Los cuidados de la empresa estatal brasileña Petrobras limitan los riesgos ambientales de sus gasoductos en la Amazonia, pero confirman la dificultad para evitar los daños sociales de grandes proyectos en medio de la pobreza.
El pleno aprovechamiento del gas natural descubierto en 1986 en Urucú, una localidad aislada en la selva, beneficiará la economía y el ambiente amazónicos al estimular industrias locales y sustituir el combustible para motores diesel, más contaminante y caro, traído del sudeste de Brasil o del exterior.
Pero esto exige el tendido de un gasoducto hasta Manaos, la capital del noroccidental estado de Amazonas y un centro industrial en el que Petrobras tiene una refinería. Son 650 kilómetros cruzando selva, ríos, áreas inundadas y cercanías de comunidades ribereñas.
La construcción de un poliducto de 285 kilómetros para llevar petróleo y gas para cocina al puerto de Coari, finalizada en 1998, ya provocó impactos negativos, principalmente la migración desordenada, advirtió en conversación con IPS Marta Valeria Cunha, asesora de Comunidades de la Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia Católica, en el estado de Amazonas.
La población del municipio de Coari, al que pertenece la Provincia Petrolífera de Urucú, más que se duplicó desde 1993, cuando tenía 38.000 habitantes, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. En 2004 ya eran 80.500 y hay quienes estiman en 100.000 los habitantes en la actualidad.
La expectativa, estimulada por la misma alcaldía, de que el gas impulsará la prosperidad local atrae multitudes. El mes pasado cerca de 2.000 inmigrantes invadieron repentinamente un área en la periferia de la ciudad, generando conflictos que dejaron varios heridos y más de 50 presos, informó Cunha.
Los empleos temporales y de baja remuneración para talar una faja de árboles de 15 a 20 metros de ancho, donde se instalan las tuberías a 1,5 metros bajo el suelo, ya son suficientes para atraer candidatos de comunidades pobres de todas partes, explicó la activista.
La inmigración y los campamentos de trabajadores durante la construcción provocaron aumento de paludismo, prostitución infantil, violencia, drogas, casos de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de adolescentes embarazadas, acotó.
Además de una epidemia de paludismo, los pobladores de Vila Lira se quejaron de que el relleno de lagunas redujo la pesca a un cuarto de la cantidad de pescado que obtenían antes, en testimonios documentados en vídeo por el periodista André Muggiati.
El impacto ambiental se supera por la recomposición de la naturaleza, pero el social permanece, sentenció Cunha. Su batalla ahora es para que el gasoducto entre Coari y Manaos, de 365 kilómetros, a ser construido en este y el próximo año, beneficie a los ribereños y no sólo a Manaos, su distrito industrial y los empresarios.
El secretario de Medio Ambiente del estado de Amazonas, Virgilio Viana, aseguró que algunos errores cometidos entre Urucú y Coari están siendo corregidos. Un largo proceso de consultas a la población y a un grupo de científicos de la universidad local precedió la construcción del nuevo tramo.
Además está en marcha, desde el año pasado, un programa de su Secretaría y de Petrobrás que lleva asistencia médica y odontológica, documentación legal, educación ambiental y crédito para el desarrollo sustentable de 131 comunidades cercanas al trayecto del grasoducto, informó Viana.
Otros proyectos, como construcción de escuelas, deportes para jóvenes y combate a la desnutrición, son ofrecidos a poblaciones cercanas a las instalaciones de Petrobras, destacó Giovanni Paiva, gerente amazónico de la Transpetro, subsidiaria de la firma petrolera para transportes, teniendo a su cargo las embarcaciones, caños, almacenes y puertos petroleros.
Los gasoductos de Urucú a Manaos serán muy seguros, con control electrónico y válvulas cada 30 kilómetros, que se cierran en caso de accidente, circunscribiendo el problema, informó. Tres tipos de protección demorarán la corrosión y permitirán sustituir tuberías antes de su deterioro.
Los caños serán subterráneos y subacuáticos para evitar vandalismos, daños al ambiente y a la navegación fluvial.
El complejo de yacimientos y gasoductos se ubica en áreas poco pobladas y no exige la construcción de carreteras. En la región todo se mueve por los ríos abundantes y, en algunos casos, por aire.
Además, Urucú no está habitada por indígenas, porque sus bosques son pobres en frutas, explicó Ken Araujo, gerente de Marketing de Petrobras en la Amazonia.
Pero el poliducto Urucú-Coari sí cruza tierras del pueblo Miranha, que reclama de Petrobras una compensación en forma de beneficios sociales, dijo a IPS Jecinaldo Cabral, coordinador de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.
El problema es que la tierra reclamada aún no es legalmente indígena y Petrobras negoció el pasaje del gasoducto con un hacendado que demostró ser el propietario desde 1914, replicó Giovanni Paiva.
Petrobras sólo puede actuar en acuerdo con la Fundación Nacional del Indígena, órgano oficial responsable de las cuestiones que afectan a la población autóctona.
En la Amazonia nunca hubo accidentes graves de Petrobras, cuyos esfuerzos y apertura al diálogo son reconocidos por ambientalistas. Pero la empresa estatal brasileña enfrenta fuerte resistencia nacional e internacional a otro proyecto amazónico, en Ecuador.
En ese país, la empresa ganó la concesión para explorar petróleo en un área del Parque Nacional Yasuni, de gran biodiversidad, habitada por los indígenas huaorani y amenazada por la actividad de varias transnacionales petroleras.
