Las verdaderas armas de destrucción masiva son las pequeñas y ligeras, que matan medio millón de personas cada año en el mundo, según el movimiento internacional por el control del comercio de estos instrumentos de muerte.
La proliferación incontrolada de pistolas, revólveres, rifles, granadas, subametralladoras y otras se convirtió en un gran problema de salud y seguridad pública, de derechos humanos y también económico. En algunos países como Brasil, Colombia y El Salvador, se estima que la violencia provoca pérdidas superiores a 10 por ciento del producto interno bruto.
Para combatir esa tragedia universal, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó en 2001 una conferencia que adoptó el Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Livianas, con compromisos para un evitar su comercio ilegal.
Entre las medidas recomendadas por la ONU están el contralor de la producción y las ventas de ese tipo de armamento, marcar cada arma producida para su identificación y rastreo, restringir su posesión, destruir excedentes y hacer más transparente la exportación.
Se registraron avances desde entonces, especialmente en las legislaciones nacionales, pero falta precisar en detalle las orientaciones genéricas, señaló a IPS Pablo Dreyfus, cientista político argentino que coordina investigaciones sobre armas de fuego para Viva Río, organización no gubernamental de esta ciudad brasileña.
El próximo año, una nueva conferencia mundial revisará el programa. Un informal Grupo Consultivo, creado en 2003 con representantes de una treintena de gobiernos más organismos internacionales y agrupaciones de la sociedad civil busca definir propuestas consensuales a ser llevadas a ese encuentro.
En su quinta reunión, realizada el lunes y el martes en Río de Janeiro, el Grupo discutió una lista de 16 directrices y factores a considerar en el comercio internacional de armas pequeñas y livianas, que son aquellas que pueden ser trasladadas por una o dos personas, o cargadas en vehículos pequeños.
La clasificación de la ONU indica que armas pequeñas son las destinadas al uso personal, como los revólveres, pistolas automáticas, fusiles, subfusiles y ametralladoras. En tanto que las ligeras son las destinadas a equipos y entre ellas se cuentan los morteros, las ametralladoras pesadas, granadas de mano, lanzagranadas, cañones antiaéreos y lanzamisiles portátiles.
La cuestión central es cómo evitar que ese tipo de armas sean desviadas a actores no estatales no autorizados, es decir al mercado ilegal o informal, explicó Dreyfus.
En la actualidad se debate sobre dos opciones: la prohibición total de las transferencias de armas a esos actores o considerarlas tolerables en algunas situaciones.
Luchas por la independencia nacional o de un pueblo oprimido, bajo genocidio, serían casos excepcionales que justificarían armas en manos de la población civil, sin autorización gubernamental, indicó el experto a modo de ejemplo.
Pero aún no hay consenso sobre tal propuesta y muchos Estados no están preparados para aplicar el embargo total, observó.
Lo que sí está claro es que buenas leyes nacionales ayudan mucho a controlar el tráfico internacional. Es el caso de Brasil, que aprobó en 2003 el llamado Estatuto del Desarme, una de las mejores legislaciones, que tipifica y penaliza el delito de tráfico, restringe el porte e impone marcar no sólo cada arma como la munición, elogió Dreyfus.
Eso dificulta, por ejemplo, que las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se abastezca de munición brasileña, desnudando sus líneas de suministro.
La situación es distinta al revés, Brasil queda expuesto al contrabando de armas desde Bolivia y Uruguay, que tienen leyes débiles, agravado en el caso boliviano por la inestabilidad política y la escasa capacidad controladora del Estado, sostuvo Dreyfus.
En su opinión, hace falta una convergencia, la armonización de las leyes en América del Sur, ampliando un esfuerzo que ya se hace en el Mercado Común del Sur (Mercosur), conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Al respecto, Paraguay mejoró mucho en su legislación, quizás producto del Programa de Acción de la ONU, pero falta combatir la corrupción que debilita el control, señaló.
Brasil, en particular, merece elogios por la ley de desarme y la campaña que recogió más de 300.000 armas pequeños y ligeras en el país desde julio de 2004, pero no en la cuestión del comercio internacional, ya que el gobierno no controla las exportaciones de su industria bélica, discrepó Antonio Rangel Bandeira, sociólogo brasileño que coordina el Proyecto Desarme de Viva Río.
La ONU recomienda no vender armas a dictaduras, a países en guerra o que las reexportan. Pero Brasil las exportó a Iraq bajo el gobierno de Saddam Hussein (1979-2003), a Angola en guerra civil y sigue vendiendo a Paraguay, que luego vuelven ilegalmente al territorio brasileño, recordó..
Es un pragmatismo engañoso, de exportar todo lo posible, que tiene un efecto bumerang de armar la criminalidad en Brasil, argumentó Rangel, añadiendo que el control tanto en las ventas internas como externas no corresponde a los avances legales.
Existen en Brasil pistolas de fabricación nacional usadas por la guerrilla colombiana y una investigación de Viva Río reveló que muchas armas incautadas a los narcotraficantes en Río de Janeiro habían sido exportadas a Paraguay.
Además falta control en el transporte, donde ocurren las mayores desviaciones de armas, como las falsas exportaciones, destacó.
El Estatuto del Desarme corre el riesgo de perder su eficacia, si el Congreso Nacional no aprueba hasta mayo la reglamentación del referendo fijado para octubre de este año, para ratificar el fin del comercio interno y del porte de armas para quienes no las necesiten en su trabajo.
El mundo se divide entre los grandes exportadores que resisten al control del comercio internacional de armas para no perder sus beneficios, como China, Estados Unidos, Israel y Rusia, y las víctimas que sufren la violencia armada, definió Rangel. Brasil está en los dos bandos, acotó..
Por suerte, según él, hay países que son exportadores responsables, como los escandinavos, Canadá y Gran Bretaña, que se aliaron a las víctimas y al movimiento contra el tráfico ilegal de las armas pequeñas y livianas.
