Organizaciones ambientalistas de todo el mundo se reunirán en la capital de Uruguay para reclamar el cumplimiento del Convenio Internacional de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y la ampliación de la lista de los compuestos prohibidos, la mayoría originados en la química del cloro.
Los activistas exigirán que se realicen investigaciones completas para detectar el origen de las emisiones de esos elementos tóxicos, conocidos como la docena sucia.
Sólo algunos grupos no gubernamentales podrán participar como observadores en la primera Conferencia de las Partes del Convenio, que se celebrará en la sudoriental ciudad uruguaya de Punta del Este entre el 2 y el 6 de mayo.
Por eso, la Red Internacional para la Eliminación de los COP (IPEN, por sus siglas en inglés) realizará días antes un encuentro en Montevideo, en el que se presentarán los detalles de una investigación mundial sobre la presencia de esos tóxicos en 18 países firmantes del pacto.
El Convenio busca eliminar o reducir nueve plaguicidas (DDT, aldrina, dieldrina, endrina, clordano, heptacloro, hexaclorobenceno, toxafeno y mirex), dos subproductos de procesos industriales y de combustión (dioxinas y furanos), y un grupo de contaminantes industriales conocidos como bifenilos policlorados (PCB).
La mayor parte de estos compuestos son organoclorados o subproductos de su producción y uso.
La exposición a estos 12 contaminantes incrementa los riesgos de contraer cáncer, provoca trastornos hormonales, neurológicos, infertilidad, diabetes y debilidad en el sistema inmunológico.
Se trata de sustancias muy tóxicas y volátiles, de gran persistencia y capacidad para acumularse en los tejidos animales grasos y transmitirse a través de la cadena alimentaria.
El Convenio, adoptado en mayo de 2001 en Estocolmo bajo el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, fue firmado por 151 países y ratificado por 97. Entró en vigor en mayo de 2004.
Hasta ahora lo único que se ha hecho es un inventario de los contaminantes que han sido detectados, pero falta saber en qué sitios concretos se producen las emisiones. Lo que vamos a pedir a los gobiernos es que den cuenta de lo que han hecho en este tiempo, dijo a IPS Carlos Santos, de la organización Redes-Amigos de la Tierra.
Además, los ambientalistas pedirán a los gobiernos que incluyan en la lista de productos prohibidos a plaguicidas como fipronil, sulfuramida, lindano, endosulfán y el 24D, también considerados contaminantes persistentes.
En Uruguay, por ejemplo, el gobierno prohibió la importación de todos los productos incluidos en el Convenio, pero opta por otros que no son menos peligrosos, afirman activistas.
El gobierno prohibió el hormiguicida mirex, con base a dodecacloro, y eso está bien, pero quiere sustituirlo por el fipronil o la sulfuramida, que tienen las mismas características, aunque no están incluidos en el pacto, dijo a IPS María Cárcamo, representante en Uruguay de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL).
Los únicos que ganan son las empresas que elaboran y distribuyen estos productos y que, además, a diferencia del mirex, gozan del beneficio adicional del pago de las patentes, escribió la ambientalista en un informe divulgado por RAP-AL.
Los países de América Latina que ratificaron el Convenio de Estocolmo son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay.
IPEN realizó entre el 15 y el 22 de abril la campaña mundial Cumplan la promesa, con mesas redondas en varios países donde se presentaron los resultados de la investigación internacional sobre la presencia de COP.
El estudio Global Egg Project tomó muestras de huevos de gallinas en esos países y los analizó en un laboratorio de República Checa.
En Uruguay, las organizaciones ambientalistas constataron la presencia de PCB y dioxinas en la sudoriental ciudad de Minas en grados que duplican los parámetros manejados por la Unión Europea (UE) para ese tipo de sustancias.
Los expertos analizaron huevos de gallinas criadas en el campo y recolectados cerca de dos fábricas de cemento, una de la empresa estatal Ancap y otra de la española Cucpsa, potenciales fuentes de la contaminación. Minas fue elegida como centro de la investigación debido a que el año pasado se registró una importante cantidad de casos de hipertiroidismo.
Cárcamo, que acudirá como observadora a la conferencia de Punta del Este, aprovechará la oportunidad para protestar contra la planificada instalación de dos fábricas de celulosa cerca de la occidental ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, limítrofe con Argentina.
Las fábricas, una de la empresa española ENCE y otra de la finlandesa Botnia, incrementarán las emisiones de dioxinas y furanos en el país debido al proceso industrial de la celulosa, alertó.
Argentina también está preocupada por la instalación de estas dos fábricas sobre el río Uruguay. El gobernador de la oriental provincia de Entre Ríos, Jorge Busti, presentó este mes al canciller argentino Rafael Bielsa un completo informe sobre las consecuencias ambientales de esos proyectos ambientales.
En México, huevos tomados en la sudoriental localidad de Coatzacoalcos, donde funciona un complejo petroquímico, contenían proporciones de dioxinas seis veces más altas que el máximo establecido por la UE. En ese país aún no se ha creado el comité encargado de diseñar el Plan Nacional de Implementación, requerido a todos los países firmantes del Convenio.
En Chile, los estudios revelaron altos grados de dioxinas y furanos en huevos de diversas regiones donde se detectaron casos de cáncer de hígado, vesícula y riñón. RAP-AL y la Alianza para una Mejor Calidad de Vida entregaron esta semana al presidente Ricardo Lagos una carta suscrita por más de 50 organizaciones civiles con recomendaciones para cumplir con el acuerdo.
Los ambientalistas chilenos lograron en enero que el gobierno decretara el cierre de una fábrica de celulosa en la meridional ciudad costera de Valdivia, cuya actividad se vinculó a una alarmante mortandad de cisnes en un santuario ambiental vecino.
En Bolivia, el uso de agrotóxicos ha provocado mucho temor en la población local. En diciembre de 2004, tres niños murieron en La Paz intoxicados por contacto con un insecticida, y en enero de este año siete campesinos fallecieron al tomar una sopa que, por causas aún desconocidas, estaba contaminada con un plaguicida.
