Por primera vez en la historia de Chile, el Estado presentó este jueves una demanda por daño ambiental contra una gran empresa privada, responsable según informes científicos de la masiva mortandad de cisnes registrada a fines de 2004 en un santuario natural.
El Consejo de Defensa del Estado formalizó ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, 790 kilómetros al sur de Santiago, la presentación judicial en contra de la firma Celulosa Arauco y Constitución (Celco), del grupo Angelini, el segundo conglomerado empresarial más poderoso del país.
La decisión del consejo se produjo cuando Celco iniciaba una campaña comunicacional y judicial con el fin de desvirtuar el informe entregado el 18 de este mes por la Universidad Austral de Valdivia, que estableció la responsabilidad de su planta de celulosa en el desastre ambiental provocado en la reserva natural de Río Cruces.
El grupo Angelini se propone desvirtuar el informe universitario y, a la vez, diluir su responsabilidad endosando culpas a los funcionarios del sector ambiental que durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) autorizaron el funcionamiento de la fábrica, señalaron juristas y ecologistas consultados por IPS.
La propia Corte de Apelaciones de Valdivia decretó el día 19, una vez publicado el estudio de la Universidad Austral, la paralización de las actividades de la planta, acogiendo así un recurso interpuesto a fines de 2004 por grupos ambientalistas.
El santuario natural del Río Cruces, que lleva el nombre del científico y filántropo Carlos Andwater, fue declarado Humedal de Importancia Internacional en 1981 por la Convención de Ramsar, suscrita en 1971 en esa ciudad iraní para preservar ecosistemas prioritarios como recursos hídricos y fuentes de biodiversidad.
La reserva albergaba hasta octubre del año pasado la mayor concentración de cisnes de cuello negro (Cygnus malencoryphus) de América Latina, con unos 6.000 ejemplares.
En la actualidad sólo quedan allí unos 300 cisnes, luego de la muerte de medio millar que determinó la emigración de las aves a otros ríos y lagos del sur de Chile.
Los cisnes murieron envenenados por compuestos químicos y por inanición por la desaparición del luchecillo, un alga que les servía de alimento, destruida por los vertidos tóxicos de la planta de celulosa en el Río Cruces, según las conclusiones de los científicos de la Universidad Austral.
Para los primeros días de mayo se espera otro informe de una misión de expertos de la Convención Ramsar que visitó en marzo el santuario.
La Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), que en 1997 autorizó la instalación de la planta de celulosa, conoció el martes último un nuevo informe fiscalizador que consigna ocho irregularidades en la planta de Celco y la someterá dentro de 10 días a una nueva revisión.
José Araya, presidente del grupo Acción por los Cisnes de Valdivia, y el abogado Fernando Dougnac, de la no gubernamental Fiscalía del Medio Ambiente, señalaron a IPS que la única medida adecuada para la recuperación del santuario natural y la protección de las poblaciones aledañas es el cierre definitivo de la planta de celulosa.
El nivel de polución que tiene esta planta es tan inmenso que está provocando un daño significativo a las aves del Río Cruces y al santuario, pero también a otras actividades económicas, como el turismo, la ganadería y la agricultura, y a la salud de la población, señaló Araya.
Dougnac recordó que en 1996 se denunciaron los impactos ambientales de la fábrica de celulosa, que fueron desestimados por la Corema, que privilegió los ingresos económicos y los puestos de trabajo de la inversión de 1.200 millones de dólares que hizo Celco.
Una sala de la Corte Suprema de Justicia reconoció por tres votos contra dos que la autorización de la Corema era ilegal, pero no la anuló, siguiendo la errada doctrina de desentenderse de estos problemas (ambientales) y dejarlos en manos de la administración, agregó el jurista.
No debe olvidarse que Frei dictó un instructivo a la Conama (Comisión Nacional del Medio Ambiente) donde le decía que ningún proyecto de inversión debía rechazarse por razones ambientales y que este organismo estaba para mejorarlos, comentó Dougnac.
Creo que hubo deseos de ser obsecuentes con el poder económico del grupo Angelini. Sin lugar a dudas hubo negligencia absolutamente culpable por parte de las autoridades administrativas que sabían perfectamente los efectos de la planta, no solo en el humedal sino en la salud de la población, acusó el abogado.
Araya coincidió en que aquí hubo negligencias y presiones, con responsabilidades compartidas entre las autoridades y el grupo Angelini.
Sin embargo, a juicio del ecologista la mayor culpa es de la empresa, que produjo un volumen mayor de celulosa al autorizado, ocultó información a los organismos fiscalizadores y mintió a la opinión pública al afirmar que había respetado todas las normas de calificación ambiental.
El dirigente de Acción por los Cisnes denunció también como una maniobra del grupo Angelini la difusión el martes último de un informe de científicos de la Universidad Católica de Santiago que refuta las conclusiones del estudio de la Universidad Austral.
Este estudio va a terminar siendo una contra propaganda para ellos (los empresarios), porque todo el mundo científico sabe que el equipo que trabaja en la Universidad Católica tiene demasiadas vinculaciones con Celulosa Arauco. Son profesionales que siempre han sido financiados por el grupo Angelini y uno de ellos es miembro del directorio de Celco, explicó Araya.
Paola Cabello, economista del Instituto Libertad, dijo a IPS que el cierre de la planta puede ser una medida apresurada, y que más importante es buscar soluciones que protejan el desarrollo sustentable, junto con mejorar las labores de fiscalización de la Conama.
La planta de Celco cuenta con 300 operarios e indirectamente genera unos 4.000 empleos, según fuentes de la empresa.
Según analistas económicos, una paralización de tres meses significaría a la empresa pérdidas de 40 millones de dólares, que aumentarían a 150 millones si ésta se prolonga por un año. Un cierre definitivo significaría al grupo Angelini un perjuicio de 1.000 millones de dólares. (
