La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de encomendar el juicio de los crímenes de guerra en Darfur a la Corte Penal Internacional (CPI) debería acompañarse de una intervención internacional para detener el genocidio en esa provincia de Sudán, exhortaron activistas.
La prioridad es detener la violencia y proteger al pueblo de Darfur, en el oeste de Sudán, destacó Ann-Louise Colgan, directora de análisis político y comunicaciones del grupo Africa Action (Acción para África), con sede en Washington.
Se necesita una intervención internacional enérgica y urgente para detener el genocidio, dijo Colgan a IPS.
Darfur fue un reino independiente hasta que Sudán lo anexó en 1917. Los antecedentes de la actual crisis se remontan a disputas por tierras de pastoreo en los años 70, entre comunidades islámicas de nómades árabes y de agricultores negros.
La violencia se ha intensificado desde febrero de 2003, cuando guerrilleros negros comenzaron a responder con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed (jinetes armados), y se calcula que desde entonces el conflicto ha causado la muerte de unas 300.000 personas y el desplazamiento de 1,6 millones.
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Los Janjaweed son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica, con apoyo o tolerancia de Jartum, contra tres tribus negras que respaldan a los guerrilleros Ejército para la Liberación de Sudán y Movimiento por la Justicia y la Igualdad. Más de 200.000 habitantes de Darfur huyeron a campamentos para desplazados en la frontera con Chad, pero aún son vulnerables a los ataques.
El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Kofi Annan, felicitó a los miembros del Consejo por superar sus diferencias para asegurar que los responsables de las atrocidades en Darfur rindan cuentas de sus actos, horas antes de que el órgano ejecutivo del foro mundial adoptara en la noche del jueves una resolución para encomendar el juicio de esos crímenes de guerra a la CPI, con sede en La Haya.
La resolución fue adoptada el jueves por 11 votos a favor y cuatro abstenciones, las de Estados Unidos, Argelia, Brasil y China.
Se preveía que Washington vetase la resolución debido a su oposición a la idea misma de la CPI, pero ese gobierno decidió abstenerse tras lograr una enmienda para exceptuar de la jurisdicción de la Corte a los ciudadanos de países que, como Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de Roma, que creó la CPI.
Los países exceptuados tendrán jurisdicción exclusiva sobre sus propios ciudadanos y militares que integran misiones de paz en Sudán bajo el mandato del Consejo de Seguridad o la Unión Africana.
Canadá, que tuvo un papel clave en la creación de la CPI, expresó su decepción por esa excepción.
Canadá considera que esto está en desacuerdo con los principios básicos de la responsabilidad ante la justicia, declaró el viernes el primer ministro Paul Martin.
Grupos de derechos humanos también lamentaron la exoneración. Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de la organización Human Rights Watch, la consideró ofensiva.
Yvonne Terlingen, representante de Amnistía Internacional ante la ONU, afirmó que es totalmente inaceptable, porque crea un doble criterio de justicia y contraviene la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma y otras normas internacionales, y exhortó a excluir la cláusula de excepción de futuras resoluciones del Consejo.
Colgan dijo a IPS que la fuerza de la Unión Africana desplegada en Darfur, con unos 2.000 hombres, hace lo que puede frente a enormes dificultades y con un número insuficiente de soldados y un mandato débil..
Esa organización regional ha tenido una actuación de liderazgo en la crisis de Darfur, pero no se debe permitir que lleve toda la carga sola, exhortó.
La situación de seguridad en el terreno se está deteriorando y la crisis humanitaria está alcanzando proporciones desesperadas. A menos que haya una intervención internacional rápida y enérgica, hasta un millón de personas habrán muerto antes de fin de año, advirtió.
Por otra parte, Heather Hamilton, vicepresidenta del grupo Citizens for Global Solutions, celebró la decisión del Consejo de encomendar el caso a la CPI.
Es la primera vez que el Consejo remite un caso a la CPI, y esto demuestra que esa corte es el único órgano internacional legítimo para tratar casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando los gobiernos no lo hacen, resaltó.
