Organizaciones indígenas saludaron como una victoria la decisión gubernamental de concluir la demarcación de la tierra indígena Raposa Sierra del Sol, en el estado de Roraima, extremo norte de Brasil.
Es un gran alivio, aunque la alegría no sea cien por ciento, dijo el coordinador del Consejo Indígena de Roraima (CIR), Marinaldo Justino Trajano, en entrevista telefónica con IPS.
El Ministerio de Justicia hizo publicar este viernes la declaración que reconoce el derecho de 15.000 indígenas de cinco etnias a un territorio de 1,74 millones de hectáreas en el noreste de Roraima, en la frontera con Guyana y Venezuela.
Esa medida permitió al Supremo Tribunal Federal (máximo cuerpo judicial brasileño) cancelar las acciones que cuestionaban la validez del territorio indígena físicamente demarcado y reconocido desde 1998, pero pendiente de la homologación presidencial.
El alivio de Trajano obedece a lo que considera el fin exitoso de 30 años de lucha, con muchas muertes y conflictos por medio. Pero la alegría es sólo de un 90 por ciento, porque la nueva demarcación excluye las áreas de la ciudad de Uiramután, de un cuartel militar y de las fajas ocupadas por carreteras y líneas de transmisión eléctrica.
Queremos primero la homologación, después discutiremos esas áreas excluidas, que no consideramos legales, dijo el líder indígena, que pertenece a la etnia macuxi.
Las zonas excluidas afectan poco el reclamo de los macuxi, ingarikó, patamona, taurepang y wapichana, que querían un territorio continuo. Los cuestionamientos judiciales buscaban quitar a las etnias las zonas ocupadas por poblados, cultivos de arroz y ganadería, que son motivo de frecuentes conflictos.
Pero la alegría indígena podría ser prematura. El gobernador de Roraima, Ottomar Pinto, anunció el mismo viernes que apelaría ante el Supremo Tribunal la homologación firmada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Roraima vive una situación irreal con la mayor parte de sus tierras bajo control del gobierno central y apenas siete u ocho por ciento de su territorio bajo jurisdicción estadual, destacó Pinto. Con la nueva tierra indígena se reducen más aún las posibilidades de desarrollo productivo del estado, acotó.
La producción de arroz ocupa 110.000 hectáreas de las tierras atribuidas a los indígenas. Es menos de siete por ciento del área de Raposa Sierra del Sol, dijo a IPS Fabio Pereira Lima, agrónomo que asesora a la Cooperativa Agropecuaria y a la Federación de Agricultores de Roraima.
El arroz responde por la mitad del producto interno bruto del estado, y 90 por ciento de su producción proviene de las tierras ahora consideradas indígenas. Por estos datos se puede evaluar el tamaño del problema, destacó.
Hay solo 14 grandes cultivadores de arroz en el área, pero la actividad genera 6.000 empleos directos, cantidad importante en un estado de apenas 400.000 habitantes, donde también se siembra poco maíz y son incipientes las producciones ganadera y de soja, informó.
Los que se oponen a Raposa Sierra del Sol argumentan que los indígenas representan nueve por ciento de la población de Roraima, pero disponen de la mitad de su territorio en decenas de áreas reservadas.
Algunas reacciones a la medida del Ministerio de Justicia hablan de derramamiento de sangre, pero no es lo que queremos, incluso porque eso ya viene ocurriendo, con muchos muertos de nuestra parte, sostuvo Trajano. En las últimas décadas, más de 20 indígenas fueron asesinados.
La decisión del Ministerio establece el plazo de un año para que los arroceros y ganaderos dejen la tierra indígena, hecho que, según el gobernador Pinto, puede agravar la violencia en Roraima.
El gobernador rechazó las acciones precipitadas en una reunión que mantuvo con arroceros, en la que éstos anunciaron una manifestación para este sábado. Es necesario actuar dentro de la legalidad y el gobierno estadual no promoverá ninguna desobediencia civil, advirtió.
La tensión es casi permanente en el área indígena. Un prolongado enfrentamiento en enero de 2004, con algunos heridos y casas, escuelas y siembras destruidas, fue seguido de más actos de violencia, en los que parte de los indígenas se sumaron a quienes rechazan un territorio aborigen extenso y continuo.
Una conclusión del proceso sin nuevos conflictos depende de las compensaciones prometidas por el gobierno a Roraima y a los agricultores que ocupaban la tierra indígena, dijo a IPS vicepresidente del católico Consejo Indigenista Misionero (CIMI), Saulo Feitosa, que apoya la población autóctona.
La promesa fue un error, según Feitosa. Probablemente contempla la transferencia de tierras federales al estado, para reasentar a los desplazados y responder a los reclamos del gobierno estadual. Pero puede generar ilegalidades y violar el patrimonio público, advirtió.
Los arroceros, ganaderos y otros blancos en conflicto con los indígenas, así como la ciudad de Uiramután se instalaron en el área después de que ésta fuera identificada como tierra indígena, argumentan Feitosa y los líderes del CIR.
*/Atención editores: este despacho corrige los párrafos 8, 18 y 19 de la nota transmitida a la hora 21.51 del viernes 15 de abril/
