Con una huelga y una multitudinaria marcha callejera, maestros, profesores y estudiantes de Argentina protestaron este viernes en Buenos Aires por el agonizante estado de la educación pública y reclamaron una nueva ley de financiamiento educativo.
Convocados por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miles de educadores paralizaron sus actividades en escuelas públicas de todo el país y marcharon hacia la sede del Congreso legislativo para exigir una ley que eleve el presupuesto educativo de cuatro a seis por ciento del producto interno bruto (PIB) en tres años.
La manifestación coincidió con el clímax de los reclamos de estudiantes de escuelas secundarias de la capital. El jueves, muchos edificios escolares fueron ocupados por alumnos protestando por malas condiciones edilicias y de salubridad, como falta de agua y de gas, plagas de roedores y paredes y techos deteriorados o ruinosos.
La justicia legitimó la protesta al clausurar uno de los edificios, el del Colegio Normal 9, dependiente del gobierno de la ciudad, en el que una pericia judicial efectuada por los bomberos comprobó riesgo de desmoronamiento, peligro de electrocución, falta total de higiene y de extintores de incendios.
La escuela se derrumba, y esto no es una metáfora, dijo a IPS Susana Morales, madre de uno de los estudiantes del Colegio Mariano Acosta, otra institución de enseñanza secundaria. Durante una reunión de padres celebrada esta semana en una de las aulas, se desprendió un trozo del techo, relató Morales.
La protesta de la CTERA coronó una semana de reclamos dispersos por la escasa inversión estatal en educación. En lugar de denunciar las fallas edilicias o la pérdida salarial, la movilización apuntó a una cuestión estructural que, según los sindicatos, es la causa del deterioro de las condiciones para estudiar y enseñar.
Los educadores responsabilizan de la situación a la Ley Federal de Educación, promulgada en abril de 1993, que transfirió escuelas nacionales a la jurisdicción de las provincias y fragmentó programas educativos, además de provocar una correspondiente desarticulación salarial entre diferentes distritos.
Niñas, niños y adolescentes no sólo aprenden sobre diferentes programas y contenidos en cada provincia del país, sino que un maestro de escuela primaria en la norteña provincia de Chaco percibe un salario mensual de 340 pesos (113 dólares), mientras un colega de la austral Santa Cruz cobra 880 pesos (unos 303 dólares).
En escuelas provinciales con cientos de alumnos sólo se cuenta con una o dos letrinas, en otras no hay bancos, y en muchas falta personal de limpieza, maestros para asignaturas especiales, equipos de computación, libros y otros materiales.
Esa política desigual, resistida por los docentes en los últimos 10 años, colocó a las escuelas en estado de agonía, dijo a IPS el secretario general de CTERA, Hugo Yasky. Así como el modelo económico neoliberal de los años 90 estalló a fines de la última década, ahora lo que colapsó es el modelo educativo, dijo el sindicalista.
El Estado nacional debe volver a tener un papel integrador y debe ser corresponsable junto con los gobiernos provinciales de los salarios y las inversiones que se hacen en educación, sostuvo Yasky. De lo contrario tendremos que seguir tolerando esta insoportable desigualdad educativa y social, opinó.
A medida en que se fue deteriorando la situación económica y social en la década de 1990, las escuelas comenzaron a emitir señales de alarma. Miles de niños llegaban a clases con hambre y se desmayaban ante los maestros, un fenómeno que decidió a numerosas escuelas a incorporar colaciones y almuerzos en la jornada escolar.
Luego de 2001, la pobreza creció hasta abarcar a más de la mitad de los 37 millones de habitantes, y cedió levemente en los últimos dos años.
En virtud de la ley federal, el Ministerio de Educación de la Nación no tiene a su cargo escuelas ni docentes, y debe asistir inerme a los conflictos que surgen periódicamente en las provincias por el retraso en los pagos de salarios a los docentes. En algunos casos, las huelgas duran varios meses, durante los cuales no se dictan clases.
La CTERA reclama al Congreso una nueva ley que aumente las partidas para educación en el presupuesto, que devuelva al Estado nacional el papel coordinador que supo tener, y que restablezca la igualdad salarial de maestros y profesores en todo el país.
El gobierno de Néstor Kirchner, en el poder desde 2003, está de acuerdo en la necesidad de aumentar el presupuesto educativo a seis por ciento del PIB, pero de manera paulatina, hasta 2010.
El ministro de Educación, Daniel Filmus, explicó que su cartera se proponía la obligatoriedad de la educación inicial y garantizar que una mayor proporción de adolescentes finalice la enseñanza media, con una exigencia creciente hacia los alumnos y también hacia los docentes.
Filmus admite que los resultados educativos son muy dispares entre unas provincias y otras y que el Estado debería recuperar en parte las herramientas para intervenir mediante parámetros unificados de exigencia y de compensación financiera.
Yasky consideró que la protesta no es contra el gobierno sino para acelerar el diálogo entre la administración y los docentes, a fin de poner en marcha los proyectos que permitan elevar los recursos y la calidad de la enseñanza en el menor plazo posible.
