La cúpula militar de Estados Unidos pretende que el gobierno formalice la política de mantener detenidos fantasma en el marco de la guerra contra el terror, advirtió la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El Estado Mayor Conjunto estadounidense, órgano del Departamento (ministerio) de Defensa que reúne a los principales jefes militares activos, propone oficializar el mantenimiento en prisión de combatientes enemigos sin las garantías impuestas por las Convenciones de Ginebra, según HRW.
Negar las salvaguardias de las Convenciones de Ginebra a personas detenidas en la guerra mundial contra el terror no tiene sostén legal, indicó la organización en una carta al secretario (ministro) de Defensa Donald Rumsfeld.
Esa política representa una desviación radical de los criterios que han guiado tradicionalmente las operaciones militares estadounidenses, y somete a soldados y civiles de este país detenidos por fuerzas enemigas a un mayor riesgo de maltrato, agrega la carta.
El memorando dirigido a Rusmfeld por el Estado Mayor Conjunto el 23 de marzo, hoy en etapa de borrador final, es conocido como Doctrina conjunta para operaciones con detenidos: Publicación conjunta 3-63.
Si el borrador es aprobado, formalizará al 'combatiente enemigo' como categoría de prisionero que el gobierno de George W. Bush dice que no goza de la protección de las Convenciones de Ginebra, dijo a IPS John Sifton, abogado de HRW.
No hay en las Convenciones categorías de prisioneros sin protección, explicó.
Las Convenciones de Ginebra son la base del denominado derecho internacional humanitario, y se refieren a la población civil afectada por conflictos armados y a la protección de los prisioneros de guerra.
El memorando en borrador también otorga a las autoridades militares la facultad de clasificar como combatiente enemigo a cualquiera que aparezca como tal en una lista del gobierno estadounidense.
La lista propuesta incluye a una amplia gama de grupos, desde religiosos sij hasta seguidores de la guerrilla peruana Sendero Luminoso, y potencialmente a cientos de miles de personas llamadas Ahmed o Mohamed. Esto es un desvío enorme y radical que socavaría el estado de derecho, dijo Sifton.
La carta a Rumsfeld, firmada por el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, indica que si el Departamento de Defensa actúa de acuerdo con el memorando, militares estadounidenses podrían cometer graves violaciones de las Convenciones de Ginebra, arriesgándose a ser acusados de crímenes de guerra.
HRW argumentó que la decisión del gobierno, adoptada en enero de 2002, de repudiar la aplicabilidad de las Convenciones de Ginebra en la guerra mundial contra el terror ha sido el origen de los escándalos por torturas y otros abusos contra detenidos en Iraq, Afganistán y la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Las nuevas reglas enviarán al mundo el mensaje de que las Convenciones de Ginebra no son ley, sino meras políticas que pueden ser cambiadas de acuerdo con el gusto de un gobierno en particular, dice la carta.
Esto, a la vez, podría tener un profundo impacto sobre futuros conflictos armados entre países y en los soldados y civiles afectados por ellos, incluidos los estadounidenses, agrega.
Las nuevas políticas incluyen una directiva que permitiría a los militares mantener a combatientes enemigos como detenidos fantasma, sin acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo HRW.
El documento del Pentágono todavía no se ha publicado, y será presentado a Rumsfeld para su aprobación el día 16.
El Departamento de Defensa se negó a hacer comentarios sobre el borrador de memorando ni sobre la carta de HRW a Rumsfeld.
El pasado junio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió dos sentencias relacionadas con la detención de combatientes enemigos en Guantánamo. En el primer caso, determinó que los detenidos tenían derecho al debido proceso y a cuestionar su prisión ante un órgano de decisión neutral.
En el segundo, confirmó que los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción sobre esos detenidos.
El Departamento de Defensa creó entonces cortes militares especiales para determinar cuáles de los detenidos en Guantánamo representaban amenazas para Estados Unidos. Estos tribunales han sido criticados por negar a los acusados los elementos más básicos del debido proceso, incluida la confidencialidad entre el abogado defensor y su cliente.
El gobierno casi no ha brindado información sobre esos casos, pero la Corte de Distrito en Washington, donde varios de los acusados han impugnado su detención, ha publicado miles de páginas de transcripciones.
Esos documentos han dado identidad y voz a los detenidos. El gobierno mantiene a 550 sospechosos de terrorismo en su base naval de Cuba. Otros 214 han sido liberados desde enero de 2002, algunos para pasar a custodia de sus respectivos gobiernos.
Una de las transcripciones, revisadas por la agencia Associated Press, cuenta que uno de los acusados de terrorismo, Feroz Ali Abassi, fue expulsado de la sala de audiencias por cuestionar reiteradamente la legalidad de su detención.
Tengo derecho a hablar, insistió Abassi. No, no lo tiene, le respondió al presidente del tribunal.
No me interesa el derecho internacional. No quiero volver a escuchar las palabras 'derecho internacional', le dijo el presidente mientras el acusado era retirado de la sala.
