revelación de los registros del grupo de trabajo sobre energía y derivó el caso a la corte de apelaciones.
Sierra Club y Judicial Watch afirmaron que Cheney, ex director general de la empresa de energía y construcción Halliburton Co., elaboró una política que favoreció intereses industriales al consultar a ejecutivos y excluir a ambientalistas y otros grupos de ciudadanos.
La administración de (George W.) Bush logró excluir al público y que los intereses industriales y empresariales prevalezcan, lamentó Carl Pope, director ejecutivo de Sierra Club.
Las organizaciones demandantes también advirtieron que la sentencia tendrá un efecto muy negativo en el acceso del público a información importante.
El pueblo estadounidense tiene derecho a saber si cabilderos corporativos integraron de hecho el grupo de trabajo sobre energía, protestó Tom Fitton, presidente de Judicial Watch.
Por otra parte, la oficina de Cheney aplaudió la decisión porque, a su criterio, preserva el principio constitucional que permite a los presidentes procurar asesoramiento confidencial sobre asuntos clave.
Mientras, Halliburton, acusada de despilfarro y fraude por sus negocios en Iraq, recibió cuestionamientos del propio gobierno por su incapacidad para rehabilitar campos petroleros en ese país del Golfo.
La compañía que Cheney dirigió entre 1995 y 2000 firmó contratos por 8.200 millones de dólares con el gobierno de Estados Unidos para brindar diversos servicios a las fuerzas en el país del Golfo, además de reconstruir la infraestructura petrolera iraquí.
Auditores militares y del Congreso legislativo estadounidense advirtieron ya el año pasado que Halliburton ganó millones de dólares mediante sobrefacturación.
Según organizaciones civiles como Halliburton Watch, la empresa fue beneficiada por contratos asignados sin licitación por el gobierno estadounidense gracias a sus contactos con políticos del Partido Republicano, entre ellos Cheney, que, aseguran, aún recibiría 150.000 dólares anuales de la firma. (
