La guerra desatada en México por taladores de bosque contra indígenas ambientalistas cobró esta vez las vidas de un niño y un joven, mientras siguen las detenciones de campesinos, denunciadas como arbitrarias por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.
Hay un ataque sistemático y abusivo contra los campesinos ecologistas. Los últimos hechos sólo reafirman la persecución de que son objeto, la represión que sufren y la impunidad existente, dijo a IPS Verónica Bassot, portavoz de Tlachinollan, organización defensora de los derechos humanos que trabaja con los grupos campesinos.
La tala de árboles es agresiva en las sierras del sudoccidental estado de Guerrero, donde 11 de sus 17 municipios indígenas son catalogados por estudios oficiales de altamente marginados y uno de ellos como el más pobre del país. Sus habitantes son mestizos o indígena de las etnias naua, miexteca y tlapaneca.
Imágenes de satélite prueban que en esas serranías se perdieron de 1999 a 2000 unas 86.000 hectáreas de las 226.203 que estaban cubiertas de bosques, indican reportes del grupo ambientalista internacional Greenpeace.
En esta verdadera guerra no declarada, un niño de nueve años y su hermano de 20 fueron muertos el jueves pasado por la noche en un ataque a balazos en medio de las montañas de Guerrero.
Los asesinados eran hijos de Albertano Peñalosa, dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), quien fue herido en ese episodio al igual que otros dos hijos suyos.
Al día siguiente, el ejército mexicano detuvo a tres de los compañeros de Peñalosa, bajo la acusación de haber asesinado a un hijo de un talador, sumándose así a otro miembro de la organización, Felipe Arreaga, quien está en la cárcel desde noviembre por la misma causa, y a quien la organización Amnistía Internacional considera preso de conciencia.
Aquí en las montañas hay caciques poderosos (que cortan la madera) que hacen lo que quieren, incluso con cierta protección de los militares que patrullan la zona, señaló la portavoz de Tlachinollan vía telefónica desde sus oficinas en las serranías de Guerrero.
El gobierno de Guerrero (encabezado desde el 1 de abril por Zeferino Torreblanca, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática) y el presidente (de México) Vicente Fox no están actuando y por eso en estas montañas reina la impunidad y el miedo, denunció Bassot.
Todos los campesinos de las sierras de Guerrero hoy detenidos, y el padre de los dos asesinados la semana pasada, son compañeros en la OCESP de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos y torturados por soldados en 1999 por supuesta posesión de armas y drogas.
Esos dos campesinos fueron finalmente dejados en libertad en 2001 por orden del presidente Fox, quien, aduciendo que los acusados tenían problemas de salud, ordenó el perdón de sus condenas.
Montiel y Cabrera recibieron cuando aún estaban en prisión el premio Goldman, establecido por organizaciones estadounidenses y considerado el Nobel en material ambiental, y también el galardón Chico Mendes, en memoria del campesino, sindicalista y ambientalista brasileño de ese nombre asesinado en 1988 en su país.
Otro indígena mexicano ganador en 2005 del premio Goldman, dotado de 125.000 dólares, fue Isidro Baldenegro, detenido en marzo de 2003 bajo acusaciones de portar armas y cargar drogas, y dejado en libertad en junio de 2004 tras múltiples denuncia de irregularidades y luego que varios grupos ambientalistas y humanitarios lo declararon preso de conciencia.
Según grupos humanitarios locales y extranjeros, los miembros de la OCESP son perseguidos por el único hecho de oponerse a la destrucción del bosque, que es llevada adelante en gran parte por grupos de taladores ilegales.
Los campesinos detenidos ahora están acusados de participar en el asesinato en 1998 de un hijo de Bernardino Batista, líder de organizaciones de taladores.
Son casos llenos de injusticias e irregularidades en las que participan militares y policías como brazos de los talamontes, apuntó la portavoz de Tlachinollan.
En un comunicado difundido el domingo, ese grupo defensor de los derechos humanos denunció que los riesgos que enfrentan los campesinos ecologistas son consecuencia de la ausencia de atención por parte de las autoridades estatales y federales.
Resulta vergonzoso que los defensores del medio ambiente sean perseguidos y su lucha sea criminalizada, apuntó.
En México se usa el sistema judicial para silenciar o desanimar a las voces disidentes y la oposición de la sociedad civil, recurriendo a cargos penales falsos o infundados, sostuvo Amnistía Internacional, con sede en Londres, a propósito de la reiteración de campesinos encarcelados en México.
Reportes del grupo humanitario Tlachinollan indican que en las sierras de Guerrero el ejército se ha enseñoreado como la autoridad que asume el control policial y militar.
Los militares se meten con las comunidades indígenas y con sus huertos, toman el agua de la comunidad, interrogan, detienen e intimidan a la población con el simple argumento de que están aplicando la ley federal de armas de fuego y explosivos y de que están combatiendo el narcotráfico, indican los informes.
Te voy a ser claro, uno se mete con ciertos intereses y ese es el problema, por eso estoy aquí (en prisión), declaró a IPS en noviembre, poco después de ser detenido, el campesino Felipe Arreaga, miembros de la OCESP.
Similares declaraciones dieron a su tiempo Montiel y Cabrera, quienes desde su salida de prisión viven semiclandestinos y fuera de Guerrero por temor a sufrir atentados. (
