El general retirado Manuel Contreras, jefe de la policía secreta de la dictadura chilena (1973-1990), entregó este viernes datos sobre el destino de 580 desaparecidos y acusó a Augusto Pinochet de guardar un «ominoso silencio», sin defender a sus subordinados acusados de crímenes contra la humanidad.
El ex jefe represivo, que cumple su segunda condena de cárcel por la desaparición del joven izquierdista Ángel Sandoval, hizo llegar el documento a través de su abogado, Juan Carlos Manns, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio de Justicia.
La revelación que hace Contreras incluye los nombres de 580 personas desaparecidas de modo forzoso, la fecha de su detención y el organismo represor que la practicó, así como el destino inicial de los prisioneros y la forma en que habrían muerto, por lo general en fusilamientos o arrojados al mar.
El ex jefe de la DINA sostiene, sin embargo en varios casos, que los informes de la justicia son erróneos, porque de acuerdo a sus antecedentes muchos de los catalogados como víctimas de ejecuciones murieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad.
En su extenso alegato, Contreras apunta que desde el Informe Rettig, de 1991, "situaciones traducidas en presuntas violaciones a los derechos humanos de los terroristas y otros violentistas, sistemáticamente comenzaban a recaer bajo la responsabilidad casi única y exclusiva de la dirección a mi mando (la DINA)".
Eso, arguyó, "me pareció una desproporción injusta e intolerable, asociando a ello el permanente ominoso silencio de mi superior jerárquico, el Presidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército de la época, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte".
Contreras reiteró que la DINA y sus integrantes "dependíamos directamente" de la autoridad de Pinochet, el ex dictador hoy de 89 años que está siendo investigado judicialmente por los crímenes de la Operación Cóndor, para la represión en el Cono Sur de América, y que en 2002 fue absuelto en otro juicio por la Corte Suprema con base en su supuesta demencia senil.
El Informe Rettig, de la Comisión de Verdad y Reconciliación, estableció que durante la dictadura hubo en Chile unas 3.000 víctimas de crímenes contra los derechos humanos, entre desaparecidos y asesinados, y en 2004 otra comisión especial estableció que en el mismo período fueron detenidos y torturados más de 27.000 chilenos.
El listado de Contreras sostiene que sólo 80 de las 580 desapariciones fueron obra de la DINA y atribuye mayores números de casos al Ejército y a la policía de Carabineros. Las otras ramas castrenses, así como la policía civil y cuerpos especiales de represión completan el listado, que incluye también a 23 "muertos en el extranjero".
En la perspectiva de cuestionar antecedentes entregados a la justicia, el ex jefe de la DINA afirma que seis "presuntos desaparecidos" fueron detenidos, pero luego dejados en libertad, y que otros cuatro fueron "vistos en Chile".
Una de las afirmaciones más polémicas se refiere a la periodista Diana Arón, asesinada mediante torturas en Villa Grimaldi, uno de los cuarteles de la DINA, según el Informe Rettig.
El documento de Contreras señala que Arón, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, murió en un enfrentamiento con fuerzas gubernamentales y que fue sepultada en una fosa común luego de que su cadáver fuera llevado al Instituto Médico Legal.
La presidenta de la AFDD, Lorena Pizarro, restó veracidad al informe de Contreras. En un "análisis preliminar", los datos que entrega el ex jefe represivo son los mismos que arrojó la llamada Mesa de Diálogo, que sesionó entre los años 1999 y 2000, señaló la dirigente a IPS.
Esa instancia fue constituida por representantes de las Fuerzas Armadas, abogados de derechos humanos, académicos y líderes religiosos, y recopiló informes de los militares y la policía sobre la suerte de desaparecidos, pero algunos datos sobre víctimas arrojadas al mar fueron desvirtuados más tarde por el hallazgo de sus restos en tierra.
"Lo único real del documento (de Contreras) sería la fecha de detención de las víctimas y (los nombres de) los organismos que las llevaron a cabo, pero no sería correcta la información sobre el paradero de los desaparecidos", añadió Pizarro.
La presidenta de la AFDD afirmó que el ex jefe represor "no tiene ninguna autoridad para intentar exculpar a sus subalternos" y que corresponde castigar a todos los culpables. Agregó que Contreras busca "limpiar su imagen" y conseguir un trato judicial más favorable en un centenar de causas abiertas en su contra.
Distinta fue la reacción de Mireya García, vicepresidenta de la AFDD, quien, también en una primera lectura, calificó de "impactante" el documento de Contreras.
"Confirma lo que hemos dicho durante tantos años y es que la información (sobre los desaparecidos) está en manos de quienes violaron los derechos humanos y fueron responsables de los organismos de seguridad que ejercieron la represión", apuntó García.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, Francisco Vidal, valoró que el ex jefe de la DINA esté entregando información "demandada por muchos años". Agregó que "ojalá esta información abra esperanzas de verdad y posteriormente de justicia".
Advirtió, sin embargo, que "sería irresponsable, aparte de la legítima aspiración de todos los chilenos por encontrar más verdad, adelantarnos a la validez de este documento entregado por el general Contreras", tarea que corresponderá a la justicia, dijo el ministro.
