La Comisión de Derechos Humanos de la ONU tendrá que lidiar en su última semana de sesiones con dos de las cuestiones más espinosas de la escena internacional: la situación de los prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo y los abusos que se cometen en la lucha contra el terrorismo.
En el caso de Guantánamo, el gobierno cubano propuso que la Comisión demande a Estados Unidos una investigación imparcial e independiente sobre la situación de las personas privadas de la libertad en esa base naval, ubicada al extremo oriental de Cuba.
Al justificar la iniciativa este viernes, el representante alterno de la delegación cubana, Rodolfo Reyes Rodríguez, aseguró que a su gobierno no le anima afán de desquite por el resultado desfavorable que obtuvo en la víspera durante la votación de una resolución crítica sobre Cuba auspiciada por Estados Unidos.
Acerca de la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, la Comisión dispondrá de un proyecto de resolución impulsado por México y avalado por numerosos Estados más, que pide el establecimiento de un relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para que se ocupe de ese problema.
Pero la idea mexicana ha tropezado con la oposición de un grupo reducido de países encabezado por Estados Unidos, China y Rusia.
Hasta ahora el máximo cuerpo especializado en la materia de la ONU había ignorado esa cuestión y la de Guantánamo, a pesar de los reclamos de organizaciones de la sociedad civil.
Durante la sesión de 2004 de la Comisión, Cuba propició la adopción de una resolución sobre la situación en Guantánamo, donde Estados Unidos mantiene detenidas a cerca de 550 personas, a las que califica de prisioneros combatientes por su supuesta relación con el movimiento afgano Talibán y la red terrorista Al Qaeda (La Base).
La organización Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, ha sostenido que el campamento de prisioneros de Guantánamo continúa, tres años después de su creación por las fuerzas militares estadounidenses, como un enclave fuera de la ley.
El mismo grupo humanitario afirmó que existe creciente evidencia de que los detenidos en Guantánamo, originarios de unos 40 países, han sufrido torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
La propuesta cubana pide que la Comisión demande al gobierno de Estados Unidos que autorice la visita a los centros de detención de Guantánamo de cuatro expertos de la ONU: la presidenta del Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias, Leila Zerrougui, el relator sobre la tortura, Manfred Nowak, el relator sobre el derecho a la salud, Paul Hunt, y el relator sobre la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy.
Los cuatro especialistas habían cursado en junio pasado la misma solicitud a las autoridades de Estados Unidos, sin obtener hasta ahora una respuesta favorable.
Sin embargo, después de sostener una entrevista hace un mes con delegados de Estados Unidos a las sesiones de la Comisión en Ginebra, Nowak se declaró confiado en que este año sea posible la visita a los campamentos de detención de Guantánamo.
Cuba también propone que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, presente a la próxima sesión de la Comisión un informe sobre la situación de los detenidos en Guantánamo.
La iniciativa cubana, presentada este viernes a los demás Estados y la sociedad civil, recibió de inmediato el apoyo de las delegaciones de China, Irán y Belarús.
En cambio, un delegado de Estados Unidos sostuvo que la propuesta de investigación en Guantánamo es claramente inadecuada. El diplomático arguyó que su país ha desplegado gran actividad para resolver el caso de los prisioneros en la base naval instalada en territorio cubano, y que esa cuestión está actualmente en manos de la justicia.
En respuesta, China sugirió queun párrafo en el preámbulo del borrador de la resolución recoja las alegaciones estadounidenses de que en Guantánamo se respetan los derechos humanos en Guantánamo y de que la situación de los detenidos allí está en manos de la justicia.
La iniciativa mexicana para crear el mandato de un relator especial sobre la protección de los derechos humanos durante la lucha contra el terrorismo se funda en las conclusiones del informe presentado este año a la Comisión por Robert K. Goldman, experto independiente de la ONU sobre ese tema, y sugerencias semejantes efectuadas por Arbour y el secretario general del foro mundial., Kofi Annan.
Goldman determinó que después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos una amplia gama de derechos humanos han sido violados o sometidos a presión por numerosos Estados en el contexto de sus acciones antiterroristas.
El experto verificó que los organismos encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y los llamados Procedimientos Especiales de la Comisión presentan puntos débiles significativas en los sistemas de supervisión de las disposiciones antiterroristas adoptadas por los Estados.
Se llama Procedimientos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos a la implementación de mandatos de supervisión e informe público en materia humanitaria, asignados a grupos de trabajo o particulares independientes (relatores especiales, representantes o expertos), en áreas temáticas o territorios.
Pero la iniciativa de México se encuentra bloqueada, por países que reclaman un número de enmiendas tal que puede desvirtuar o directamente eliminar el mandato, según un grupo de organizaciones no gubernamentales humanitarias integrado por Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.
Además de Estados Unidos, China y Rusia, tratan de debilitar la propuesta mexicana otros países, entre ellos Australia, India y Pakistán, dijeron esas entidades.
A pesar de que han transcurrido casi cuatro años desde los atentados de septiembre de 2001, China arguye que es muy temprano para establecer el mandato de un relator especial que supervise desde el punto de vista humanitario la lucha antiterrorista , destacaron.
Esas organizaciones demandaron este viernes a la Comisión que dedique toda su atención a uno de los mayores desafíos a los derechos humanos que enfrenta actualmente la comunidad internacional.
Los 53 estados que integran la Comisión examinarán las cuestiones de Guantánamo y de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo durante la última de sus seis semanas de sesiones, que este año concluyen el 22 de abril.
