La ley que regirá la emisión de licencias de conducir de Estados Unidos representa un retroceso para la privacidad individual y la seguridad pública, y agravará la discriminación contra inmigrantes y solicitantes de asilo, según activistas.
Las gestiones de último momento para frenar la nueva ley fracasaron el martes, cuando el Senado votó por la unanimidad de los 100 legisladores presentes los nuevos requisitos, entre ellos la creación de una tarjeta electrónica de identidad estandarizada como registro de conductor.
La Real ID Act (Ley de Identidad Real, en inglés) será promulgada por el presidente George W. Bush este mismo mes, según se prevé.
La Cámara de Representantes había aprobado la cláusula la semana pasada, inmersa en una ley de emergencia que asignaba 82.000 millones de dólares a las operaciones militares en Iraq y en Afganistán.
En esa norma, también se incluyen aportes financieros a operaciones antiterroristas y de asistencia a los damnificados asiáticos por el tsunami de diciembre.
Los impulsores de la ley consideraron que su objetivo es asegurar las fronteras impidiendo que los inmigrantes ilegales obtengan licencias de conducir.
Los secuestradores de los aviones con que se realizaron los atentados del 11 de septiembre de 2001, que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y en Washington, llevaban licencias válidas, argumentan.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el oficialista James Sensenbrenner, dijo que la nueva ley obliga a los estados a verificar cuatro documentos antes de emitir una licencia de conducir.
Dar licencias a cualquiera, sin importar si son (residentes) legales o ilegales, es una invitación abierta para que terroristas o criminales saquen provecho, dijo Sensenbrenner.
Organizaciones como la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y la Conferencia de Líderes sobre Derechos Civiles (LCCR) replicaron que la ley es represiva y constituye un retroceso en materia de asilo.
La Ley de Identidad Real no hará de Estados Unidos un país más seguro, sino que abrirá la puerta a una discriminación generalizada, creará pesadillas burocráticas y socavará la seguridad pública al aumentar la cantidad de conductores sin permiso en nuestros caminos, dijo el director ejecutivo de LCCR, Wade Henderson.
No redundará en una mayor seguridad. De hecho, los sospechosos de terrorismo ya pueden ser excluidos del asilo, por lo que hay pocas razones para endurecerle las normas al resto, agregó.
Le ley dará a los estados plazo hasta mayo de 2008 para imponer rigurosos requisitos a la obtención de licencia, entre los que figura demostrar que el aspirante es residente legal en este país.
Estos documentos son aceptados como medio de identificación en todo el país, incluso para adquirir pasajes de tren o avión y para abrir una cuenta bancaria.
Los estados podrán emitir licencias de segunda clase, válidas por apenas un año y sin validez a los efectos de identificar a su titular.
Luego de que los promotores de la norma la adjuntaron a la ley de presupuesto militar, su aprobación quedó garantizada. Eso no impidió a varias organizaciones defensoras de los derechos civiles, los inmigrantes y la privacidad manifestar alarma.
Activistas preocupados por la privacidad y la vigilancia tecnológica lanzaron la semana pasada la campaña Detener la Ley de Identidad Real. La norma creará, dicen, un sistema maduro para el robo de identidad, con lo que coincidió la ACLU.
El nuevo sistema implicaría la instalación de una base de datos federal con información personal recogida en los 50 estados. Las nuevas licencias también podrían ser leídas por máquinas e incluirían chips de radiofrecuencia rastreables electrónicamente.
También cuestionaron la ley los principales dirigentes de la Asociación Nacional de Gobernadores, la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, la Asociación de Administradores de Vehículos a Motor y el Consejo de Gobernadores de Estados.
Estas instituciones rechazaron la norma en una carta enviada al líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, un republicano del estado de Tennessee, y al líder de los demócratas en el Senado, Harry Reid, de Nevada.
Los gobernadores y legislaturas estaduales consideraron que la ley no ofrece el mejor modo para cumplir con el objetivo de elevar el nivel de seguridad.
Gobernadores y activistas consideran llevar sus cuestionamientos a los tribunales. (
