Los registros y grabaciones secretas a cargo de agencias de seguridad de Estados Unidos aumentaron 75 por ciento en cinco años. Activistas de derechos civiles esgrimen ese dato para darle una estocada a la antiterrorista Ley Patriótica.
Esta norma, sancionada poco después de los ataques terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, ofrece a las agencias de seguridad nuevas facultades de detención y vigilancia.
Algunos pasajes de la ley expirarán a fin de año. El presidente George W. Bush solicitó al Congreso legislativo una prórroga de su vigencia. El debate legislativo iniciado este martes concluirá en dos meses.
En la primera audiencia sobre el asunto en el Congreso, el fiscal general y secretario (ministro) de Justicia, Alberto Gonzales, y el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal), Robert Mueller, exhortaron este martes a prorrogar urgentemente la ley.
El gobierno informó a los legisladores la semana pasada que en 2004 solicitó y logró la aprobación de 1.754 pedidos especiales de grabación secreta de llamadas telefónicas y registro de sospechosos de terrorismo y espionaje.
En 2003, las solicitudes aprobadas habían sido 1.724. En 2000, último año de gobierno del demócrata Bill Clinton (1993-2001), habían sido aprobadas 1.003, en ese caso al amparo de una norma anterior, la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, vigente desde 1978.
A pesar de que la Ley Patriótica de 2001 se refiere específicamente a la lucha contra el terrorismo, el FBI también realiza solicitudes de investigaciones especiales en casos de delincuencia común.
Las investigaciones son autorizadas por un tribunal que funciona en el mayor secreto, establecido por Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera.
Las solicitudes se refieren a irrupción en viviendas, oficinas, cuartos de hotel y vehículos, instalación de cámaras ocultas, registro de equipaje, grabación de telefonemas, intercepción de correo electrónico y acceso a cajas de seguridad.
El FBI no divulga detalles sobre esas actividades, desconocidas fuera de la agencia. Ni siquiera los comités pertinentes del Congreso legislativo tienen noticia de ellas, excepto una breve reseña, demasiado general, en los informes anuales del FBI.
En las próximas sesiones sobre la Ley Patriótica, el Congreso legislativo demandará, sin duda, mayor detalle, pero si se deja llevar por sus antecedentes el FBI se mostrará reticente a hacer revelaciones en audiencias públicas.
Pero se conocen algunos hechos. El FBI utilizó una orden de cateo especial para registrar el año pasado la casa del abogado Brandon Mayfield, en Portland, Oregon.
El FBI aseguró que las huellas digitales de Mayfield se encontraban en la bolsa que contuvieron unos detonadores cerca del atentado en que murieron 191 personas en Madrid el 11 de marzo de 2004. Fue liberado luego de que la agencia admitió que se trataba de un error.
Hoy, Mayfield está en plena demanda contra el gobierno. Afirma que la investigación sobre su persona y su arresto constituyeron violaciones de derechos civiles.
La Ley Patriótica fue aprobada en 2001, con escasa posibilidad de debate. Sólo un senador, el demócrata Russel Feingold, votó en contra de la norma.
El propio Congreso reconoció, al aprobar la ley, que ingresaba en territorio desconocido, por lo que determinó la expiración de varias disposiciones sobre vigilancia y registro para este año.
Todos admiten que la Ley Patriótica fue aprobada en momentos en que resultaba literalmente imposible considerarla con cuidado, dijo a IPS David Cole, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown y conocido activista libertario.
La inminente expiración de algunas de sus cláusulas nos invita a darle la consideración que se merece. Por desgracia, el gobierno no parece dispuesto a admitir que cometió algún error o a darle un segundo vistazo, agregó.
La Ley Patriótica necesita enmiendas para conciliarla con la Constitución, fortalecer los controles a su aplicación y proteger la privacidad, concluyó Cole.
Pero Gonzales y legisladores del gobernante Partido Republicano exigen la renovación de la norma en su totalidad, al igual que instituciones académicas vinculadas con figuras oficialistas, como la Fundación Heritage.
La mayoría de los demócratas, algunos republicanos y una amplia gama de organizaciones de derechos civiles, de la derecha a la izquierda del espectro político, se oponen a avalar la continuidad de la Ley Patriótica.
Una inusual coalición de instituciones liberales y conservadoras, denominada Patriotas para Restaurar Pesos y Contrapesos, consideran que las cláusulas que Bush pretende renovar violan libertades civiles y aspectos del derecho a la privacidad garantizadas por la constitución.
La coalición es encabezada por un ex legislador republicano conservador, Bob Barr, pero también la integran la más antigua de las organizaciones de derechos humanos país, la liberal Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), y la derechista Unión Conservadora.
La campaña contra la Ley Patriótica es más que por privacidad y libertades civiles, pues se refiere a la necesidad de preservar el sistema de pesos y contrapesos dentro del gobierno, dijo Marc Rotenberg, director ejecutivo del Centro de Información sobre Privacidad Electrónica.
La ley transfirió muchas facultades del Poder Judicial al Ejecutivo. Es hora de restablecer el equilibrio y la supervisión sobre las acciones del gobierno, concluyó.
