Diplomáticos de la ONU y organizaciones de derechos humanos criticaron la política de Estados Unidos y otros países occidentales de transferir sospechosos de terrorismo a países que torturan a sus prisioneros en forma rutinaria.
Si se realiza la ambiciosa propuesta de (el presidente estadounidense George W.) Bush de convertir los regímenes autoritarios del mundo en democracias multipartidarias, Estados Unidos se quedará sin países donde los prisioneros puedan ser torturados impunemente, comentó con sarcasmo un diplomático de Asia en la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Hasta entonces, debemos nombrar y avergonzar a los gobiernos que tercerizan la tortura, exhortó.
Una coalición de ocho grupos internacionales de derechos humanos hizo precisamente eso al condenar el jueves a siete países de América del Norte y Europa por su política de entrega de prisioneros.
Los siete países son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Austria y Suecia, según una declaración de ocho organizaciones no gubernamentales, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Asociación para la Prevención de la Tortura.
Los países identificados transfirieron sospechosos de terrorismo a Egipto, Marruecos, Siria, Jordania, Yemen y Uzbekistán, basándose en lo que denominan garantías diplomáticas de trato humano, pero con alto riesgo de tortura para esas personas.
Los países receptores son todos candidatos de Washington a la democratización, se cuentan entre los peores violadores de derechos humanos del mundo y fueron elegidos para someter a los sospechosos a enérgicos métodos de persuasión considerados ilegales en Estados Unidos, afirmaron los grupos.
A través de esta política de entrega, los siete países identificados violan la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señalaron las organizaciones de derechos humanos.
La prohibición jurídica internacional de la tortura y otros malos tratos es absoluta, e impide trasladar a una persona, cualquiera que sea su delito o presunta actividad, a lugares donde esté expuesta a sufrir tortura o malos tratos. Esta obligación se conoce como principio de no devolución, y no se permiten excepciones en su aplicación, ni siquiera en tiempos de guerra o emergencia nacional, dice la declaración.
Ante esta prohibición absoluta, muchos gobiernos que realizan esos traslados los justifican aludiendo a garantías diplomáticas de que el país receptor no torturará al detenido repatriado.
Pero las organizaciones suscriptoras de la declaración opinan que las garantías diplomáticas no constituyen una salvaguardia efectiva contra la tortura y otros malos tratos, y de hecho, cada vez hay más indicios de que las personas devueltas a estados que torturan son, en efecto, torturadas, a pesar de las garantías diplomáticas.
Los casos más citados son los de Maher Arar, un ingeniero sirio-canadiense, y Mamdouh Habib, un egipcio con ciudadanía australiana.
Arar fue detenido como sospechoso de terrorismo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, adonde llegó en tránsito hacia Canadá, y luego transferido a Siria. Tras su liberación, Arar denunció que fue sometido a brutales interrogatorios.
En tanto Habib, otro sospechoso de terrorismo, acusó a Estados Unidos de haberlo torturado en su base militar de Guantánamo, Cuba, y afirmó que luego fue golpeado en prisión en Egipto, adonde fue transferido.
Human Rights Watch documentó 63 casos de traslado de presuntos radicales islámicos a Egipto, donde fueron detenidos e interrogados. La práctica data de 1994, pero se aceleró desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, que Estados Unidos atribuyó a extremistas musulmanes.
El número total de sospechosos enviados a Egipto podría ascender a 200, advirtió la organización.
La coalición firmante de la declaración llamó a la acción al Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura a tomar medidas en su próxima sesión del día 20 en Ginebra, dijo a IPS Veronika Szente Goldton, de Human Rights Watch.
Los grupos firmantes instaron a la comunidad internacional a reafirmar la naturaleza absoluta e intangible de la prohibición de la tortura y a declarar que las garantías diplomáticas en relación con la tortura no son fiables.
Asimismo, exhortaron a rechazar todo intento de establecer normas mínimas para el uso de garantías diplomáticas contra el riesgo de tortura y otros malos tratos, que es incompatible con la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, incluido el principio de no devolución, recogido en el derecho internacional.
