La fiscalía colombiana decidió este miércoles no otorgar la excarcelación al político liberal Alberto Santofimio, acusado de incitar en 1989 el asesinato de su correligionario Luis Carlos Galán, entonces favorito para ganar las elecciones presidenciales del año siguiente.
La fiscalía dictó medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación a Santofimio, por lo cual el político no podrá obtener libertad bajo fianza y permanecerá preso hasta que concluyan las investigaciones o un juez lo declare inocente.
Santofimio fue detenido el 12 de este mes, acusado de haber incitado al extinto narcotraficante Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, a asesinar a Galán.
Pablo, mátalo. Si él es presidente te extradita, había dicho Santofimio a Escobar, según la acusación de un testigo presencial, el sicario y ex secretario personal del jefe narco, John Jairo Velásquez, alias Popeye, quien purga 20 años de prisión desde 1991.
Santofimio se declaró el viernes inocente de los cargos. El político fue ministro de Justicia, senador y presidente de la cámara baja, e integró hasta mediados de los años 90 la dirección del Partido Liberal. Pero pasó cuatro años en prisión, desde diciembre de 1995, por aceptar sobornos del cartel de narcotraficantes de Cali, en un escándalo que también salpicó al presidente Ernesto Samper (1994-1998).
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Galán fue asesinado en plena plaza pública el 18 de agosto de 1989 en Soacha, municipio al sur de Bogotá, frente a miles de manifestantes que lo vitoreaban. El crimen permanece impune.
El carismático candidato levantaba entre sus banderas la extradición de narcotraficantes reclamados por la justicia de Estados Unidos.
Por entonces, los jefes narcos aterrorizaban al país con ataques explosivos y asesinatos, en una campaña destinada a evitar sus extradiciones. Habían formado el grupo Los Extraditables, cuyo lema era Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos.
En reacción a la muerte de Galán, el entonces presidente Virgilio Barco (1986-1990) estableció por decreto las extradiciones por vía administrativa.
La extradición a Estados Unidos sigue siendo asunto central en la política colombiana, marcada por un conflicto interno de más de cuatro décadas.
Las extradiciones por cargos de narcotráfico de varios jefes de las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) penden como espada de Damocles sobre las negociaciones secretas que mantiene el gobierno de Álvaro Uribe con estos grupos paramilitares, con vistas a su desmovilización.
El martes por la noche, el Senado decidió, por 58 votos a favor y 18 en contra, volver a incluir un artículo que impedía en la práctica la extradición de paramilitares en el atascado proyecto para otorgar un marco legal al proceso de desmovilización.
La decisión debe pasar nuevamente a estudio de comisiones parlamentarias, que habían rechazado ese artículo el 11 de abril.
Dieciséis años después del asesinato de Galán, Popeye dijo a los fiscales el 5 de mayo que decidió inculpar a Santofimio porque estaba arrepentido y porque quienes fueron sus principales enemigos están muertos o presos en Estados Unidos, como los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ex jefes del cartel de Cali, extraditados en los últimos meses.
También a que su esposa e hija gozan de asilo político en Estados Unidos.
El convicto pertenecía a la competencia, el cartel de Medellín liderado por Escobar.
Los carteles de Medellín y Cali, que en 1982 crearon escuadrones de la muerte gérmenes de grupos paramilitares, pronto se trenzaron en una cruenta guerra por el mercado estadounidense de cocaína, el mayor del mundo.
Los Rodríguez Orejuela, junto con una escisión del cartel de Medellín que luego agrupó a los paramilitares en las AUC, colaboraron con autoridades colombianas y estadounidenses en la cacería de Escobar, muerto en diciembre de 1993.
El asesinado Galán había formado en 1979 un ala disidente de su partido, el Nuevo Liberalismo (NL), que pregonaba la moralización de la política.
En 1982, Galán abortó un intento de Escobar de presentarse a elecciones parlamentarias por el NL.
Fue entonces Santofimio quien dio a Escobar aval político liberal, permitiéndole ser elegido finalmente a la cámara baja del parlamento como suplente. Pero tras un debate promovido por el NL, el narcotraficante perdió su investidura.
Entre 1989 y 1990, 90 por ciento de los crímenes por motivos políticos en Colombia eran perpetrados por paramilitares o narcotraficantes, de acuerdo con el actual senador y entonces consejero presidencial para la paz, Rafael Pardo Rueda.
Según Pardo Rueda, quien la semana pasada retiró su apoyo a la campaña de reelección de Uribe, el paramilitarismo creció sustancialmente desde principios de los 80, sobre todo a partir de la influencia del narcotráfico.
Las AUC, señaladas por la Organización de las Naciones Unidas por cometer 80 por ciento de los peores crímenes de la guerra civil, reconocieron en 2002 que 70 por ciento de sus ingresos provenían del narcotráfico.
Entre los jefes de las AUC figura Diego Murillo, alias 'Don Berna' en el mundo del narcotráfico y sucesor de los negocios de Escobar en Medellín.
Su alias en las AUC, donde actúa como inspector, es 'Adolfo Paz', y como tal participa en las negociaciones con el gobierno.
Según un jefe paramilitar de Medellín ya muerto, Paz desmovilizó en esa ciudad a un grupo de 874 sicarios, previamente organizados por él mismo como Bloque Cacique Nutibara para ingresar a las AUC, cuando se preveía el inicio de negociaciones entre éstas y el gobierno de Uribe.
Otros supuestos narcotraficantes también estarían usando a las AUC para lavar su actividad y evitar la extradición, pasando como jefes paramilitares.
La revista estadounidense Newsweek publicó el 9 de agosto de 2004 un informe de carátula titulado La guerra de Uribe.¿Está el presidente colombiano sacando de apuros a los capos de la droga?
El reportaje citaba un informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, de septiembre de 1991 y desclasificado en 2002, que describía a Uribe como un político colombiano y senador, dedicado a colaborar con el cartel de Medellín desde altos niveles del gobierno. Y agregaba: es amigo personal de Pablo Escobar.
Uribe, quien ostenta índices de popularidad inéditos en este país, de 69 por ciento tras casi tres años de gobierno, negó tales vínculos y anunció demandas judiciales contra la revista.
Uribe ha extraditado a más de 140 narcotraficantes y a dos guerrilleros, ambos acusados de narcotráfico y uno de ellos de toma de rehenes.
Galán no fue el único candidato presidencial asesinado en Colombia en décadas recientes. En octubre de 1987 fue muerto Jaime Pardo Leal, postulante de la izquierdista Unión Patriótica, surgida de un acuerdo de paz del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en armas desde 1964.
En marzo de 1990 cayó en atentado Bernardo Jaramillo, su sucesor, y un mes después fue asesinado Carlos Pizarro, candidato presidencial por el Movimiento 19 de Abril, guerrilla de origen urbano que había pactado con el gobierno un acuerdo de paz.
El ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, quien sucedió a Galán en la candidatura, fue conminado por su jefe de seguridad a no abordar un avión el 27 de noviembre de 1989, en plena campaña. La nave de la aerolínea Avianca estalló en pleno vuelo. Murieron sus 107 ocupantes.
Según Popeye, tras el asesinato de Galán, Santofimio y Escobar hablaron durante días de las implicaciones de la candidatura de Gaviria. La bomba en el avión fue puesta contra él, afirmó el convicto. Gaviria fue presidente entre 1990 y 1994.
Popeye implicó a Santofimio en otro crimen, el del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla (NL), cometido en 1984. La familia de este muerto se sumó a la denuncia este miércoles.
No reconozco enemigos dentro del Partido Liberal (…) los únicos enemigos son los que utilizan el terror y la violencia para acallar el pueblo colombiano o intimidarlo, o para asesinarle a sus más importantes protagonistas, había dicho Galán en un discurso un mes antes de su muerte.
