El Senado de Argentina estudia intervenir el Poder Judicial de la occidental provincia de San Luis, donde magistrados denuncian haber sido forzados a entregar su renuncia firmada antes de asumir, en sumisión a la voluntad de la familia que maneja los destinos de ese distrito hace 22 años.
El poder que ostentan en San Luis los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá desde 1983, cuando el país recuperó la democracia, se basa, según sus detractores, en prácticas de clientelismo político que permiten a miles de personas vivir de subsidios del estado provincial.
Legisladores de la oposición denuncian periódicamente por enriquecimiento ilícito y otros delitos a los Rodríguez Saá, ambos integrantes del gobernante Partido Justicialista pero ideológicamente en los antípodas del presidente Néstor Kirchner.
También advierten que el Poder Judicial, que debería controlar esas irregularidades, está bajo control del gobierno provincial.
La situación de la justicia en San Luis es insostenible, no se puede dejar solos a los denunciantes porque su vida está en riesgo, advirtió a IPS Maria Julia Pérez Tort, coordinadora del Área de Acción por la Justicia de la organización no gubernamental Poder Ciudadano.
Hace una semana, Pérez Tort acompañó ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado nacional a una de las denunciantes, Marina Ziliotto, ex integrante de la Cámara de Apelaciones de San Luis. Debido a la gravedad de su testimonio se analiza en ese ámbito parlamentario la posibilidad de intervenir el Poder Judicial provincial.
Pero Pérez Tort considera que es necesario estar alerta porque el poder de los Rodríguez Saá y la cercanía de las elecciones legislativas nacionales podrían condicionar la decisión de la Comisión sobre ese pedido de intervención cursado por legisladores opositores.
Ziliotto era defensora oficial en San Luis, concursó para camarista y ganó el puesto en 2004, pero antes de asumir fue convocada a un despacho del Ministerio de la Legalidad de la provincia. donde el viceministro Mario Zabala la obligó a firmar su dimisión por anticipado en un papel sin fecha.
La ahora ex jueza alega haber firmado por miedo, y asegura que Zabala le dejó ver la rúbrica de sus otros dos colegas en la Cámara. Unos días después, ella se negó a apoyar una campaña de desprestigio que el gobierno lanzó contra otros jueces y entonces su dimisión apareció en la prensa junto con la de otros funcionarios.
Este escándalo se conoció el 11 de abril, cuando la fiscal provincial Gretel Diamante se presentó ante el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y denunció múltiples casos de jueces y camaristas de San Luis que habían sido obligados a firmar renuncias como condición para asumir los cargos.
Las dimisiones de al menos 11 jueces y camaristas, además de las de tres miembros del Superior Tribunal de Justicia y la del procurador provincial se registraron en apenas dos meses y fueron anunciadas en San Luis por el Ministerio de la Legalidad, que es donde los denunciantes aseguran haber ido a firmar los papeles.
La metodología de altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial de condicionar la designación de jueces y funcionarios a la presentación previa de renuncias sin fecha cierta responde a una práctica masiva, sistemática y coactiva a partir de la cual se garantiza la sumisión total de un Poder sobre otro, remarcó la fiscal.
Diamante presentó la denuncia en Buenos Aires por falta de garantías en su provincia y sostuvo que el delito que corresponde investigar es el de coacción agravada. Tras su presentación, comenzaron a conocerse testimonios de los magistrados involucrados y el asunto cobró cada vez más cuerpo.
El viceministro Zabala niega veracidad a los cargos, pero hasta ahora no consiguió explicar por qué citaba a los funcionarios a su despacho antes de que asumieran, ni por qué la noticia de la dimisión de Ziliotto fue publicada el 17 de marzo en el diario Diario La República, que es el periódico de los Rodríguez Saá, si la renuncia apareció fechada cuatro días después, el 21 de marzo.
Asimismo se conoció que el gobierno de Alberto Rodríguez Saá disolvió el Colegio Público de Abogados y le restó poder a la corporación de letrados para controlar la disciplina de los profesionales.
Las denuncias de Diamante no son los únicos datos que analiza el Senado para definir si interviene la provincia. La comisión estudia además el caso de Raúl Ochoa, senador nacional por San Luis y suspendido en su función hasta que se dilucide la acusación de que votó dos veces con distintos documentos en las elecciones nacionales de octubre de 2001.
Ochoa fue condenado por la justicia federal de primera instancia tras un proceso en el que decenas de testigos acreditaron que el legislador, en ese momento presidente de la Cámara de Diputados de San Luis, había sufragado en dos distritos distintos en los comicios legislativos en los que él mismo se postulaba para senador nacional.
El senador afirmó que apelará el fallo ante la Cámara Federal, pero sus pares deberán resolver si Ochoa debe ejercer su cargo parlamentario o quedar suspendido mientras continúa el proceso, que podría prolongarse algunos años.
La condena de Ochoa se conoció poco después de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que también fue desfavorable al oficialismo en San Luis, en relación con una insólita situación: desde hacía casi dos años, la capital de esa provincia tenía dos alcaldes que pujaban por el control de la administración comunal.
En unos comicios irregulares, la candidata del gobernador Alberto Rodríguez Saá, María Angélica Torrontegui, se proclamó ganadora, a pesar de que el proceso legítimo del comicio indicaba que la victoria había sido del opositor Daniel Pérsico.
El máximo tribunal le dio la razón a Pérsico casi dos años después de que comenzara a intentar gobernar la ciudad sin los recursos que le debía entregar el gobierno provincial, y que se destinaban en cambio a la administración paralela de Torrontegui.
Finalmente, y como muestra del desquicio del orden legal en San Luis, esta semana se denunció en Buenos Aires el caso del intendente de una localidad del interior de esa provincia, cercano a su gobernador, que asumió pese a estar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.
Jorge Elías fue elegido intendente del municipio de Concarán en 2003 y pasó a ocupar ese cargo aunque a mediados de los años 90 había sido condenado por fraude en el manejo de fondos del Estado y sancionado con la inhabilitación absoluta para volver a ser a desempeñarse en la administración pública.
